Uno de los negociadores de ETA con el Gobierno tenía como contacto de seguridad al director de la Policía

Uno de los representantes de ETA en las conversaciones con el Gobierno durante el frustrado proceso de paz tenía como contacto de seguridad un teléfono del director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, al que debía recurrir si era detenido accidentalmente en Francia. El papel del alto cargo del Ministerio del Interior se conoció de manera casual en el curso de las investigaciones sobre el ‘chivatazo’ a ETA. Este dato saltó por sorpresa la pasada tarde-noche del lunes, durante la comparecencia de dos de los policías que investigaron la filtración del bar El Faisán ante el juez Baltasar Garzón a petición de las acusaciones populares personadas en la causa.

El descubrimiento del papel que el director de la Policía tuvo durante las conversaciones Gobierno-ETA tiene su arranque con la detención de los etarras Jon Iurrebaso, de 51 años, y su chófer y guardaespaldas Kepa Suárez, de 47 años, el 29 de marzo de 2007 tras saltarse un control policial en la localidad francesa de Périgueux. Iurrebaso formaba parte de la delegación de la banda que iba a entrevistarse al día siguiente con un interlocutor del Gobierno español para sondear la posibilidad de retomar el proceso de paz. Éste se encontraba en ese momento formalmente roto tras la detonación el 30 de diciembre anterior de un coche bomba en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto madrileño de Barajas, aunque los mediadores internacionales que habían intervenido en el proceso intentaban tender nuevos puentes para que el mismo no quedara definitivamente frustrado.

Teléfonos como salvoconducto

Iurrebaso se identificó ante los agentes franceses como interlocutor de ETA y ofreció a los policías varios números de teléfono que le habían facilitado para que los mostrara a modo de  salvoconducto si tenía algún problema. El etarra pidió a los gendarmes que telefonearan para comprobar que lo que decía era cierto, pero no le hicieron caso.

El etarra Iurrebaso reiteró ante la jueza francesa Laurence Le Vert su condición de miembro del equipo negociador de ETA y le facilitó los teléfonos en cuestión. Uno de ellos terminaba en 190 y correspondía a un operador español. El otro se sabría fechas después que pertenecía al prefecto Christian Lambert, director de las Compañías Republicanas de Seguridad e íntimo colaborador de Nicolás Sarkozy, que tres días antes de las detenciones había abandonado el Ministerio del Interior para iniciar la carrera hacia el Palacio del Elíseo. La magistrada gala remitió una comisión rogatoria internacional (CRI) a la Audiencia Nacional para comprobar la veracidad de las declaraciones de Iurrebaso y para que indagara sobre el titular del teléfono en cuestión.

En el momento en que tenían lugar estos hechos el equipo policial encargado de investigar el ‘chivatazo’ a ETA en mayo de 2006 seguía la pista de los teléfonos de los principales sospechosos, entre ellos el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y había descubierto que entre los móviles que utilizaba figuraba uno terminado en 190, correspondiente a una tarjeta prepago Movistar activada el 16 de febrero de 2006, que entonces se podían adquirir sin necesidad de que el comprador se identificara. Los investigadores habían llegado a esa conclusión tras comprobar que desde él se habían realizado varios llamadas a familiares del máximo responsable policial.  

Disputa entre jueces

La CRI de Levert fue a parar por reparto al  juzgado central de Instrucción número 1, cuyo titular, Juan del Olmo, incoó diligencias previas y decretó el secreto de las actuaciones. En ese momento entró en la partida el juez Baltasar Garzón, que mantuvo un tira y afloja con su compañero por hacerse cargo del caso aduciendo que había procesado con anterioridad a uno de los detenidos, Kepa Suárez, y tenía decretado su busca y captura. Tras un rifirrafe judicial Del Olmo se inhibió finalmente a su favor en julio de 2007. Se da la circunstancia de que Garzón instruía ya por entonces la causa del ‘chivatazo’ a ETA.

El magistrado desestimó días atrás la práctica totalidad de las diligencias que las acusaciones habían solicitado para ahondar en una investigación que el magistrado ha mantenido en secreto durante tres años. Tan sólo accedió a que la Comisaría General de Policía Científica elabore un dictamen pericial sobre los dos cortes existentes en la cinta de video con las imágenes tomadas el 4 de mayo de 2006 en el bar el Faisán, sede de la red de extorsión de la banda en España, y a que prestaran declaración dos de los policías que formaban parte del dispositivo montado aquel día.

Se desvela el secreto

La declaración de los citados agentes se produjo la pasada tarde-noche del lunes, y a preguntas de las acusaciones uno de ellos desveló el misterio en torno al 190 y a la relación de ese teléfono con las negociaciones con ETA, según fuentes conocedoras del contenido de la comparecencia, que fue grabada. El policía manifestó que todo lo relativo al citado número había quedado reflejado en un informe remitido al juzgado, que las acusaciones aseguran no haber visto. El magistrado impidió que el segundo policía ahondara en esta cuestión al considerar que no tiene nada que ver con la causa del ‘chivatazo’, siempre según las fuentes antes citadas.

Este diario adelantó días atrás que el juez Garzón había desglosado de la misma una parte de la investigación que no guardaba relación directa con la trama de extorsión de la banda, pero que tenía una notable relevancia política. Las fuentes informantes aseguran que se trata de este asunto. Las acusaciones podrán ahora reclamar el contenido de esa parte de la investigación que aún permanece secreta, que podría aportar datos sobre la participación del principal imputado del ‘chivatazo’, Víctor García Hidalgo, en el frustrado proceso de paz con ETA. También permitiría conocer si el Gobierno identificó a su alto cargo en respuesta a la comisión rogatoria de Levert o, por el contrario, optó por ocultar este dato.