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El juez Garzón desglosa la causa del 'chivatazo' y abre otra pieza separada secreta
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LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO FAISÁN' SOBRE LA TRAMA DE EXTORSIÓN DE ETA/ Y 5

El juez Garzón desglosa la causa del 'chivatazo' y abre otra pieza separada secreta

El juez Baltasar Garzón, que durante tres años ha instruido en secreto el sumario del ‘chivatazo’ a ETA, ha desglosado de la causa una parte de

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El juez Garzón desglosa la causa del 'chivatazo' y abre otra pieza separada secreta

El juez Baltasar Garzón, que durante tres años ha instruido en secreto el sumario del ‘chivatazo’ a ETA, ha desglosado de la causa una parte de la investigación que no guarda relación directa con la trama de extorsión de El Faisán, pero que tiene una enorme relevancia política, según han señalado a este diario fuentes jurídicas. Dicha documentación habría sido convertida en una pieza separada secreta de la del ‘chivatazo’ que, a su vez, es una pieza separada, y hasta el pasado octubre también secreta, del sumario sobre el aparato de extorsión de la banda terrorista. Un auténtico encaje de bolillos jurídico.

Además, el titular del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional va a solicitar en breve la práctica de nuevas diligencias adicionales a las ya realizadas, como le han pedido las acusaciones personadas en la causa. Entre ellas figura el interrogatorio de los policías del equipo investigador que han acusado a sus superiores de ser los autores de la filtración, y el careo del responsable de dicho equipo con el jefe superior de Policía del País Vasco, presunto autor material del ‘chivatazo’. Pese a ello, las fuentes jurídicas y policiales consultadas sospechan que su intención es dar “carpetazo” al tema, tal y como le reclamó el fiscal Carlos Miguel Bautista el pasado 1 de octubre.

Indicios y no pruebas

Hace ahora mes y medio el fiscal solicitó el levantamiento del secreto sumarial y el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al considerar agotada la investigación sin haber obtenido “claros indicios incriminatorios que acrediten la participación de persona alguna en los hechos que se investigan”. Carlos Miguel Bautista desacreditaba la investigación policial en su escrito de alegaciones, y calificaba de “inconsistente” y “juicio de inferencia sin aval probatorio” el resultado de la misma. En definitiva, que sólo existían indicios y no pruebas contra los altos cargos del Ministerio del Interior imputados. “En derecho existe la prueba de indicios –señala una fuente conocedora del contenido del sumario-, y en este caso no se trata de uno o dos, sino de un conjunto de ellos que sumados forman un todo lógico, racional y coherente con los acontecimientos que se suceden”.

El fiscal no sólo descalificaba la investigación, sino que dirigía las sospechas hacia los propios investigadores, pese a lo cual no solicitaba la práctica de pruebas adicionales para esclarecer si fueron ellos los autores de la filtración. El escrito incurría en errores de bulto al afirmar que no se habían podido determinar la identidad de los poseedores de las tarjetas prepago que el día 4 de mayo efectuaron y recibieron llamadas en el ámbito de cobertura del repetidor que daba servicio a El Faisán, pese a que en el sumario consta la identidad y las declaraciones de todas y cada una de las personas que utilizaron sus teléfonos en la zona y en el espacio temporal investigado.

Los datos del sumario

El juez Baltasar Garzón, que durante tres años ha instruido en secreto el sumario del ‘chivatazo’ a ETA, ha desglosado de la causa una parte de la investigación que no guarda relación directa con la trama de extorsión de El Faisán, pero que tiene una enorme relevancia política, según han señalado a este diario fuentes jurídicas. Dicha documentación habría sido convertida en una pieza separada secreta de la del ‘chivatazo’ que, a su vez, es una pieza separada, y hasta el pasado octubre también secreta, del sumario sobre el aparato de extorsión de la banda terrorista. Un auténtico encaje de bolillos jurídico.

Además, el titular del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional va a solicitar en breve la práctica de nuevas diligencias adicionales a las ya realizadas, como le han pedido las acusaciones personadas en la causa. Entre ellas figura el interrogatorio de los policías del equipo investigador que han acusado a sus superiores de ser los autores de la filtración, y el careo del responsable de dicho equipo con el jefe superior de Policía del País Vasco, presunto autor material del ‘chivatazo’. Pese a ello, las fuentes jurídicas y policiales consultadas sospechan que su intención es dar “carpetazo” al tema, tal y como le reclamó el fiscal Carlos Miguel Bautista el pasado 1 de octubre.

Indicios y no pruebas

Hace ahora mes y medio el fiscal solicitó el levantamiento del secreto sumarial y el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al considerar agotada la investigación sin haber obtenido “claros indicios incriminatorios que acrediten la participación de persona alguna en los hechos que se investigan”. Carlos Miguel Bautista desacreditaba la investigación policial en su escrito de alegaciones, y calificaba de “inconsistente” y “juicio de inferencia sin aval probatorio” el resultado de la misma. En definitiva, que sólo existían indicios y no pruebas contra los altos cargos del Ministerio del Interior imputados. “En derecho existe la prueba de indicios –señala una fuente conocedora del contenido del sumario-, y en este caso no se trata de uno o dos, sino de un conjunto de ellos que sumados forman un todo lógico, racional y coherente con los acontecimientos que se suceden”.

El fiscal no sólo descalificaba la investigación, sino que dirigía las sospechas hacia los propios investigadores, pese a lo cual no solicitaba la práctica de pruebas adicionales para esclarecer si fueron ellos los autores de la filtración. El escrito incurría en errores de bulto al afirmar que no se habían podido determinar la identidad de los poseedores de las tarjetas prepago que el día 4 de mayo efectuaron y recibieron llamadas en el ámbito de cobertura del repetidor que daba servicio a El Faisán, pese a que en el sumario consta la identidad y las declaraciones de todas y cada una de las personas que utilizaron sus teléfonos en la zona y en el espacio temporal investigado.