Crónica de un secuestro en el que España negoció con los piratas

El secuestro del atunero ‘Alakrana’ se ha resuelto con un final feliz para los tripulantes y sus familias, pero ha dejado sin respuesta un buen número de dudas sobre la gestión del Gobierno y las consecuencias que los acuerdos con los piratas pueden tener sobre el conjunto de la flota pesquera. Los 47 días que el barco ha estado retenido en aguas somalíes han sido suficientes para advertir la primera gran división en el seno del Ejecutivo, ratificar que España negocia con piratas, constatar la capacidad de presión de los familiares de las víctimas, y desencadenar un embrollo judicial que continúa en marcha.

Como sucedió en abril con el caso del ‘Playa de Bakio’, el Gobierno facilitó al armador el asesoramiento del embajador en Kenia, Nicolás Martín Cinto, y de agentes del CNI para que llegara a un acuerdo económico con los piratas. El objetivo era propiciar una solución rápida y segura mediante el pago de un rescate. El pacto parecía hecho el primer fin de semana de noviembre, sin embargo, el guión previsto saltó por los aires el día 5, cuando los piratas rompieron el acuerdo y aseguraron que no negociarían si no se devolvía a los dos somalíes encarcelados en España.

La alarma se disparó en Moncloa tras semanas en las que el ‘Alakrana’ apenas había despertado interés informativo. Tres marineros habían sido llevados a tierra firme bajo la amenaza de ser asesinados, y las familias se lanzaron a los medios de comunicación para denunciar el fracaso de las gestiones del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero, que disfrutaba de un plácido mes dedicado a su agenda internacional, se vio obligado a involucrarse personalmente. Anunció desde Polonia que la situación podía “estar encauzada” y llamó a palacio a los familiares para reclamarles silencio.

Sin embargo, la intervención de Zapatero no impidió que se desatara un enfrentamiento entre Carme Chacón, María Teresa Fernández de la Vega y la Audiencia Nacional a cuenta de los piratas detenidos. La fiscalía denunció presiones del Gobierno, el juzgado responsabilizó al Ejecutivo de la llegada de los somalíes, Defensa filtró informes que señalaban a la vicepresidenta, y De la Vega acabó asumiendo “toda la responsabilidad”, pero matizando que la orden de detención la había dado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, quien habría informado a posteriori.

¿Un convenio de extradición con Somalia?

Para entonces, Chacón, De la Vega y Miguel Ángel Moratinos se habían intercambiado como portavoces de la llamada célula de crisis, y habían reconocido abiertamente que el Ejecutivo estaba buscando la vía legal para satisfacer las exigencias de los piratas. No se trataba, por tanto, de ningún secreto de Estado, sino que la vicepresidenta y los ministros de Exteriores, Defensa y Justicia han expresado en reiteradas ocasiones la disposición del Gobierno para llegar a acuerdos con las casi ficticias autoridades de Somalia, o para permitir la expulsión de los detenidos a su país.

Ayer, cuando el ‘Alakrana’ ya “navegaba hacia aguas más seguras”, De la Vega y Moratinos seguían sin descartar que los piratas retornen a Somalia para cumplir su pena. Pero, incluso en el supuesto de que haya sido una trampa para convencer a los secuestradores, la confusión pude convertirse en un precedente con un nítido mensaje a los bucaneros: el Gobierno español está dispuesto a negociar extradiciones, indultos o convenios bilaterales con Somalia como parte del rescate. Un alto precio que se suma a los más de 2 millones de euros que, según afirman los secuestradores, se ha pagado por el rescate.  En palabras de Juan Manuel Vieites, presidente de la plataforma de armadores Interatún, “los piratas se sienten ganadores”.

La cifra coincide con la cobertura que ofrecen para estos casos las aseguradoras internacionales. Un atunero como el ‘Alakrana’ puede contratar una póliza por 140.000 euros que cubra un rescate de 2 millones de euros, cantidad tipo que suelen exigir los piratas.

La oposición prepara su ofensiva política

Por su parte, la oposición prepara una ofensiva política tras días de silencio y colaboración que Zapatero agradeció ayer con una mención expresa a Mariano Rajoy. El PP cambió su actitud beligerante después de una llamada del presidente del Gobierno a Rajoy, pero desde este miércoles los populares volverán a la carga contra la gestión gubernamental. Así lo han anunciado también grupos como PNV, CiU, ERC o BNG. De hecho, este jueves se debate de nuevo una moción en el Congreso sobre la seguridad de los atuneros que faenan en el Índico.

Fuentes parlamentarios aseguraron que el PP incidirá en la “gestión catastrófica” del Ejecutivo, en su contradicción al aceptar in extremis el envío de seguridad privada, y en la posibilidad de que el Gobierno devuelva a Somalia a los piratas. Estas fuentes apuntaron también que la oposición criticará la implicación directa del Ejecutivo en las negociaciones con los secuestradores, y pedirán que en el caso de que deban producirse, sean a título privado entre armador y piratas. Tras 47 días de secuestro, el ‘Alakrana’ promete controversia para rato.