La Fiscalía denuncia presiones del Ejecutivo para forzar el retorno de los piratas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está soportando una fuerte presión del Gobierno en el caso de los dos piratas encarcelados. Así lo denunciaron a El Confidencial fuentes jurídicas, que aseguraron que el Ejecutivo busca el modo de forzar la legalidad a través del Ministerio Público para permitir el retorno de los somalíes detenidos. Su devolución se ha convertido en la condición sine qua non para la liberación del atunero Alakrana, y el propio Miguel Ángel Moratinos señaló ayer que el Gobierno apuntará la solución y será la Audiencia quien la ejecute.

Pero el Ejecutivo, pese a las diversas y rocambolescas opciones que se han planteado, no acaba de encontrar la fórmula legal que permita enviar a África a los dos piratas. Además, el Gobierno no puede contar con la Abogacía del Estado, su instrumento natural en el proceso, ya que no está personada en la causa. Por ello, la Fiscalía se ha convertido en la única opción del Gobierno para influir en la instrucción contra los piratas.

Cabe recordar que la Fiscalía funciona según una dependencia jerárquica, en el que los fiscales reciben órdenes de sus superiores. Así, según las fuentes jurídicas consultadas, Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, está recibiendo presiones directamente del Gobierno y, a su vez, trasladándolas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, hasta llegar al fiscal del caso. Este hecho ha causado un fuerte malestar  en el Ministerio Público, donde consideran que vuelven a estar “entre la espada y la pared”, tratando de cumplir la legalidad y, a la vez, con las exigencias gubernamentales y de la sociedad.

Desde la Fiscalía, son conscientes que el giro legal que pretende llevar a cabo el Gobierno es difícilmente encajable en el derecho penal. Sin embargo, tarde o temprano tendrá que achacar órdenes de arriba, siendo la propia institución pública quien dé la cara ante los ciudadanos y la propia carrera judicial.

De acuerdo con estas fuentes, la Fiscalía ya ha jugado un papel similar, como cuando retiró, en marzo de 2007, la acusación contra Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo.  Sin embargo, entonces se permitió que hubiera investigación y que se llegara a juicio, mientras que ahora se barajan opciones con escasa base legal para devolver a los piratas. La última fue planteada por el nuevo abogado del somalí apodado Abdu Willy, y consiste en aplicar la Ley de Extranjería para que sean expulsados de forma inmediata.

El Ministerio Público es el encargado de proponer, pero la última palabra la tiene el juez, y Santiago Pedraz está dispuesto a seguir con la investigación hasta el final. Sin embargo, el instructor también tiene un superior jerárquico, una Sala e incluso el Pleno. Los 16 magistrados ya acordaron la pasada semana por unanimidad considerar a Abdu Willy mayor de edad porque, con informes dudosos sobre su edad, la Sala prefirió que fuera Pedraz quien asumiera la causa. Si la decisión hubiese sido la contraria, el Gobierno podría haberse visto envuelto en un grave problema legal al haber detenido y trasladado a otro país a un menor de edad.

¿Fondos reservados para el abogado del pirata?

La iniciativa del abgodo defensor de Abdu Willy, Francisco Javier Díaz Aparicio, pasa por que los piratas sean condenados a penas inferiores a 6 años, de modo que, en virtud de la Ley de Extranjería, se les expulse a Somalia. No obstante, desde la Fiscalía se observa con escepticismo esta posibilidad, ya que los piratas afrontan penas mucho más duras por 36 delitos de detención ilegal, asociación ilícita, robo con violencia y uso de armas. Díaz

Aparicio, que sustituye a un abogado de oficio, levantó ayer sospechas al plantear su estrategia, ya que se negó a decir quién le había contratado, y en una entrevista a la Cadena SER sugirió que para pagar este tipo de servicios se pueden utilizar los fondos reservados. Preguntado en rueda de prensa, Moratinos negó tajantemente que el Gobierno tenga cualquier relación con este abogado.

El ministro de Asuntos Exteriores, tras reunirse con el Gabinete de Crisis, reiteró que se están “explorando” todas las vías jurídicas para lograr la liberación del Alakrana, y anunció que el responsable de Interior somalí se involucrará en la crisis, dado que es originario de la zona en que fue apresado el atunero. Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió a familiares de los marineros secuestrados, a quienes quiso transmitir su solidaridad. El encuentro no contó con ninguna cobertura informativa, siguiendo la exigencia del presidente de imponer el silencio mediático sobre el caso.