Garzón encuentra apoyo en el CGPJ

Baltasar Garzón ve algo de luz al final del túnel. Por fin ha conseguido ‘algo’ de apoyo en el estamento judicial. El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha dado un vuelco al oscuro porvenir del magistrado y ha propuesto que se archive la investigación por los cobros de la Universidad de Nueva York, que ascendían a 203.000 euros.

Todavía no es una decisión definitiva, pero es un paso para que Garzón salga 'limpio' de todo este asunto. Ahora, es la Comisión Permanente, compuesta de cinco vocales, la que debe decidir si admite la propuesta del servicio de inspección y archiva las diligencias previas o si, de lo contrario, hace responsable al magistrado de una falta disciplinaria.

El informe de la instructora Virginia García, de 26 folios, estaba documentado y fundamentado, por lo que podría ser posible que la Comisión Permanente avalase su propuesta. Sin embargo, la última palabra la tiene el Pleno, compuesto por la totalidad de los vocales. Si algún vocal no está de acuerdo con la decisión adoptada, puede solicitar que se estudie el caso de los cobros de la Universidad. Esto tampoco es del todo descabellado porque Garzón tiene enemistades dentro del órgano de los jueces.

Aun así, va a ser difícil rebatir el informe del servicio de inspección, que tira por tierra todas las acusaciones formuladas por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón. Según dicho informe, Garzón sí informó al órgano de los jueces de que iba a percibir una cantidad económica por su labor de docente en la universidad cuando solicitó el permiso de estudios y docencia. Al parecer, también habría comunicado que el centro le iba a cubrir no sólo los gastos de desplazamiento y vivienda sino también el mantenimiento personal y familiar, lo que implica el abono de una cantidad necesaria como medio de vida del magistrado.

Lo único que no hizo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional fue especificar la cantidad que iba a percibir porque, según alegó en su escrito, en eso momento todavía no estaba fijada. De todas maneras, el servicio de inspección recuerda que en ningún momento la Comisión Permanente le pidió 'a posteriori' ningún tipo de aclaración sobre el importe de la retribución. Por eso, a su juicio, "no existe en ningún caso el engaño o falta de verdad que exige la norma para que se aprecie la comisión de la falta".

Otras de las alegaciones de los denunciantes es que resulta incompatible el hecho de ser juez y trabajar en una universidad pero, para el servicio de inspección, hay que tener en cuenta que la Comisión Permanente no consideró necesario que Garzón solicitara la compatibilidad sino un permiso de estudios porque, durante el periodo como docente, no iba a desempeñar su función como magistrado.

Faltas prescritas

En cuanto a si las cantidades percibidas pudieran exceder de los limitados fijados por la ley, "en ningún caso tal exceso podría producirse porque los límites se establecen en la ley para los supuestos en los que se compatibilizan dos cargos públicos, no existiendo limitación alguna cuando el cargo o empleo para el que se concede la compatibilidad es privado". Y es que recuerda que la Universidad de Nueva York "en modo alguno" forma parte de ninguna Administración pública española "ni por tanto la actividad allí desarrollada pertenecería al sector público español".

Sobre el posible delito de cohecho que acusan a Garzón de haber cometido por recibir este sueldo del Banco Santander, cuando ha sido instructor de una causa contra el presidente de esta entidad, el servicio de inspección recuerda que sobre este asunto ya resolvió el Tribunal Supremo, archivando la querella. Consideró válida la respuesta del Centro Rey Juan Carlos I que informó al Alto Tribunal que, cuando Garzón aceptó la invitación de la universidad, se desconocía que iba a ser este banco el que financiara esas actividades.

Para concluir, la instructora de las diligencias explica que a pesar de todo, la causa está prescrita porque las faltas muy graves prescriben a los dos años y Garzón finalizó la licencia en junio de 2006 y la querella se presentó en noviembre de 2008.