La toga de Urquía tendrá que esperar: no podrá ejercer como juez hasta que se aclare el Caso Puente Romano

El juez Urquía sigue sus días y noches de lunes al sol sin saber cuál será su suerte y si podrá volver a ejercer. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aplazó ayer su decisión sobre el posible reingreso al puesto de magistrado en otra plaza que no sea la del juzgado número 2 de Marbella.

El juez, que cobró un soborno de 73.800 euros del supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, solicitó la potestad de seguir ejerciendo, es decir, de seguir emitiendo veredictos de quién es culpable y quién inocente en cualquier juzgado de España. Sin embargo, la falta de un documento indispensable, como es el certificado de antecedentes penales que tenía que haber presentado, ha aplazado la decisión de la Comisión Permanente del CGPJ y el magistrado continuará sin ejercer su profesión.

El juez, condenado por cohecho, solicitó reingresar en el servicio activo de la carrera judicial "a fin de participar en el primer concurso de destinos que se produzca". Actualmente, el magistrado vive con el 75% de su sueldo base esperando que el Tribunal tome una resolución favorable y poder seguir ejerciendo su oficio de juez.

Urquía fue apartado de la judicatura en julio de 2007, hace justo 21 meses. Sin embargo, a pesar de la decisión que adopte el CPGJ, el juez no podrá vestir su toga hasta que se juzgue el caso Puente Romano, ya que sobre él pesa otra pena de suspensión provisional.

Urquía, de nuevo en el TSJA

Urquía está siendo investigado por prevaricación y cohecho al haber pedido presuntamente dinero a cambio de resoluciones favorables a varios imputados en el caso Hidalgo de blanqueo de capitales, que instruía hasta que se destapó el escándalo del cobro del soborno de Roca. El juez del TSJA Miguel Pasquau, el mismo que dictó la condena que pesa ahora sobre el magistrado, estudia fecha para el juicio del Caso Puente Romano. Como ya anunció El Confidencial de fuentes jurídicas cercanas al nuevo proceso judicial, “el Caso Puente Romano puede ser determinante para la carrera de Urquía, ya que le juzgará por el presunto delito de extorsión cometido por el magistrado al propietario de los hoteles Marbella Club y Puente Romano a cambio de favores judiciales. El magistrado instructor de la causa, Miguel Pasquau, podría pedirle más de cuatro años de prisión”.

En el Caso Puente Romano, la prueba definitiva para el magistrado instructor de la causa, Miguel Pasquau, fue la que aportó el ex marido de la princesa Carolina de Mónaco, Philippe Junot, “una prueba manuscrita” que fue la que reabrió la causa contra el juez después de que fuera sobreseída provisionalmente en noviembre del 2007.

Supuestamente, Arnaud Valere, amigo de Urquía  y también imputado en la causa, se ofreció al dueño del hotel David Shamoon para conseguirle el levantamiento del embargo de sus propiedades a cambio de cinco millones de dólares.

Según Junot, testigo en el procedimiento, el hijo de Olivia Valere entregó una ‘nota’ al dueño del hotel para demostrar su ‘capacidad de influencia’. Dicha nota "era una prueba del acceso" al sumario del caso Hidalgo que instruía en aquel momento su amigo Francisco Urquía.

El pasado 16 de abril, el CGPJ se reunió para "declarar la pérdida del destino que ocupaba el magistrado" en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se le condenaba por cohecho. En esa reunión, el máximo órgano de gobierno de los jueces, decidió que la plaza de la que De Urquía era titular se incluiría en el siguiente concurso de traslados entre magistrados. Desde que Urquía abandonó el juzgado numero dos han pasado diferentes interinos “y eso hace que todos los procedimientos que se instruyen en dicho juzgado no sigan adelante, entre ellos el Caso Hidalgo”.

Ocho años en la judicatura

La sentencia del Tribunal Supremo condenaba al magistrado por cohecho al haber cobrado los 73.800 euros de Roca a cambio de prohibir en marzo de 2006 la emisión de un programa de televisión sobre el patrimonio del ex asesor urbanístico de Marbella. El alto tribunal le absolvió, sin embargo, del delito de prevaricación por el que había sido condenado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en agosto de 2008. El Supremo entendía que el hecho de saltarse el turno de reparto de los juzgados marbellíes y el no haber consultado a la Fiscalía ni al periodista autor del reportaje sobre la suspensión del programa eran irregularidades procesales de escasa importancia, y que la decisión de prohibir la emisión no era injusta por sí misma.

Con el dinero cobrado de Roca, el magistrado abonó la entrada de su vivienda en la urbanización de lujo Azalea Beach de Marbella. Una copia del contrato de compra del apartamento fue hallado durante el registro de Maras Asesores, el despacho privado desde el que Roca controlaba el urbanismo marbellí.
 
Urquía inició su carrera en la judicatura hace ocho años, y llegó a Marbella tras pasar por los juzgados de Elche, Vélez y Talavera de la Reina. Su próximo destino es todo un misterio.