Un error de la Fiscalía obliga al juez a dejar en libertad a siete piratas somalíes

Un cambio de criterio de la Fiscalía en apenas veinticuatro horas ha obligado al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, a dejar en libertad a los siete piratas detenidos este miércoles en aguas internacionales por el buque español Marqués de la Ensenada cuando intentaban secuestrar un barco panameño.

Un día después de decretar la prisión provisional para los somalíes y la orden de entrega a España a instancias de la Fiscalía, el magistrado ha tenido que dejar sin efecto la medida de privación de libertad porque así lo ha solicitado el Ministerio Público. El juez ha recalcado que lo hace por imperativo legal pero en "absoluta disconformidad" con sus criterios.

Esto significa que en cuanto lleguen a tierra firme -ahora se encuentran en un barco de camino a Yibuti- saldrán por su propio pie y libres. Lo más probable es que los otros siete piratas detenidos unos días después, y que van en el mismo buque, corran la misma suerte. El magistrado no puede hacer otra cosa si ninguna parte pide la prisión -en este caso sólo está la Fiscalía-.

Este error puede provocar graves consecuencias diplomáticas porque este tipo de delincuentes están siendo perseguidos por toda la comunidad internacional y ahora España les ha dejado en libertad.

Error de cálculo

La Fiscalía cometió un error de cálculo. Cuando pidió la puesta en libertad y la entrega de los detenidos a las autoridades keniatas -al considerar que debe ser este país el que les enjuicie- no se percató de que se estaba saltando una serie de trámites legales para acordar la extradición y que el juez no podía realizar esa operación. Andreu explica en su auto que si cumpliera la petición de la fiscal Blanca Rodríguez estaría quebrantando los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías de los detenidos.

Un día después de pedir la prisión para los siete piratas al ver indicios de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas, el Ministerio Público se dio cuenta de la existencia de un convenio entre la Unión Europea y Kenia para que sea este último país el encargado de enjuiciar los delitos de piratería en aguas somalíes. Por eso, solicitó su libertad y entrega a las autoridades keniatas.

A pesar de todo, Andreu no archiva las actuaciones y seguirá investigando ya que el Estado Mayor de la Defensa denunció unos hechos muy graves constitutivos de delitos y, al ser la jurisdicción española competente para estudiar este tipo de asuntos, "es de ineludible obligación por parte del instructor continuar con la investigación". Eso sí, el juez es consciente del "absolutamente probable riesgo de fuga" de los piratas en cuento lleguen a tierra firme lo que imposibilitaría su procesamiento.

 Cambio de criterio

En tan sólo un día, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 4 dos escritos contradictorios. En el primero, explicaba que la piratería es un delito contra la comunidad internacional, perseguible por todos los países por el principio de jurisdicción penal internacional que expresamente regula el Convenio de Ginebra.

Además, hace mención a la Ley Orgánica del Poder Judicial que recoge el principio de jurisdicción penal universal para el delito de piratería, que atribuye la competencia a la jurisdicción española y en concreto a la Audiencia Nacional, al tratarse de un delito cometido en el extranjero.

Sin embargo, al día siguiente, la fiscal dijo que existía un Canje de Notas entre la Unión Europea y Kenia acordado el 25 de marzo de este año por el cual se procede a entregar a las personas detenidas a este país en aguas somalíes, a fin de garantizar que nadie sea sometido a la "pena de muerte, a tortura ni a cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante".