Un cohecho de 2,5 millones de euros: los funcionarios investigados pedían dinero a cambio de favores

A los funcionarios públicos les parecía poco lo que cobraban y montaron toda una trama de corrupción, que fue destapada ayer, para sacarse un sobresueldo. La investigación afecta a unos 180 expedientes, la mayoría relacionados con licencias de apertura. El sobreprecio en dinero negro por expediente anda entre 6.000 y 18.000 euros y la estimación del montante total de las comisiones cobradas hasta ahora arroja una cifra de 2,5 millones de euros. Esto son sólo las primeras averiguaciones, sin que se hayan podido desarrollar todas las líneas de análisis e investigación, de la denominada ‘Operación Guateque’.

La Guardia Civil detuvo a 16 funcionarios municipales y técnicos del Ayuntamiento de Madrid. A decir de fuentes de toda solvencia, se trata de una banda de extorsión económica sin implicaciones políticas y las autoridades municipales han colaborado con la investigación judicial. Ninguna relación con la Operación Malaya, en contra de lo que dijeron los medios próximos al PSOE nada más conocerse la noticia.

Según el vicealcalde, Manuel Cobo, los funcionarios implicados, que podrían ser acusados de cometer delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, cobraban comisiones a cambio de agilizar la tramitación de licencias de apertura de locales comerciales, desde restaurantes a tiendas, discotecas y gimnasios. Los expedientes de apertura de los locales afectados serán revisados y, si procede, clausurados.

Mercado negro de licencias

En la gerencia de Urbanismo y las juntas de distrito de Centro, Chamberí y San Blas, la Guardia Civil también irrumpió para identificar a funcionarios corruptos en este mercado negro de licencias de apertura que requieren el visado y autorización del Ayuntamiento.

En la fase en que se encuentra, según ha podido saber El Confidencial, la ‘Operación Guateque’ sólo afecta a funcionarios de rango medio y alto pero sin ninguna implicación política. La instrucción del caso por el Juzgado 32 de Madrid pretende ver hasta dónde se extienden las ramificaciones de este grupo mafioso.

La mecánica del cobro de comisiones es sencillo: gestores particulares (los famosos ‘conseguidores’) hacen saber al empresario la conveniencia de abonar una ‘tarifa especial’, en ‘dinero B’, para obtener los permisos de apertura, cambio de uso y otros requisitos legales que hay que cumplir para abrir un nuevo negocio.

Estos funcionarios saben que los empresarios tienen que "pasar por el aro" antes o después porque los inconvenientes son tantos que pueden hacer inviable la operación que promuevan. Niveles acústicos, salidas de humo, distribución y otros aspectos son competencia del área de Medio Ambiente. Ahí está el quid de la cuestión.

Destapado tras la denuncia de un empresario

La investigación judicial arranca a principios de año por la denuncia de un empresario que percibió las irregularidades. Los expedientes afectan a dos años y se desconocen las implicaciones en otros distritos y áreas de gestión municipal.

Las quejas contra las oficinas técnicas de gestión municipal son antiguas y reiteradas. Todo el mundo sabe los inconvenientes de obtener licencias de obra o cualquier otro requisito municipal en cualquier distrito de Madrid.

Los actuales responsables políticos del Ayuntamiento deberían adoptar normas transparentes para que los plazos y requisitos exigidos no sean discrecionales. La corrupción planea sobre los servicios técnicos municipales.