Los nuevos controles del Gobierno no logran erradicar la venta de diésel sospechoso de fraude

El Gobierno no ha conseguido terminar con el fraude que viene produciéndose en la venta de hidrocarburos en España. Fuentes empresariales que han monitorizado los precios de venta de todas las gasolineras del país han constatado que aún hay un número significativo de estaciones de servicio donde se vende gasóleo A, el más consumido del mercado, a un precio que está por debajo de coste pese a las nuevas exigencias encaminadas a frenar las irregularidades.

El pasado mes de abril, ya con los nuevos controles en vigor, había todavía una media de 246 gasolineras en territorio nacional comercializando diésel bajo sospecha de fraude, según datos que maneja el sector a los que ha tenido acceso El Confidencial. Esto significa que las medidas que puso el Ejecutivo en marcha para erradicar estas prácticas irregulares en el Real Decreto-ley 8/2023 no han surtido todo el efecto deseado.

El pasado 28 de marzo, empezaron a aplicarse controles adicionales en la comercialización de hidrocarburos, precisamente para evitar que operadores piratas pudieran introducir en el mercado gasóleo A que no cumple con todas las obligaciones. Prueba de que Hacienda no ha conseguido su objetivo al 100% es la ofensiva lanzada este mes de mayo.

Ante la merma de recursos que están sufriendo las arcas públicas, funcionarios del área de Inspección de se han personado, en el marco de la operación denominada 'Fuel', en 400 gasolineras, de un total de 14 comunidades autónomas, que se considera que venden producto "de forma continuada a un precio anormalmente bajo", según informó el Ministerio de Hacienda.

Hacienda calcula que el fraude fiscal por los hidrocarburos ascendió solo en 2022 a más de 700 millones de euros, por lo que perseguir a los defraudadores se han convertido en una de las prioridades del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para este 2024. Pero a eso hay que sumar todas obligaciones sectoriales incumplidas. Solo por no pagar las cantidades exigidas de biocarburantes, se provocó un agujero de 95 millones de euros que tiene que cubrir el resto de operadores, lo que se acaba traduciendo en mayores precios para el consumidor final, reconoce el Real Decreto-ley 8/2023.

Fuentes del sector afectadas por estas prácticas irregulares aseguran que la venta de diésel fraudulento sucedía antes del 28 de marzo y se sigue dando después de esta fecha. Según señalan, los operadores piratas han adaptado su operativa para mantener la circulación del producto al que sacan amplios márgenes gracias al incumplimiento de las obligaciones fiscales y normativas.

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Juan Cruz Peña Gráficos: Unidad de Datos Infografía: Marina G. Ortega

En este sentido, señalan que hay despachos de abogados especializados en impuestos a los hidrocarburos que estarían asesorando a los operadores que se lucran con estas prácticas fraudulentas, por lo que solicitan al Gobierno medidas adicionales para acabar con esta situación. Para acabar con el problema, señalan como paradigma a Italia. Según explican, en el país transalpino hubo un fraude masivo que se logró contener pidiendo a los agentes que adelantaran el IVA y pusieran avales y garantías. El sector ha pedido esta medida y varios partidos políticos lo han recogido en sus enmiendas al real decreto, algo que, sin embargo, puede tardar dada la inestabilidad parlamentaria actual.

Sin embargo, la aportación de elevados avales y garantías, así como los adelantos, suponen un problema adicional para los pequeños competidores con menor capacidad financiera, lo que podría limitar la competencia a nivel mayorista en un mercado ya de por sí controlado por pocos actores.

El fraude de los hidrocarburos (ver infografía) consiste en crear una empresa encargada de cometer el delito (un intermediario "trucho" en la jerga sectorial). Este compra el combustible al mayorista con el que puede estar compinchado, ya que es el que le hace llegar el producto desde el exterior. Este combustible viene de fuera, ya que los grandes mayoristas nacionales no les venden y es más difícil seguir el rastro del dinero defraudado.

La empresa 'trucha' vende a otro intermediario real o directamente a estaciones de servicio con un coste por debajo de mercado y les repercute el IVA y el resto de impuestos y obligaciones normativas (obligación de biocarburantes, pago al Fondo de Eficiencia Energética, tasas de Cores, etc.). Sin embargo, posteriormente, cuando Hacienda y otros organismos le reclaman ese IVA y el resto de pagos de obligaciones normativas, ha pasado el tiempo suficiente para que esta empresa defraudadora haya desaparecido y hecho desaparecer el dinero cobrado que no ha soportado, ya que se trata de sociedades limitadas a las que es difícil posteriormente hacerles responsables del nivel de fraude cometido. Es decir, para el intermediario tiene racionalidad económica vender por debajo de precio de mercado porque sabe que no va a abonar el 21% de IVA a Hacienda. Para entonces, ya habrá disuelto la sociedad.

El fraude en los carburantes se da desde 2015, pero el sector ha elevado la voz en el último año por considerar que ha alcanzado cotas alarmantes. Tal y como desveló El Confidencial, el pasado mes de febrero se alcanzó un pico de 2.000 gasolineras de 12.000 que hay en España vendiendo por debajo de coste. Es decir, casi dos de cada diez.

La situación ha provocado incluso la intervención de la Guardia Civil junto con la Agencia Tributaria para tratar de poner coto a las irregularidades. El pasado 20 de febrero, el Equipo de Delincuencia Económica del instituto armado realizó registros de forma conjunta con los inspectores del fisco en Cataluña y Andalucía en la denominada Operación Memorable, en la que se investiga una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la venta de carburante. Esta trama habría defraudado más de 140 millones de euros en los últimos años.