Grandes inversores identifican 5.000 M para embargar a España por el impago a las renovables

Los grandes inversores internacionales que demandaron a España por el recorte de primas a las renovables de la década pasada mantienen el pulso por todo lo alto. Ante la negativa del Gobierno a sentarse a negociar una solución, estos fondos están tratando de embargar patrimonio del Reino de España en el extranjero para así garantizarse el cobro de las indemnizaciones que les han reconocido los tribunales arbitrales.

Para ello, la mayoría de fondos y sus abogados, entre los que destacan varios bufetes de la élite mundial, se han puesto de acuerdo para contratar a la consultora especializada JS Held, con el objetivo de conocer los bienes de España en otras jurisdicciones de las que poder cobrar. Tras el rastreo llevado a cabo, JS Held ha identificado activos inmobiliarios y financieros por valor de 5.000 millones de euros, señalan fuentes conocedoras de este proceso.

"Todas las opciones que pueden desarrollarse de manera efectiva están encima de la mesa y la jurisprudencia que han sentado las decisiones de la magistratura británica y australiana nos permite actuar con confianza", señalan desde la propia consultora. Se refiere esta consultora a los procedimientos de embargo que ya han validado los tribunales de ambos países contra España.

Aunque dicho rastreo está repartido por todo el mundo, las fuentes consultadas señalan que la identificación de bienes se ha centrado en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, las tres jurisdicciones donde creen que tienen más posibilidades de que prosperen los embargos dados los recientes pronunciamientos a su favor.

Las fuentes consultadas señalan que la consultora parte de la base de que la Abogacía del Estado impugnará todos los procesos alegando que los bienes en cuestión están sujetos a inmunidad diplomática, como las embajadas, de modo que los activos seleccionados son precisamente aquellos en los cuales resulta muy poco probable que la justicia falle de acuerdo con tales argumentos.

En Gran Bretaña, la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Londres (magistratura de rango comparable al Tribunal Supremo español) autorizó en abril y agosto de este mismo año 2023 el embargo cautelar de tres propiedades inmobiliarias del Reino de España, todas ellas ubicadas en la capital inglesa. Se trata de la sede del propio Instituto Cervantes, las oficinas de promoción económica de la Generalitat de Cataluña radicadas en Fleet Street y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas.

Asimismo, los tribunales británicos han dado su visto bueno al embargo cautelar de la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en 900 millones. En paralelo a estas medidas de protección, también se han intervenido cuatro títulos de deuda pública española e invocado la cláusula con el objetivo de buscar un default técnico, lo que podría llegar a afectar a la financiación del Tesoro público, aunque por ahora no se ha producido efecto.

Además, estos inversores esperan la autorización de nuevos embargos en Australia, donde la Corte Suprema también ha fallado contra España y ha ordenado el reconocimiento de las deudas que sufren las empresas e inversores a quienes se reconocieron las indemnizaciones. En esta jurisdicción, el Gobierno teme que los inversores busquen quedarse buques construidos por Navantia para la Armada australiana, aunque por ahora no se ha solicitado este embargo. En paralelo, se sigue el proceso en EEUU, otra de las jurisdicciones donde creen que es más factible el reconocimiento de los laudos y la ejecución de bienes para cobrar.

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Juan Cruz Peña

Actualmente, España acumula más de 25 condenas arbitrales que suponen indemnizaciones por alrededor de 1.500 millones de euros, a los que habría que sumar otros 250 millones de euros de sobrecostes judiciales y financieros. La Abogacía del Estado, que defiende a España en todos estos casos, está tratando por todos los medios que ninguna jurisdicción reconozca los laudos y, por tanto, no se le obligue a España a pagar. Mientras, las empresas mantienen el pulso judicial en todos los frentes posibles para buscar que el Gobierno se siente a negociar una solución. Una de las últimas en sumarse a este frente ha sido el gigante alemán E.ON, que ha asestado la peor derrota a España con una condena en el CIADI de cerca de 300 millones de euros.

Sea como fuere, España también está logrando que se anulen algunas reclamaciones, como todas aquellas que se interpusieron ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo. No ha tenido tanta suerte a la hora de desactivar estas reclamaciones en Suiza. EDF acaba de lograr que la justicia helvética ratifique la sanción contra España por casi 30 millones de euros.

Todo este litigio que afecta a España parte de las generosas primas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero activó en 2008 para las energías renovables y que atrajeron a inversores de todo el mundo. El gran agujero que creo en el sistema eléctrico (el déficit llegó a los 30.000 millones de euros), dado que estas primas se siguen pagando en la factura, llevó al PSOE y primero y al Gobierno del PP después con más fuerza a recortar dichas ayudas, lo que motivó un aluvión de arbitrajes -más de 50- que aún están tratando de ejecutarse fuera de España. El Gobierno sigue arrastrando, más de diez años después, esta china en el zapato.