La guerra soterrada por la ubicación de la nueva sede de la CNE y el tiro en el pie del Gobierno

El cambio in extremis que hizo el Gobierno en la tarde-noche del martes del anteproyecto de ley para el restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), aprobado en Consejo de Ministros ese mismo día, ha sacudido el regulador.

Fuentes al tanto de este proyecto de escisión de las competencias energéticas actualmente integradas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apuntan que la maniobra de eliminar las referencias a que la sede estaba ubicada en Madrid y alimentar que podría trasladarse a otra ciudad de España puede complicar el propio proyecto y que se pueda sustanciar en los plazos previstos (ley aprobada antes de final de este año y operativa tres meses después). Además, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran a El Confidencial que la sede estará en Madrid. Concretamente, en la actual sede de la CNMC.

El Gobierno filtró un borrador que incluía una referencia a que la sede se ubicaría en Madrid. Sin embargo, en la versión definitiva elevada a audiencia pública retiró dicha referencia y quitó también la disposición adicional que la articulaba. Las fuentes consultadas apuntan a que dicha maniobra no parte ni de Transición Ecológica ni de Economía, los ministerios proponentes de esta ley, sino de las más altas instancias, en referencia a la Moncloa. El Confidencial ha sondeado el entorno de Junts, ERC y PNV y descartan que hayan sido los partidos socios del Ejecutivo socialista quienes exigieran eliminar la referencia a que la sede se ubique en Madrid, aunque en algún momento lo hayan reclamado —como hizo hace años el Gobierno vasco— y mantengan ahora alguna aspiración en ese sentido.

Las explicaciones que dan diversas fuentes conocedoras del proyecto es que especificar que la sede estará en Madrid antes de todo el trámite parlamentario es una cuestión sensible para el Gobierno y que suscitaría críticas en un momento en que el Ejecutivo tiene una alta dependencia de los partidos nacionalistas, que podrían reclamar este tipo de organismos. De ahí su eliminación. Además, hay quien cree que poder ofrecer la sede a ciudades como Barcelona o Bilbao podría apuntalar apoyos de PNV, Junts, ERC o Bildu para sacar adelante cuestiones importantes, como los presupuestos, que requieren de una mayoría parlamentaria. Por ahora, ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid, ambos gobernados por el PP, van a salir al paso, porque realmente creen que la sede seguirá en la capital, pero fuentes al tanto de los planes de sus dirigentes aseguran que, si hubiera planes de traslado, cargarían contra la decisión.

[El Gobierno recula y abre la puerta a sacar de Madrid la sede del nuevo regulador energético]

Los que conocen con detalle los reguladores y el proyecto de restablecimiento del organismo consideran que jugar políticamente con la ubicación de la sede es jugar con fuego. La prueba de que la idea de abrir la puerta a que la sede esté en otro lugar no parte del departamento que ha elaborado la ley es que el anteproyecto incluye una disposición adicional segunda para que la CNMC traspase a la nueva CNE los bienes inmuebles que fueron traspasados a la CNMC desde la extinta Comisión Nacional de la Energía. Esto quiere decir que la actual sede de la CNMC, situada en la esquina de la calle Alcalá 43 con Barquillo, en pleno centro de Madrid, deberá pasar a manos de la CNE. Las fuentes consultadas aseguran que esta disposición adicional se incluye porque pretenden que esa sea la sede de la CNE, donde se ubiquen sus alrededor de 150 trabajadores, que supervisan el sector energético. "No tendría sentido reclamar ese edificio si se está pensando trasladar al personal a Barcelona o Bilbao", añaden.

Otro factor a tener en cuenta es el trastorno que supone para técnicos de alta cualificación. Las fuentes consultadas señalan que no es posible en el plazo establecido llevar a personal insustituible a trabajar a otra ciudad. Y recuerdan el precedente fallido del traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona. Los que evocan aquella maniobra, articulada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recuerdan que suscitó mucha polémica y se tuvieron que dar muchos extras económicos y dietas para convencer a los técnicos que hasta entonces estaban en Madrid. No solo eso, los que hablan de ese movimiento recuerdan que mucha gente no se movió y se tardó tiempo en tener el organismo a punto.

Guerra soterrada de hace meses

Pero, además, la ubicación de la sede ya fue un elemento que estuvo presente en la guerra dentro de la CNMC, cuando se desveló que el Gobierno tenía intención de desgajar las competencias energéticas. La directiva de la CNMC, en un primer momento, fue muy beligerante contra este planteamiento, aunque posteriormente se enterró el hacha de guerra. En ese momento, los representantes de los trabajadores de la división de energía y su comité de empresa recibieron el inquietante mensaje de que, si se creaba una nueva comisión de energía, el Gobierno la llevaría fuera de Madrid, basándose en el Real Decreto 209/2022, que estableció que las sedes de organismos de nueva creación se pudieran ubicar fuera de la capital. El Gobierno quería paliar el efecto capitalidad con la descentralización de organismos.

Los trabajadores recibieron el mensaje de que si se creaba una nueva comisión de energía, el Gobierno la llevaría fuera de Madrid

Se trataba de un problema de primera magnitud para sacar la CNE de la CNMC. Sin embargo, el departamento liderado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, salvó esta circunstancia argumentando que no se trata de un nuevo organismo, sino de una comisión que ya existe dentro de otra y que ya existía en el pasado. De ahí que el actual anteproyecto sea de "restablecimiento" y no de creación y que Transición Ecológica asegure ahora que la sede se mantendrá en Madrid. Ese enfoque no es casual y tiene que ver con que este organismo no tenga las exigencias de otros de nueva creación por los que compiten diversas ciudades.

La realidad es que entre empleados del regulador corrían rumores de que el organismo se podía trasladar a Bilbao, aunque fuentes próximas al PNV descartan esta posibilidad. Lo que sí prevé el nuevo regulador es poner delegaciones en otras grandes ciudades como Barcelona o Bilbao (como ocurre con la CNMV), pero el grueso de la actividad está pensado para que se mantenga en la capital, como confirma el ministerio. Aun así, el temor a que la ubicación de la sede pueda entrar en debate político es un riesgo que ya no se descarta, sobre todo después de que se ordenara retirar las referencias a que estará en Madrid del anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes. Está por ver si algún partido socio del Gobierno reclama dicha sede, sin olvidar la respuesta de los gobernantes de Madrid, que no dudarán en ir con todo.