El genoma en Badajoz y pollos en Brasil: alud de demandas contra el extremeño que sedujo a la City

Iba a ser una historia de éxito de un proyecto español de investigación, radicado en un pequeño pueblo extremeño. El objetivo era utilizar la secuenciación completa del genoma humano para desarrollar técnicas revolucionarias y poder curar y prevenir todo tipo de enfermedades, incluido el cáncer. Su fundador y presidente, José Larrasa, logró convencer en 2019 a un fondo de inversión de la City para que invirtiera decenas de millones de euros. Pero ese sueño de la familia Larrasa, que incluía una línea de negocio de producción de huevos fértiles de gallina en Brasil para la industria alimentaria, se ha convertido ya en pesadilla.

Concretamente, en una cascada de demandas de acreedores, auditores y asesores contra Laboratorios Larrasa que incluye acusaciones por delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad en documento privado, estafa, insolvencia punible y falseamiento. Todo por un importe que ronda los 120 millones de euros. Y entre los afectados, la flor y nata de las finanzas nacionales e internacionales: fondos de inversión anglosajones, organismos públicos, Banca March y Banco Santander, entre otros.

Así consta en la última demanda presentada contra Laboratorios Larrasa por Eureka Corporate, un banco de inversión canadiense que fue contratado para conseguir una línea de financiación de 115 millones de euros. Un dinero que iba a ser aportado por la multinacional estadounidense Cargill, uno de los mayores productores de cereales del mundo, y que serviría para amortizar los 100 millones de euros que en 2019 le concedió Pemberton, un fondo británico que confió en el plan de negocios de la compañía con sede en La Albuera (Badajoz), una población de 2.000 habitantes.

Eureka había convencido a Cargill para prestar dinero a Larrasa a cambio de que la empresa española le comprase el grano con el que alimentaba sus granjas de gallinas en Brasil. El negocio brasileño estaba presuntamente avalado por los contratos de comercialización con las empresas agroalimentarias del país carioca. Pero el gigante americano, que factura 177.000 millones de dólares y tiene inversiones en España, frenó la inyección de dinero cuando, tras hacer una comprobación con los clientes brasileños a los que Larrasa vendía teóricamente su producción de huevos, estos presuntamente respondieron que tales contratos no existían.

El banco canadiense, tras comprobar la supuesta falsedad de esos acuerdos con dos grandes empresas del país latinoamericano, suspendió el acuerdo con Larrasa, contra el que ahora ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional por el impago de unos 3,5 millones de euros.

Según otras fuentes, Pemberton, que ha contratado los servicios del bufete Clifford Chance, va a seguir el mismo camino e incluso instar el concurso de acreedores de la compañía pacense. Clifford ha puesto al frente del caso a Íñigo Villoría, un especialista que estuvo en las quiebras de Martinsa-Fadesa, Marsans y Lábaro. El que ya lo ha hecho es el banco brasileño BTG Pactual, que, con la ayuda de Cuatrecasas, reclama más de 13 millones de euros en un juzgado de Extremadura, por falsedad documental y estafa. La Abogacía del Estado también ha cursado varios procedimientos judiciales contra Larrasa por impago y por presunto blanqueo de capitales.

Fuentes del despacho internacional han declinado hacer ningún comentario sobre esta información en nombre de Pemberton, un fondo con 10.000 millones de euros bajo gestión y que en España ha prestado cerca de 1.000 millones para financiar las compras de empresas como Natra, Neolith, Satlink e Ibermática. Pero otras próximas al caso indican que están buscando la mejor vía para presentar su denuncia con el objetivo de aunar todos los procedimientos en marcha en un mismo juzgado para acelerar el proceso.

El más avanzado es la querella que presentó Deloitte en 2021 contra José Larrasa, el presidente de la compañía, por falsear la auditoría del grupo extremeño, al simular la firma y el sello de Deloitte, para obtener un "ilícito beneficio". Un documento en el que se destacaba la solvencia del laboratorio y que servía para captar dinero de terceros. El juicio, por el que se pide un año y medio de cárcel para el fundador de la sociedad, está pendiente de la apertura del juicio oral. Fuentes oficiales de Deloitte subrayan que "en cuanto tuvimos constancia de la falsificación de nuestros informes de auditoría, presentamos una querella criminal en el juzgado, renunciamos a nuestro nombramiento de auditores y lo comunicamos al ICAC y al Registro Mercantil".

Cuentas bancarias y pasaporte

También ha renunciado José María García Santos, abogado del Estado en excedencia y encargado de la defensa de Larrasa hasta el mes pasado. El letrado ha confirmado a El Confidencial que dejó la representación del empresario pacense al descubrir que le ocultaba información relevante sobre la salud financiera del grupo y sobre otros casos en los juzgados. García Santos es una de las personas que Eureka pide que testifiquen en su demanda, pendiente de ser admitida a trámite en la Audiencia Nacional.

Según el banco canadiense, "los querellados, en los últimos 10 años, han creado y/o participan en un entramado de sociedades instrumentales, con una unidad de propósito y dirección, dando como resultado una estructura organizada, de carácter permanente, cuyo objetivo final es la comisión de diversos fraudes". Según su versión, "bajo la dirección de José Larrasa Rodríguez, y para dar apariencia de una estructura societaria con fines legítimos, se ha simulado un volumen de negocio superior a 100.000.000 €/anuales (procedentes de la facturación de los análisis genómicos y de la facturación de venta de huevos fértiles)".

El Confidencial ha intentado sin éxito mediante llamada telefónica conocer la versión de José Larrasa, a quien Eureka pide la retirada del pasaporte y la investigación de todos sus movimientos bancarios.