Riad asume que la entrada de la SEPI en Telefónica facilita el plácet de Moncloa a su 9,9%

El anuncio por parte de la SEPI de convertirse en el máximo accionista de Telefónica ya ha despertado lecturas favorables por parte de los inversores saudíes interesados por la principal operadora de telecomunicaciones en España. Consideran que el desembarco del Gobierno de Pedro Sánchez en el capital de la firma del Ibex 35 disipará los recelos que existían sobre las intenciones de STC en Telefónica y más pronto que tarde lograrán el permiso que debe otorgar la Moncloa para poder adquirir el 5% de acciones que compró a través de derivados, adicional al 4,9% adquirido durante este 2023 y notificado en septiembre.

Aunque fuentes oficiales de STC han declinado hacer comentarios, algunos de los responsables encargados de que el desembarco de Arabia Saudí en Telefónica llegue a buen puerto confirman la hipótesis que maneja la compañía saudí. Cuando culmine la compra del 10% del capital por parte de la SEPI, creen que el Ministerio de Asuntos Económicos otorgará la autorización pertinente requerida en la ley antiopas, una barrera que estableció Pedro Sánchez durante la pandemia para evitar inversiones extranjeras hostiles a los intereses de la nación.

Aunque STC anunció su intención de llegar al 9,9% del capital de Telefónica, algunos miembros relevantes del actual Gobierno habían desaconsejado dicha operación. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió vetar la entrada de Arabia Saudí en la operadora de telecomunicaciones estratégica para España. "No se puede consentir", dijo la líder de Sumar, que tiene al igual que todos los socios del PSOE capacidad de bloquear decisiones en el Congreso de los Diputados. Ahora, además, Díaz ha valorado positivamente la entrada del Gobierno en la multinacional con sede en Las Tablas. Cuando el Gobierno pase a ser el máximo accionista de Telefónica, dichos recelos podrían desaparecer al tener más control que ningún otro accionista. Además, se espera que Caixa —que ya comparte accionariado con el Estado en CaixaBank— y BBVA puedan configurar un núcleo nacional de control.

El plácet del Gobierno está trufado de unas derivadas geopolíticas y comerciales muy sensibles para España y que la Moncloa tiene muy presentes. Hace más de un año, la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, firmó un principio de acuerdo con Arabia Saudí para que Navantia, empresa 100% pública, construya cinco buques de guerra, un negocio valorado en alrededor de 1.800 millones de euros. El contrato, cuya formalización sigue pendiente del permiso de Riad, reforzaría la cartera de pedidos de la empresa, cuyos astilleros están ubicados en lugares con altas tasas de desempleo, como Cádiz, Cartagena o Ferrol. Esta última, ciudad de origen de Yolanda Díaz. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo hace pocos días visitando la nueva fábrica de la empresa naval ubicada en la ría gallega. En el mercado, se da por hecho que este contrato está condicionado al visto bueno de la Moncloa para STC.

Además del negocio para Navantia, y otros en el pasado de repercusión mundial como fue el AVE a La Meca, España tiene cada vez más relación con los petrodólares de esta monarquía de Oriente Próximo, liderada por Mohamed bin Salmán, que ocupa uno de los peores lugares del mundo en los rankings de derechos humanos. Por ejemplo, en el deporte. La Supercopa de España se celebra en su capital, Riad. Uno de los deportistas más destacados de España, Jon Rahm, ha firmado un megacontrato para jugar en su liga de golf pese a las críticas que hizo en el pasado. En la votación final para la Expo 2030, celebrada a finales de noviembre, Riad logró el apoyo de 119 países, frente a los 29 de Busán (Corea del Sur) y los 17 que obtuvo Roma (Italia).

Aún está por confirmar si STC ha solicitado ya el permiso al Gobierno para adquirir ese paquete adicional de acciones de Telefónica que Morgan Stanley le compró a través de derivados, según reportó a la CNMV. En otra importante inversión extranjera reciente, como fue la compra de parte del capital de Naturgy por parte de IFM, el Gobierno resolvió con algunas condiciones impuestas a este inversor australiano, que se avino sin quejas a las exigencias. La Moncloa no puso ningún requisito a KKR, Cinven y Providence, capital riesgo fundamentalmente estadounidense, para comprar MásMóvil, compañía que tras la fusión con Orange será el segundo operador de telecomunicaciones en España.

Ahora se espera que el Ejecutivo pueda hacer algo similar a lo de IFM y Naturgy con el caso de STC, firma cuyo máximo accionista es el fondo soberano saudí Public Investment Fund. La decisión tendrá que tomarla el Ministerio de Asuntos Económicos, ya que desde la formalización de la nueva legislatura en noviembre la Secretaría de Estado de Comercio, antes en Industria, pasó a manos del departamento aún liderado por Nadia Calviño. No obstante, al ser una decisión que afecta a varios ministerios, por tratarse del sector de las telecomunicaciones (Digitalización, Hacienda o Defensa), lo más probable es que esa decisión se tome en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Se especula con que María Jesús Montero lidere dicha comisión, pero la decisión de Sánchez aún no se conoce.

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Esto significa que la marcha de Nadia Calviño a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) hace que el nuevo titular de Economía y el del máximo órgano de decisión en asuntos económicos que designe Pedro Sánchez sean los encargados de cocinar esta importante decisión para Telefónica. Aún puede demorarse meses. Muy probablemente, este plácet no llegue antes de que la SEPI culmine la compra del 10% de Telefónica. Este proceso también se puede alargar, ya que, según la propia SEPI, aún están por contratar los brókeres y asesores encargados de la operación y su intención es que dicha compra se haga minimizando el impacto en la cotización, algo complicado, a tenor del planteamiento de compra hecho por el Gobierno, que ya ha desvelado sus intenciones antes de hacer adquisición alguna.

El Consejo de Ministros aprobó este martes su vuelta a Telefónica más de dos décadas después. Su vocación es de permanencia. La participación no es financiera, sino de toma de posiciones en una empresa a la que Calviño ha denominado "la más estratégica" de España.