La mayor energética de UK carga contra el nuevo impuesto verde en Aragón

No solo el Gobierno de PSOE y Sumar está sufriendo la presión de las energéticas por la fiscalidad a su actividad. El Ejecutivo de PP y Vox en Aragón ha recibido varias alegaciones contra la tasa verde que está tramitando este Gobierno, liderado desde las últimas elecciones autonómicas por el presidente popular Jorge Azcón.

Después de las críticas lanzadas por Iberdrola, Naturgy y Engie, también se sumó posteriormente a las alegaciones contrarias a la tasa SSE Renewables, que se autodefine como "parte del grupo energético más grande del Reino Unido".

En su escrito de alegaciones al denominado "Anteproyecto de ley por la que se crean los impuestos medioambientales sobre la explotación de parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón y se modifica el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión", esta multinacional explica que tiene previsto invertir 40.000 millones de euros en energía de baja emisión de carbono en el mundo en la próxima década.

También en España, ya que cuenta con una cartera de 1,5 GW de eólica terrestre y fotovoltaica y 1 GW de proyectos híbridos terrestres en su portfolio. Estos desarrollos fueron comprados a Siemens Gamesa en 2022 y están repartidos entre Andalucía, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Cataluña.

"La creación de nuevas tasas por parte del Ejecutivo regional debería producirse cumpliendo con la normativa europea en materia de fiscalidad energética y medioambiental y no debería ser discriminatoria", avisa SSE a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Aragón.

"En aras de la seguridad jurídica y financiera, consideramos necesarias medidas fiscales que no graven más de lo necesario la actividad de las empresas de energía renovable, ya que estas cuentan con unos altos costes de desarrollo. El estricto cumplimiento de la seguridad jurídica es el único elemento capaz de garantizar la credibilidad y confianza de los inversores nacionales e internacionales para que estos sigan desarrollando su actividad en Aragón. En cualquier caso, se debe asegurar que la fiscalidad revierta directamente sobre las comunidades locales", señala el grupo inglés, que considera que PP y Vox no deberían imponer barreras como el establecimiento de una "imposición fiscal severa".

Pese a las quejas, el Gobierno regional, que sustituyó al de Lambán en mayo, ha hecho oídos sordos y sigue adelante en la tramitación de esta nueva tasa, con la que pretende recaudar 30 millones de euros y tratar de compensar así la pérdida de ingresos en las arcas públicas por las rebajas fiscales prometidas en campaña electoral en impuestos como el de sucesiones y donaciones.

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El Gobierno regional ya dio luz verde el pasado 26 de octubre a este anteproyecto de ley para que pase diversos trámites y posteriormente sea remitido a las Cortes de Aragón para su aprobación definitiva. No obstante, el sector espera que este proceso no sea rápido y aún se pueda alargar la activación del nuevo gravamen.

Este impuesto fue diseñado por el anterior Ejecutivo socialista de Javier Lambán, pero el nuevo Gobierno de Azcón siguió adelante con su tramitación. Otras comunidades con amplia implantación de renovables, como Castilla y León o Galicia, también tienen tasas regionales a la eólica y fotovoltaica, que ha crecido con fuerza en los últimos años.

Un gran grupo de energía estaría ahora replanteándose su entrada en la comunidad autónoma con capital en Zaragoza por el nuevo impuesto regional, señalan fuentes de la compañía que prefieren mantenerse en el anonimato. De esta forma, no solo el PSOE y Pedro Sánchez sienten la presión de grandes empresas que condicionan sus inversiones a un marco fiscal más favorable. El Gobierno central pretende ahora rediseñar el impuesto a las energéticas implantado el pasado año. Esta decisión ha sido anunciada después de que grandes compañías como Repsol hayan advertido de que podrían desviar inversiones a otros territorios si la carga fiscal es más elevada en España.