Caso Villarejo: el 'forensic' de BBVA investigó a medias un contrato clave de la era de Carlos Torres

El presidente de BBVA, Carlos Torres, visita este lunes la Audiencia Nacional con mucha expectación en los sectores financieros y judicial. Acude como testigo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción por su papel en la investigación interna del caso Villarejo. Se espera un interrogatorio duro, extenso y con preguntas complicadas de diversas partes, tanto acusaciones como defensas.

Uno de los caminos más pantanosos que tendrá que atravesar será el referente a uno de los contratos investigados más desconocidos: el de Anbycol de comienzos de 2018. BBVA aumentó su actividad con esta empresa tras la entrada en prisión del comisario Villarejo, en noviembre de 2017. Anbycol era de un exsocio del comisario, Antonio Bonilla, que según la Fiscalía "facilitó información reservada de bases policiales a petición de empleados del BBVA tras la detención formal de José Manuel Villarejo Pérez".

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Aunque el importe que pagó el banco a esta empresa fue bajo comparado con el de Cenyt (unos 10.000 euros frente a 10 millones), es clave para los fiscales de cara a una posible condena del banco, ya que demostraría una continuidad de los delitos y un sistema débil de prevención de potenciales irregularidades.

Uno de los interrogantes en torno a este contrato es por qué la defensa de BBVA no lo investigó a fondo en el forensic llevado a cabo por PwC. Al contrario que con otras piezas del caso, la Big Four no analizó los correos de los responsables de esta contratación, tan solo investigó si su proceso de contratación había sido correcto, concluyendo que no. "No hemos identificado la existencia de contratos suscritos entre Anbycol y BBVA que justifiquen la contratación de los servicios prestados, por lo que, en suma, entendemos que se incumplieron los procedimientos internos y se vulneró el Código de Conducta del grupo BBVA", concluye el forensic de PwC. La Big Four solo investigó lo que le ordenaban los asesores del banco, Garrigues y Uría Menéndez, por lo que no dependía de ella investigar más en profundidad.

Este informe de PwC no mencionaba los servicios prestados por Anbycol, ni la documentación recibida, ni los múltiples correos entre Bonilla y empleados de seguridad de BBVA en los que se apuntaba a información de bases restringidas.

Este medio ha consultado a BBVA sobre los motivos de no analizar a fondo el contrato con Anbycol y si decidió abrir una nueva línea de investigación cuando se conocieron hace un año los dos informes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía advirtiendo de las irregularidades. El banco no hizo comentarios al respecto.

Orígenes

Así, tras el análisis que hizo PwC en 2019 de la contratación de Anbycol, la UAI detectó a comienzos de 2022 pruebas de potenciales delitos en otra pieza del caso Villarejo, la número 7 (Kitchen). Cuando la Fiscalía propuso que se recabaran dichos informes para la pieza de BBVA (la número 9), el banco se opuso frontalmente y presentó diversos recursos. De hecho, la entidad fue citada como imputada por nuevos delitos por ello y su representante se negó a declarar. Lo mismo ocurrió con otros directivos imputados.

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En la documentación que ha enviado el banco a la Audiencia Nacional tampoco hay evidencias de que la entidad realizara una investigación a los directivos implicados. En el caso de las contrataciones de Cenyt, hubo informes forensic como el de Antonio Béjar, exdirector de Riesgos en España, que provocaron su despido, y diversos expedientes sancionadores.

Todos estos interrogantes pesan sobre Torres en su declaración de este lunes. El presidente era entonces CEO, con el área de Seguridad entre las competencias que dependían de él. Y además era el responsable del comité de Corporate Assurance, que debe velar por que el banco tenga un cumplimiento normativo sólido y sea eficaz en la prevención de delitos. Además, la forma en que se ha llevado la investigación interna es clave en el futuro penal de la entidad.