STC cubre el riesgo de caídas en Telefónica mientras Moncloa decide si veta la operación

Los seis meses que la operadora saudí STC ha dedicado a planificar el desembarco en el 9,9% del capital de Telefónica han cubierto prácticamente todos los flancos. El último en conocerse, la cobertura del riesgo de caídas en la acción de la compañía española mientras recibe las autorizaciones pertinentes del Gobierno y cristaliza la operación.

Ayer por la noche, poco antes de que expirase el plazo para hacerlo, el banco de inversión Morgan Stanley comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tiene cubiertos los riesgos financieros de STC mediante opciones de compra y venta sobre el 9,9% del capital de Telefónica.

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"La operación [...] descrita como ‘Opción de venta/compra’ sobre el 9,90% del capital social del emisor se refiere a la gestión del riesgo de la posición en el marco de una operación financiera sobre las mismas acciones a que se hace referencia en la comunicación efectuada por el Fondo de Inversión Pública con respecto al emisor el 8 de septiembre de 2023 y no implica ninguna participación incremental o adicional", asegura Morgan Stanley.

Gracias a esta estructura financiera, STC minimizará cualquier caída del valor de la acción de Telefónica en caso de que ocurriera algo durante los meses que tardará en cerrarse la operación, si es que al final acaba llegando a buen puerto.

En esa misma comunicación, la entidad estadounidense —que ha articulado financieramente la entrada de STC en España mediante la compra de títulos a través de filiales y vehículos financieros— aflora derechos por un 12,18% de las acciones de la operadora española, si bien 9,9% se corresponden a esta estructura financiera. En consecuencia, su posición real es del 2,21%.

STC, participada en un 64% por el fondo soberano saudí (Public Investment Fund), hizo público el pasado martes que había adquirido el 4,9% del capital social de Telefónica y que tenía todo dispuesto, a través de instrumentos financieros, para elevar esa posición hasta el 9,9% cuando recibiera el visto bueno pertinente del Gobierno. Por ese 9,9%, PIF aseguró haber desembolsado unos 2.100 millones de euros.

La operación recae sobre el paraguas de la conocida como ley antiopas, aprobada por el Gobierno como una medida temporal durante la pandemia para evitar que inversores extranjeros comprasen compañías españolas a precio de saldo. Aunque el umbral general que requiere autorización de la Moncloa es del 10% del capital, tras una modificación realizada el 4 de julio y que entró en vigor el 1 de septiembre, se baja al 5% para empresas proveedoras de las Fuerzas Armadas. Telefónica es una de esas compañías.

STC aún no ha solicitado formalmente al Gobierno esa autorización. En cuanto lo haga, y el Ejecutivo considere que tiene la información suficiente, se abre un plazo de tres meses para obtener una respuesta.