Filmin se rebela contra la pretensión de la Generalitat de controlar sus contenidos

La plataforma de contenidos audiovisuales Filmin ha plantado cara a la Generalitat por la reforma de la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña, más conocida como ley Filmin, porque pretende regular el nuevo entorno de televisiones a través de plataformas de pago, pero en la práctica solo afecta a Filmin, al ser esta la única compañía de streaming que tiene su sede en Barcelona. A través de la Asociación Española de Video On Demand (Aevod), Filmin ha presentado alegaciones negándole a la Generalitat la potestad para este nivel de intervencionismo, según consta en la documentación del anteproyecto de ley que ya se ha remitido al Parlament y a la que ha accedido El Confidencial [Pinche aquí para consultar el documento completo].

Aunque la nueva ley prepara controles, seguimiento, sanciones y cuotas de producción en catalán para los contenidos de este tipo de empresas, el redactado del anteproyecto ha enfrentado a diversas conselleries de la Generalitat con Presidencia, que encabeza Laura Vilagrà, la mano derecha del presidente catalán, Pere Aragonès. En la documentación, por ejemplo, la Conselleria de Cultura critica a Presidencia porque "el tiempo reservado para el catalán parece muy modesto: 50% del 51% = 13%. ¿No sería posible dedicar al menos el 25%, es decir, el 50% del 51% de reserva de tiempo europea?", y añade: "No se está abriendo la puerta a que las empresas públicas catalanas estén obligadas a emitir también un 13% en castellano".

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La Ley pretende otorgar al Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) la habilidad de imponer sanciones de 70.000 hasta un millón de euros por infracciones muy graves (art. 116), entre las que se encuentran "la vulneración de los principios de igualdad de género y el de igualdad de trato y no discriminación en los términos establecidos en los artículos 8 y 9 de esta ley" o "el incumplimiento en más de un 10% de las obligaciones en materia de difusión de obras audiovisuales europeas establecidas en el capítulo 2 del título 2 de esta ley" —la que regula las nuevas cuotas de producción en catalán, puntos c) e i) del artículo 111—.

Aunque no se nombra en el texto, la consellera Vilagrà reconoció que toda esta regulación y control solo afectará a Filmin, la única plataforma de streaming de capital español que compite con gigantes internacionales como Amazon Prime, Netflix o HBO. Al tener la sede en Barcelona, la Generalitat defiende tener competencias para su control. La intención de la Administración catalana es compensar la falta de contenidos en catalán en este nuevo entorno audiovisual de servicios de pago. Presidencia alega que también regula las plataformas de vídeo de la CCMA, pero estas ya son todas en catalán. Así que el único cambio que implicaría la nueva norma sería un mayor control sobre Filmin.

Duras alegaciones

Entre los socios de Aevod están Acontra+, AMC Networks, Disney+, Filmin, Flixolé, Netflix, Prime Video y Rakuten, entre otros, pero la nueva norma solo afecta a la empresa española Filmin. Y precisamente la principal alegación de la asociación es la falta de competencias de la Generalitat para imponer esta nueva legislación.

En sus alegaciones, argumentan que "el criterio para determinar la competencia de una comunidad autónoma no puede venir determinado por que los servicios se dirijan a Cataluña, al entender que conculca lo establecido en la directiva europea y en la normativa básica del Estado". Es decir, Filmin y sus socios de la industria alegan que pueden tener su sede en Cataluña, pero que como operan en el mercado español, donde tienen el grueso de su negocio, la Generalitat carece de competencias para una intervención de este estilo.

Presidencia juega con fuego al vincular su control sobre Filmin a la sede en Cataluña

Presidencia está jugando con fuego. Porque si la ley siguiese adelante con su actual planteamiento, la mejor solución para Filmin sería cambiar la sede de la empresa fuera de Cataluña. En 2021, Filmin, con un fondo de catálogo de más de 15.000 películas, alcanzó una facturación de 19,3 millones de euros, un 43% más que el año anterior, y más que duplicó su beneficio, hasta 2,5 millones de euros. Para 2022, preveía superar ambas cifras. En 2020, los fondos Nazca Capital y Seaya Ventures compraron el 72% de Filmin por una cifra que rondó los 20 millones de euros. Ahora, la Generalitat aspira a cambiar las reglas de juego para este operador, pero solo para este, porque no tiene competencias para hacerlo sobre el resto de competidores.

Cambio de paradigma

El proyecto de nueva Ley de Comunicación Audiovisual cambia el paradigma para este proyecto de éxito. Para empezar, autoriza al CAC a hacer un seguimiento de sus contenidos. Así, se insta al CAC a firmar convenios de colaboración y establecer códigos de conducta (art. 22 y 23). También han de informar (art. 14 c) de la estructura de capital de la empresa. Se calcula que para asumir este nivel de inspección, el CAC debería incrementar su presupuesto, según reconoce la secretaría del Govern.

La nueva ley tiene ante sí una tramitación difícil. ERC solo cuenta con 33 diputados. Necesita pactos con otros grupos parlamentarios. Pero su diseño resulta polémico, ya que afecta a una única empresa y perjudica al tejido empresarial catalán. Como advierte la secretaría del Govern en la documentación: "Los costes que se generan para las pymes [por la nueva ley] no implican desventajas competitivas en relación con las mayores empresas si las pymes pueden operar en condiciones de libre competencia en el mercado".

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El ecosistema empresarial del segmento del entretenimiento audiovisual está formado por más de 400 empresas que representan el 37% del total de empresas dedicadas al sector audiovisual con sede en Cataluña. Entre estas, las mayoritarias son pymes. Si cae el factor intervención en Filmin, la nueva ley no servirá para que el catalán gane cuota en el nuevo entorno audiovisual y solo incrementará los costes del conjunto.