Los bonistas negocian una quita mayor a Telepizza y compensar a Santander y al ICO

El grupo de restauración Food Delivery Brands, matriz de Telepizza y Pizza Hut, ultima con los bonistas el acuerdo de reestructuración definitivo. Las últimas conversaciones versan sobre el porcentaje final de quita, que se valora ampliar hasta un máximo del 65%, según ha podido saber El Confidencial de fuentes cercanas a las negociaciones. También se está zanjando el lugar que ocuparán los prestamistas Banco Santander y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que finalmente no entrarán en el capital, aunque adquirirán unos derechos con los que serán compensados en el futuro, cuando se venda la empresa ya saneada o se produzca una salida a bolsa. Desde ninguna de las partes hay comentarios.

Food Delivery Brands y los acreedores alcanzaron un acuerdo inicial en marzo, momento en que el porcentaje de la quita se estableció en el 50%, lo que suponía una reducción de la deuda cercana a los 240 millones de euros. Meses antes, el fondo KKR, mayor accionista de la compañía, había instado a que la condonación fuese del 75%. Finalmente, los bonistas negocian perdonar hasta el 65% de la deuda, es decir, unos 312 millones.

El acuerdo inicial formalizado en marzo también contemplaba un cambio en el accionariado, con la salida de KKR y sus socios para que los tenedores de la deuda sénior (Oak Hill Advisors LP, Blantyre Capital Limited, HIG Capital LL, Fortress Investment Group LLC y TREO AM) tomen el control de la compañía. Pero no quedó claro el papel que iban a jugar en la nueva estructura el Santander y el ICO, corporaciones que también han asumido la quita. El primero había otorgado un préstamo de 40 millones con aval del ICO, mientras que la propia entidad pública facilitó 10 millones adicionales.

Las últimas conversaciones confirman que el Santander y el ICO se quedarán fuera del capital, aunque serán resarcidos a través de un contingency value right. Esto significa que dispondrán de unos derechos con los que obtendrán el mismo dinero que si hubiesen formado parte del accionariado cuando se produzca una venta de Food Delivery Brands en el futuro o esta compañía salga a cotizar en bolsa. Estas son las dos opciones que barajan los bonistas para salir del capital cuando la empresa esté saneada.

Será la primera vez que el ICO acepte una quita de forma directa. Ya ha vivido algún proceso similar, como en el rescate de la nueva Ezentis o la restructuración de Naviera Armas que se está negociando actualmente, pero en estos casos se trataba de préstamos de otras entidades en los que el banco público figura como avalista.

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En el acuerdo de marzo, también se pactó una extensión de los plazos de amortización previstos hasta 2028 y una inyección de 71 millones. Todavía no hay nada firmado, aunque las negociaciones se están produciendo contra el reloj. La intención es alcanzar un acuerdo definitivo en julio para poder presentar ante el juez una solicitud de homologación que se apruebe formalmente en septiembre u octubre, ya que la suspensión temporal sobre el pago de los intereses de los bonos sénior vence el próximo 16 de octubre, fecha en la que se fijó la última prórroga.

Food Delivery Brands cuenta con Allen & Overy, Uría, Kirkland y Houlihan Lokey como asesores en esta operación, mientras que los accionistas están siendo aconsejados por Cuatrecasas. Por su parte, los bonistas disponen de las recomendaciones de Milbank, Gómez Acebo y Rothschild; y con el grupo revolving (una línea de crédito de algunos bancos y fondos) están Sullivan & Cromwell y Pérez-Llorca.

KKR entró en la compañía en 2015, junto con cuatro socios (Artá Capital, Torreal, J Safra Group y Altamar). En aquel momento suscribieron una emisión de bonos por 335 millones lanzada por KKR, Torreal, Artá, Altamar y Safra para financiar la adquisición de Telepizza por 600 millones en 2019. Pagaron un cupón del 6,25%, con vencimiento en 2026, por estos títulos de renta fija, pero el impacto de la pandemia y el acuerdo firmado con la estadounidense Yum Brands para gestionar la marca Pizza Hut condujeron la compañía a una situación de insolvencia que le ha llevado a negociar esta reestructuración.

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Las últimas cuentas depositadas en el registro se corresponden al ejercicio 2021, ya que se acordó una ampliación del plazo para presentar los resultados de 2022 hasta julio de este año. Por lo tanto, las últimas cifras que se conocen muestran unas pérdidas de 30,8 millones, unos números rojos que triplican con creces los 9,2 millones de pérdidas que había registrado el ejercicio anterior.

Este proceso se negocia bajo el marco concursal que surgió hace algo menos de un año con la transposición de una directiva europea. La nueva normativa busca incentivar que haya reestructuraciones de deuda tempranas para que haya menos casos en los que la empresa queda abocada al concurso. Con esta premisa, se ha dado más poder de negociación a los acreedores frente a los accionistas. De todas formas, el caso de Food Delivery Brands cuenta con un amplio consenso, ya que los accionistas relevantes, los bonistas y los bancos (Santander e ICO) se han mostrado de acuerdo.