El ICO acepta quitas en los créditos con aval y desbloquea las grandes reestructuraciones

Luz verde para acuerdos de reestructuraciones complejas. Esto es, que pueda haber quitas sobre créditos con aval público a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El propio banco público, según fuentes conocedoras, ha enviado una nota aclaratoria de forma confidencial a los bancos en la que señala que acepta de forma indirecta que se produzcan pérdidas sobre préstamos con garantías.

Este es un punto clave para las reestructuraciones. Varios procesos estaban en punto muerto por las dudas que había en torno al ICO y la posibilidad de que haya quitas sobre el crédito avalado. Hasta ahora, de hecho, las reestructuraciones bajo el nuevo marco concursal se habían realizado dejando el crédito avalado aparte o reestructurando plazos, pero sin quitas.

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Cuando un banco debe votar a favor o en contra de un plan de reestructuración y es titular de deuda con aval del ICO, debe emitir dos votos. Uno propio, en favor del crédito sin aval público (del 30% si es gran empresa), y otro en representación del ICO, por el 70% que tiene garantía.

Para votar en nombre del ICO en favor de una quita, la entidad debe tener la aprobación de la Agencia Tributaria, o asumir su negativa si no se pide. Pero el banco puede votar a favor de un plan con una quita por su 30% y que haya un efecto arrastre al ICO sin que esto implique que el aval se vea dañado. Es decir, indirectamente, la banca podrá apoyar quitas de crédito avalado que provoquen pérdidas en el ICO sin que se vea perjudicada la garantía. Había dudas con esto, y es lo que acaba de aclarar el ICO, desbloqueando grandes reestructuraciones.

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Los bancos han presionado al ICO y, finalmente, ha abierto la mano. Al menos, de forma indirecta, ya que las entidades, cuando voten representándose a sí mismas, podrán apoyar quitas que arrastren al crédito ICO sin que se afecte al aval. Y, por lo tanto, las pérdidas por la parte de la financiación garantizada las soportará el ente público y no la banca.

En un análisis al respecto para publicaciones legales, la asesoría jurídica de Banco Santander considera que ha habido “una notable flexibilización con respecto a su redacción original, fruto sin duda de la sensibilidad mostrada como consecuencia de las recientes necesidades aparecidas en el mercado de las refinanciaciones”. “Esta mejora es algo que todos los operadores de la preinsolvencia debemos celebrar y aprovechar, llevando a cabo para ello un uso racional y responsable de esta nueva regulación que permita en última instancia la supervivencia de empresas viables”, añade un texto firmado por Luis Miguel Sánchez, director de la asesoría jurídica de reestructuraciones del Santander.

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Muchas empresas en crisis lo que necesitan es financiación y reducir su pasivo, y un porcentaje muy elevado tiene préstamos avalados que pidió durante la pandemia. No en vano, la banca desplegó créditos por más de 120.000 millones con avales del ICO, que cubren entre el 70% y el 80% de las pérdidas.

Por ello, las reestructuraciones complejas, que necesitan quitas, estaban empantanadas en este inicio de año. Se daba la paradoja de que ante una situación de una empresa en problemas, con los bancos como acreedores, podrían preferir dejar que la empresa quiebre y recuperar el 70% o el 80% del crédito, que dejar fuera al ICO y asumir refinanciaciones que empeoren su posición. Incluso rechazaban votar en favor de quitas por financiación antigua, previa al covid y sin aval. Ahora, que el ICO sea más flexible para soportar quitas, aunque provoque pérdidas en la institución pública, en realidad acabará limitando el daño.

Más poder para los acreedores

La nueva ley concursal, aprobada en junio y que traspone una directiva europea, busca acercarse al modelo anglosajón, dando más poder a los acreedores para incentivar las reestructuraciones consensuadas antes de que la empresa llegue a un punto de no retorno por sus problemas de solvencia o de liquidez. Así, se establece incluso la opción de arrastre, por la que un grupo de acreedores puede imponer al resto de acreedores y a los accionistas un plan de reestructuración, que incluya quitas y acciones. Si una clase de acreedores aprueba con mayoría del 75% un plan de reestructuración validado por el juez, puede imponerse al resto, tanto a los tenedores de la deuda como a los dueños.

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La idea, por lo tanto, es que haya más actividad preconcursal, y que se negocien planes de reestructuración de empresas en problemas cuando la empresa todavía sea viable, incluyendo quitas y canjes de deuda por acciones. Pero este marco ha entrado en vigor después de dos años de pandemia en los que las empresas se endeudaron de forma masiva con créditos avalados, y en los últimos meses han tenido que afrontar la escalada de la inflación y de los tipos de interés.

Ante esta situación, hay compañías que necesitan quitas y nueva financiación para ser sostenibles, pero si hay una presencia relevante del ICO en el pasivo, había dudas en la banca. El 28 de diciembre, el Gobierno incluyó en el BOE una modificación del marco concursal por la que ya no era necesaria la aprobación previa de la Agencia Tributaria, y que la Abogacía del Estado revisaría la evolución de los créditos ICO.

Hay compañías que necesitan quitas para ser sostenibles, pero si hay una presencia relevante del ICO en el pasivo, había dudas en la banca

Esto provocó una doble interpretación en el mercado. Una positiva, que es que si la Abogacía del Estado está encima, es porque se acepta que pueda haber reestructuraciones con quitas, y se vigilará que no haya abusos. La otra era negativa, más bien como una amenaza, en caso de que el abogado del Estado quiera evitar que se perjudiquen los avales y se considere crédito público, como las deudas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, que son intocables.

Ante esta incertidumbre, y con las reestructuraciones paradas, había riesgo de colapso en empresas en problemas. Todavía son pocas las situaciones, frente a la avalancha que se esperaba hace meses, según fuentes jurídicas. Pero hay grandes procesos como Celsa, Ezentis, Pronovias, Duro Felguera o Telepizza. Y otros casos de menor tamaño y menos mediáticos. Además, tras este pronunciamiento del ICO, se espera más actividad en los próximos meses.

"La reforma de la Ley concursal entró en vigor en octubre del 2022. Contiene nuevas herramientas para fomentar de manera decidida la reestructuración preventiva de la insolvencia. No obstante, la novedad de dichas medidas y el escaso tiempo transcurrido desde su efectividad, generan cierta incertidumbre que está retrasando multitud de operaciones. El riesgo es que de nuevo se gestione la insolvencia en momentos muy cercanos al concurso y la reforma pro reestructuración no logre una parte significativa de su objetivo", explica Santiago Hurtado, socio de Dentons. "Las condiciones para iniciar reestructuraciones existen, pero la novedad del nuevo régimen legal y la persistencia de parte de las ayudas financieras están retrasando su inicio, si bien desde el verano han empezado y poco a poco vemos cada vez más actividad", añade.