Jaque al modelo de negocio de los bufetes antibanca por las sentencias de la usura

El Tribunal Supremo marca un antes y un después para la avalancha de demandas por usura de los bancos. Y, por ello, ha dejado noqueados a las decenas de bufetes especializados en reclamaciones contra el sector financiero, que en las últimas semanas han reducido el número de demandas interpuestas por este motivo y también sufren más sentencias en contra, según fuentes financieras consultadas por este medio. Aun así, desde estos despachos defienden que el impacto se está amortiguando por las nuevas demandas que alegan falta de transparencia.

El cambio de paradigma ha llegado con las recientes sentencias del Supremo sobre las tarjetas revolving. El Alto Tribunal ha fijado unas nuevas normas de juego que no solo afectan a estas demandas, sino también a otros frentes legales, como el de la financiación para la compra de automóvil y los microcréditos.

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Jorge Zuloaga

"Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en 2022 (de 4 de mayo y 4 de octubre) y el criterio jurisprudencial de las dos sentencias dictadas por el pleno del 15 de febrero de 2023 ponen fin a la confusión existente al tema de la usura en los productos financieros. Se da por cerrado el caos jurídico, para el buen funcionamiento del mercado y para dar seguridad jurídica a consumidores y juzgados", afirma Alberto Travería, consejero delegado de ALTH Loan Services. "No podemos ocultar que las posibilidades de reclamar por usura se encuentran más limitadas, pues ha modificado los criterios marcados anteriormente, en perjuicio de los titulares de tarjetas", reconocen desde Arriaga Abogados.

Así, el Alto Tribunal fijó hace tres meses que tarjetas revolving con TAE (Tasa Anual Equivalente) del 24% y 25% no son usurarias, al compararlas con datos de otros productos similares, algo que no ocurría hasta hace unos meses y de lo que se han beneficiado clientes que han reclamado en los últimos años, así como sus abogados.

De este modo, entre 2015 y 2020 los tribunales comparaban las revolving con el crédito al consumo normal y corriente, que tienen intereses de la mitad y hasta tres veces inferiores. Poco antes del coronavirus, el Supremo se dio cuenta de este error, pero en lugar de corregirlo por completo, pasó a comparar la TAE de las tarjetas demandadas con otro tipo de interés que no incluye comisiones. Este entuerto es el que se ha resuelto recientemente. En esta línea, la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado recientemente (29 de marzo) que una tarjeta revolving del 24,7% no es usuraria. Desde los despachos recuerdan que hay entidades que cobran TAE en las tarjetas cercanos al 30%, que sí que se podrían seguir reclamando.

Otros efectos

En el mundo de estas tarjetas hay mucho dinero en juego y se han dado decenas de miles de demandas en los últimos años. Solo Bankinter ha recibido 14.000 en los últimos dos años. Pero la sentencia del Supremo tiene un impacto mucho más allá al dictar doctrina para otros frentes legales como el de los préstamos para la compra de coches y los microcréditos, donde también estaba habiendo un repunte de las demandas. En todos estos casos, los tribunales están empezando a imponer que cada préstamo demandado se contrapone con la media de créditos comparable, sea a través de estadísticas del Banco de España o de la fórmula más idónea.

Ante este panorama, la estrategia de cada vez más bufetes ha virado hacia las demandas por falta de transparencia, en lugar de la usura. Un camino que llevan defendiendo durante años desde asociaciones como Asufin, con numerosas sentencias a su favor. "Las Audiencias Provinciales cada vez están siendo más proclives en declarar que este tipo de contratos adolece de tener un clausulado oscuro e incomprensible para los consumidores, sobre todo respecto a las condiciones de la financiación y al método de pago revolving", exponen desde Arriaga.

Para los despachos antibanca, este frente es clave. Uno de los principales bufetes de este negocio, Arriaga Abogados, ganó 2,5 millones en 2021 (últimas cuentas publicadas), tras dos años de pérdidas por el covid. Se aferraban entonces a las revolving: "Los nuevos productos, como las tarjetas revolving (que se resuelven por los juzgados ordinarios y no por los especializados), tienen un ciclo demanda-sentencia mucho más corto que los productos hipotecarios y, por tanto, la facturación de los honorarios correspondientes es más rápida. La facturación de nuevos productos se ha visto incrementada desde el final del confinamiento".

Pese a ello, estos 2,5 millones todavía estaban lejos de los 16 millones que ganó este bufete en 2016 y en 2017, o los 5 millones de 2016 de Bufete Rosales en los años de esplendor por las cláusulas suelo y las sentencias de la salida a bolsa de Bankia. Desde entonces, estos despachos llevan buscando un nuevo modelo de negocio, que puede haber truncado el Supremo.

Desde Arriaga defienden que "puede ser cierto que otros abogados, con un menor grado de especialización, hayan podido ver cómo han disminuido el número de reclamaciones de clientes con tarjeta revolving, e incluso un mayor aumento de sentencias desestimatorias en sus pleitos, al mantener una estrategia única de reclamación por la usura. Nosotros también ejercitábamos y ejercitamos la otra acción por falta de transparencia [...]. Ello ha hecho que sigamos manteniendo una tasa de éxito en torno al 90% de sentencias estimatorias en reclamaciones de tarjeta revolving".