El nuevo filón de los bufetes antibanca: 100 € para el cliente y 2.500 para el abogado

La guerra de las tarjetas revolving se traslada a un nuevo frente judicial. Se trata de los microcréditos o créditos rápidos, cuyas entidades están recibiendo cientos de demandas mensuales por usura, algo que podría llevarse por delante a este segmento financiero. Sin embargo, algunos tribunales están comenzando a cuestionar estas reclamaciones por la doctrina de las revolving y por la vía elegida por los abogados: la de cuantía indeterminada, que eleva las costas entre 2.000 y 3.000 euros, aunque el cliente solo recupere 100 o 200 euros.

Este negocio ha hecho que cada vez más bufetes se fijen en este frente y aceleren las demandas en los últimos meses. Pero hay otro factor a tener en cuenta: si las costas fueran más bajas, pocos abogados impulsarían estos procesos, dejando en manos de nadie a los clientes.

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Sea como sea, las fuentes consultadas perciben la aceleración de las demandas desde que el Tribunal Supremo ha puesto coto a las demandas de las revolving. Así, el Alto Tribunal ha cambiado de criterio en los últimos meses y ha fijado un precio límite de entorno al 26% TAE (Tasa Anual Equivalente) hasta el cual estas tarjetas no son usurarias, dejando poco margen de demandas más allá de la falta de transparencia.

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En este contexto, los créditos rápidos ponen, a priori, las cosas más fáciles a los despachos, ya que las TAE que manejan son de más del 1.000%. Se trata de préstamos a uno o varios meses en los que el cliente pide, por ejemplo, 100 euros, y devuelve un mes después 137. En este caso real, la TAE sería del 4.556%.

Desde la asociación que engloba a las empresas del sector, Aemip (Asociación Española de Micropréstamos), defienden que es un error comparar sus productos con los créditos al consumo a 1 año (TAE del 9%), ya que no es lo mismo prestar a 1 que 12 meses, el perfil de cliente es distinto y ellos aceptan los créditos más ágilmente. Con la TAE del consumo, estas entidades tendrían que cobrar en torno a 70 céntimos por un préstamo a un mes de 100 euros. Un precio al que no habría firmas dispuestas a entrar en este negocio en España. Entre las principales firmas del sector están Vivus, Dineo, Créditosi, Moneyman o Reddo. Este sector factura unos 250 millones al año y da más de 1 millón de créditos por ejercicio.

Este sector factura unos 250 millones al año y da más de 1 millón de créditos por ejercicio

Debate

No todos piensan igual. Así, por ejemplo, Marisa Protomártir, responsable jurídica de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), señalaba recientemente en un artículo jurídico que "los rasgos consistentes en la inmediata disponibilidad de los fondos, la ausencia de exigencia de garantías personales o reales y la falta de estudios previos de solvencia del solicitante del crédito, que se pretenden presentar como datos característicos y peculiares de este tipo de operaciones, constituyen en realidad circunstancias que también están presentes en otras formas de financiación que ofrece el tráfico mercantil. Así, por ejemplo, sucede con la financiación otorgada a través de tarjetas de crédito, en las que la TAE es bastante inferior a la de este tipo de créditos". "Este tipo de préstamos tienen establecido un interés desproporcionadamente alto y claramente han sido aceptados por el prestatario debido a su angustiosa situación económica", añade.

Se muestra de acuerdo Antonio Castro, director legal de Don Recuperador: "Lo realmente abusivo es permitir contrataciones de préstamo con unos intereses de más del 5000%. Solo leerlo causa rechazo al sentido común. Estas situaciones no pueden estar amparadas por la legalidad, y no lo están de acuerdo con la Ley de la Represión de la Usura y su interpretación en estos casos por los Tribunales"

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De momento, la mayor parte de los tribunales dan la razón a los demandantes y establecen que los microcréditos son usurarios. Aun así, desde Aemip creen que las últimas sentencias del Supremo les dan la razón y obligan a que sus precios se comparen con otros similares. Para ello, han elaborado unas estadísticas de precios auditadas por Grant Thornton y exhiben una respuesta del Banco de España en el que reconoce que "esta institución no publica una media ponderada de los intereses aplicados en préstamos rápidos, dado que no se dispone [...] de información específica sobre dichos préstamos". Estas empresas no están supervisadas por el Banco de España.

En lo que Aemip y Asufin están de acuerdo es en la falta de idoneidad de las demandas por cuantía indeterminada, que multiplican las costas. "En la medida en que son préstamos cerrados y se pide la nulidad por usura, nos encontramos efectivamente con una cuantía determinada, que es el total de lo debido", expone la responsable legal de Asufin. En esta línea, hay una sentencia reciente del juzgado de Palma de Mallorca en la que se imponen costas de 60 euros para los abogados demandantes sobre la base de una reclamación de 210 euros. El tribunal rechazó la pretensión de que se usara como base una reclamación de 18.000 euros (base de la cuantía determinada), que hubiera dado a los letrados unos 2.500 euros.

Sin cuantía indeterminada, los abogados demandantes cobran 2.500 euros menos por caso

Entre los despachos más activos en este segmento figuran algunos como Preico Abogados, Don Recuperador, Zeus Abogados, Reclamacioneszero o Recuperia. Este medio ha consultado a varias de estas firmas obteniendo respuesta de Imanol Michelena, director de Reclama Por Mi: "La mayor parte de los juzgadores estiman la cuantía indeterminada de este tipo de procedimientos al solicitar la nulidad de determinadas cláusulas, que son condiciones generales de la contratación, a las que se adhiere el consumidor a la hora de suscribir ese producto. Esto viene motivado porque la petición de nulidad es una cuestión jurídica, no determinable económicamente, independientemente de que el efecto de la estimación de la misma conlleve una restitución a favor del cliente".

"En muchos casos, por tratarse de contratos vivos en vigor, no se puede determinar la cuantía en el momento de interponer la demanda, porque siguen surtiendo efectos, de ahí la cuantía como indeterminada. [...]. A mayor abundamiento, el Tribunal Supremo ha declarado que este tipo de procedimientos en los que se ejercita una acción de nulidad de condiciones generales deben determinarse por cuantía indeterminada", añade Castro, de Don Recuperador.

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Usura o no usura, cuantía indeterminada o determinada, estos son los principales interrogantes que deberán ir respondiendo los tribunales en el futuro. Aun así, hay otro elemento que puede dar un vuelco a estas demandas: la Autoridad de Defensa del Cliente, sobre la que hay debate si abordará el negocio de los microcréditos, o no. En caso afirmativo, el mayor perdedor serían los bufetes antibanca, que verían su actividad desintermediada. Pero también las entidades, a las que se podría reclamar con menos trabas.