Del Valle tendrá que pagar ocho millones a España por las costas legales de su demanda

El inversor mexicano Antonio del Valle tendrá que sumar varios millones a su abultada factura de pérdidas por Banco Popular. El arbitraje que este empresario y otras grandes fortunas aztecas han perdido en La Haya implica el pago de más de ocho millones a España y 1,4 millones al tribunal. A lo que se suman sus propios costes legales, de 13,6 millones, a través de sus abogados de King & Spalding.

Del Valle fue uno de los principales accionistas de Banco Popular hasta su resolución en junio de 2017. Atrajo a este banco a otros inversores mexicanos como Germán Larrea y Antonio Cosío. Se calcula que entre todos perdieron más de 500 millones en la entidad española.

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Estos inversores mexicanos decidieron pleitear entre 2017 y 2018 con recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de los que de momento han perdido todos, y el arbitraje ante Uncitral, la corte arbitral de Naciones Unidas.

La resolución de este tribunal de La Haya se conoció este miércoles, con un laudo duro en el que no se recoge ninguna de las peticiones de los mexicanos. De hecho, le imponen todas las costas judiciales y el 60% de las del Reino de España (en total, fueron de 12 millones), con intereses legales.

La pérdida de este frente legal deja casi sin opciones a los inversores mexicanos. Incluso se enfrentan a un riesgo, ya que otros grandes acreedores del Popular para recuperar su dinero han acudido a la Audiencia Nacional, donde Del Valle está imputado y podría, potencialmente, tener que asumir nuevos costes.

Argumentos

Los inversores mexicanos argumentaban en su demanda que España había incumplido los tratados internacionales respecto a Banco Popular. Y lo basaban en cinco presuntos fallos: la retirada de 14.000 millones en depósitos del Popular por parte de organismos públicos; las declaraciones hechas y omitidas por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y su equipo; la decisión de la CNMV de no prohibir las posiciones cortas; la decisión de no dar toda la línea de liquidez de emergencia (ELA) a la entidad, y el supuesto trato de favor para vender el banco a Santander por un euro.

Sobre las fugas de depósitos, el tribunal concluye que las autoridades gubernamentales y, en concreto, Guindos "hicieron un intento de parar las retiradas, pero fueron incapaces porque los organismos siguieron sus propias políticas y reglas para proteger sus activos". Respecto a las posiciones cortas, los jueces creen que un veto "no hubiera resuelto la crisis de la entidad", al contrario de lo que ocurrió meses después con Liberbank, banco para el que sí se prohibieron movimientos bajistas.

El laudo también apoya la política del Banco de España con el ELA, por el que Popular solo recibió 3.800 millones de los 9.500 millones que tenía a priori disponibles: "El tribunal considera que la conducta del Banco de España fue proactiva, especialmente en las fases iniciales, conduciendo simulaciones para un acuerdo del ELA". Y defiende que el supervisor hizo bien al exigir a Popular que sus garantías para recibir liquidez fueran correctas.

Sobre la venta a Santander, el tribunal considera que fue "inevitable" para "asegurar las funciones críticas de Banco Popular, evitar el riesgo de contagio a otras entidades y negocios, y proteger la estabilidad del sistema financiero". Y añade que las teorías de posible trato de favor para el banco presidido por Ana Botín "carecen de soporte probatorio".