Ferrovial ya avisó a sus inversores en 2020 del "riesgo por la situación política en España"

Ferrovial ha decidido deslocalizar su sede a Países Bajos. Este anuncio llega después de lanzar avisos formales y explícitos —desde hace años— sobre el impacto que la incertidumbre política española podría tener sobre la compañía. Concretamente, la multinacional presidida por Rafael del Pino ya plasmó en 2020 dichas alertas de riesgo para el desempeño de la empresa.

"Las perspectivas de crecimiento también pueden verse afectadas debido a las incertidumbres derivadas de la situación política dentro de España, lo que puede retrasar el ritmo de reformas o dar lugar a cambios en las leyes, regulaciones y políticas", advertía Ferrovial en un documento oficial enviado a los compradores de su deuda en noviembre de 2020, donde tiene la obligación de exponer los principales factores de riesgo que amenazan a la empresa. Este aviso se dio hace algo más de dos años, ya con la coalición de PSOE y Unidas Podemos en la Moncloa.

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Esto significa que la situación política de España es, desde al menos hace dos años, uno de los principales riesgos que veía Ferrovial, aunque ahora en su traslado de sede a Holanda no haya mencionado este factor de forma tan explícita. La firma ha evitado en sus comunicaciones hacer este tipo de referencias. Sin embargo, sí ha deslizado esta crítica: "Países Bajos tiene una calificación crediticia AAA y un marco jurídico estable", se limitaba a reflejar en el comunicado lanzado este martes para justificar su marcha.

El anuncio de esta gran empresa del Ibex 35 ha provocado una dura respuesta del Gobierno. La vicepresidenta primera ha cargado duramente contra la empresa y su presidente por este movimiento. "Le deben todo a España", y la marcha "supone una falta de compromiso con el país y sus ciudadanos", ha dicho Calviño. "No cambia nada", ha respondido la empresa tras escuchar dichas quejas del Ejecutivo.

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La deslocalización de la empresa se da después de que, desde el Gobierno, algunos de sus miembros hayan cargado contra la clase empresarial. "Capitalista despiadado", llamó la ministra de Podemos Ione Belarra al empresario Juan Roig, dueño de Mercadona y otro de los grandes empresarios, junto con Rafael del Pino, que poseen una de las mayores fortunas de España, según Forbes.

Antes de este polémico anuncio, Ferrovial hizo algunas otras referencias en el mismo sentido. Una de las más recientes fueron las declaraciones que el presidente, Rafael del Pino, lanzó en un foro organizado por ABC con la presencia del líder del PP. Tras una serie de loas a Alberto Núñez Feijóo, Del Pino señaló: "Hablando como empresario, creo que debemos volver a convertir España en un destino atractivo para invertir y en imán del mejor talento, y para ello necesitamos un marco laboral competitivo y seguridad jurídica en todos los ámbitos".

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De nuevo, aunque con su mensaje criticaba de forma velada la situación política de España, su alusión no es tan clara como la empleada en 2020 en la documentación formal enviada a grandes inversores, visada y firmada por grandes bancos y despachos de abogados.

Crítico con Cataluña

En dicho prospecto lanzado hace dos años, Ferrovial también hace una dura crítica por la situación en Cataluña, un foco de preocupación que sigue latente: "La región de Cataluña ha experimentado varios movimientos sociales y políticos que piden la secesión de la región desde España. El aumento de la tensión política ha estado acompañada de crecientes disturbios sociales. A la fecha de este prospecto, existe incertidumbre con respecto al resultado de las tensiones políticas en Cataluña", avisaba la empresa cotizada aún solo en España, que tras el anuncio de deslocalización ha subido un 0,61%.

Pese a lo anterior, la compañía ha querido transmitir que su deseo de llevar su sede fuera atiende a razones de proyección internacional, con el foco puesto en seguir creciendo en otras latitudes como EEUU o Canadá, de donde procede ya el grueso de su negocio. Pese a ello, la firma admitía que esta operación le supondrá un menor coste fiscal.

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La compañía aseguraba que este menor pago de impuestos en Holanda no tendría un impacto relevante, algo que no comparten algunos expertos fiscalistas o los analistas de Banco Sabadell, que creen que obtendrá entre 35 y 40 millones de euros de ahorro fiscal al año, al no estar gravado el 5% de los dividendos ya tributados en otras geografías, un gravamen que implantó el Gobierno de Pedro Sánchez.

Avisa del "incremento de la carga fiscal"

Además de lo anterior, este mismo martes Ferrovial reiteró que algunos riesgos de corte político le podrían impactar con un "incremento de la carga fiscal", pero evita referirse a España, como sí hizo en 2020. De nuevo asegura en su memoria anual que los factores políticos están entre sus principales riesgos. "Los negocios de Ferrovial están sometidos a regulaciones administrativas locales. El actual contexto de crisis geoeconómica fomenta en algunos mercado políticas económicas encaminadas a primar los intereses nacionales o regionales, y/o incrementar la presión fiscal. Estas intervenciones podrían afectar a la gestión de los activos y al desarrollo de futuros proyectos", sostiene la empresa.

Ante este panorama, la compañía de la familia Del Pino cree que debe "hacer un seguimiento de los movimientos políticos, con el objetivo de anticipar posibles impactos". También alerta, como un potencial impacto de los riesgos políticos, sobre la posible "reducción de procesos de licitación de proyectos en los que Ferrovial dispone de ventajas competitivas". En el mercado, ya hay quien especula con que la empresa ha dado este paso a la vista de la ingobernabilidad que se puede dar tras las elecciones generales. En los últimos años, ha hecho importantes desinversiones en España, como la venta del 75% de la filial de servicios, Serveo.

En este contexto, la empresa de construcción y servicios también advierte de que ante la confrontación geopolítica mundial que se vive actualmente, "los países tienen a impulsar economías regionales a expensas de la integración global, aplicando medidas restrictivas a la competencia y al comercio, sanciones, controles de la inversión, expropiaciones u otras restricciones". Por lo que pide "primar inversiones en jurisdicciones con estabilidad política y seguridad jurídica".

Por otro lado, en el movimiento hay quien ve la mano de uno de los principales accionistas de Ferrovial, TCI (más del 6% del capital). El fondo liderado por Chris Hohn, primer inversor extranjero de la firma, está acostumbrado al choque con los reguladores de aquellas empresas en que invierte. En este caso, ha apoyado el traslado de sede, según declaraciones hechas al diario Expansión.

El fondo liderado por Chris Hohn está acostumbrado al choque con los reguladores de aquellas empresas en que invierte

Pese a todo, Ferrovial ha querido remarcar que tanto el empleo como las inversiones en España se mantendrán tal y como estaban planteados, pero las críticas —veladas y explícitas— al Gobierno han provocado el reproche del Ejecutivo, que teme que este movimiento pueda tener efectos nocivos para la reputación internacional de España en un momento clave para la recepción de inversión del exterior. O que sirva de paradigma para otras firmas.