Porcelanosa hace frente a Hacienda y reclama la devolución de 56 millones

Porcelanosa ha sorteado con solidez el impacto de la pandemia mientras hace frente al brusco encarecimiento de la energía, vital para la producción de sus fábricas, y al enfriamiento de la economía. Pero, además, ha plantado cara a la Agencia Tributaria para recuperar hasta 56 millones de euros después de haber conseguido un acuerdo con las autoridades de varios países por la doble fiscalidad internacional. Una batalla contra la Administración que tiene antecedentes, como la victoria de Telefónica por cerca de 1.300 millones o la de deportistas como Jorge Lorenzo y Xavi Alonso contra el Ministerio de Hacienda.

La compañía castellonense reconoce que “ha solicitado rectificación del impuesto de sociedades de 2016-2017-2018 en relación con la reclamación de determinados asuntos por la que se obtendría un activo contingente de 56 millones de euros”. Por un criterio de prudencia, la empresa de la familia Colonques, una de las más ricas de España, no se ha apuntado todavía ese futuro ingreso en sus cuentas consolidadas, al depender de una serie de variables que todavía no están en su mano. Pero fuentes fiscales aseguran que las posibilidades de recuperar ese dinero son altas.

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Esta petición se produce después de una guerra larga entre Porcelanosa Corporación y la Agencia Tributaria por la inversión en logística y mercadotecnia que hace el holding por la venta de sus productos en los mercados nacionales y extranjeros desde sus filiales. La compañía, teniendo en consideración las políticas de precios de transferencia, acordó compensar el exceso de gasto en estos dos parámetros en que las subsidiarias incurrieron desde 2014. Por ello, en 2015, el grupo azulejero solicitó a Hacienda un acuerdo previo de valoración (APA), en relación con las operaciones vinculadas entre la sociedad cabecera y las internacionales.

En noviembre de 2018, Porcelanosa alcanzó ese pacto con la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional para el periodo 2014-2022, el cual modificó determinados parámetros de cálculo de la compensación mencionados. Aunque la empresa castellonense aplicó dicho acuerdo a los ejercicios 2018 y 2019, no lo hizo al tramo de los ejercicios 2014 a 2017, porque dicha regularización de los años ya cerrados necesitaba, en el caso de que no hubieran prescrito, acuerdos amistosos con cada Administración extranjera donde está presente el grupo.

Porcelanosa alcanzó ese pacto con la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional para el periodo 2014-2022

El equipo de fiscalistas de Porcelanosa cree que el impacto de estas regularizaciones no será significativo, porque considera que los cálculos estimados se aproximan al acuerdo con la Administración española. En cualquier caso, “los efectos directos de la potencial regularización por esta parte consistirían en computar un menor gasto en las sociedades industriales y un menor ingreso en las sociedades comerciales, tanto extranjeras coma españolas. En este sentido, conviene precisar que el efecto fiscal de la posible regularización del APA provocada por los criterios de gastos vinculados con las entidades filiales españolas sería neutro”, explica la compañía.

Porcelanosa ya ha firmado actas de conciliación entre la Hacienda italiana y la española, con un ajuste negativo de cerca de un millón de euros en relación con los ejercicios 2013 y 2015. También con la estadounidense, con la que ha rubricado un closing agreement, que permite a las sociedades industriales aportar fondos a la filial americana para completar el precio de las operaciones vinculadas realizadas durante los ejercicios 2003-2013.

Precedentes de deportistas

El paso dado por Porcelanosa es cada vez más habitual en el mundo empresarial, acostumbrado habitualmente a aceptar las exigencias de la Agencia Tributaria para evitar sanciones mayores a medio plazo. El pasado otoño, Telefónica ganó un pleito contra el Estado por la devolución de cerca de 700 millones de euros, que finalmente se convirtieron en 1.300 millones por los intereses de demora. Red Eléctrica, empresa participada en un 5% por la SEPI, también acudió a la Audiencia Nacional para reclamar unos impuestos que consideraba excesivos.

Opinión

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