Altos cargos del Gobierno se cubren ante el riesgo legal por irregularidades en fondos UE

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) ha firmado un seguro de responsabilidad administrativa y contable para sus responsables. Según detalla el organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, el objeto del contrato "es el aseguramiento de determinados riesgos objeto de cobertura vinculados con la responsabilidad civil y administrativo-contable derivada de un acto culposo, que pudiera atribuirse a los citados cargos y técnicos".

Se trata de una póliza que cubre a los encargados de repartir una parte importante del aluvión de fondos europeos (150.000 millones en total corresponden a España) que tendrá que asignar y así evitar la asunción de determinadas responsabilidades en caso de irregularidades.

El organismo quiere proteger a los altos cargos y los técnicos de las potenciales reclamaciones, por lo que denomina son "actos culposos" que entiende como "cualquier error, omisión, vulneración o incumplimiento negligentes o culposos, de obligaciones o deberes del asegurado, así como declaración inexacta o incierta, quebrantamiento de la confidencialidad debida (incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo, las vulneraciones de normas relativas a la protección de datos) que tengan lugar exclusivamente en el ejercicio de sus funciones como autoridad o personal, ya sean estos reales o presuntos".

Fuentes del sector señalan que este tipo de aseguramientos son un respaldo legal que pueden servir a los dirigentes y técnicos para que se sientan más seguros y puedan tomar decisiones y acelerar los trámites para la asignación de un aluvión de fondos europeos que cuentan con unos plazos muy exigentes y de los mismos depende, en buena parte, el crecimiento económico a corto plazo en España.

En este sentido, la documentación oficial consultada por El Confidencial señala que "IDAE se configura como uno de los actores fundamentales en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que supondrá un incremento sustancial de su gestión y, por tanto, de la responsabilidad de los empleados públicos que prestan servicios o apoyan la actividad del organismo".

Cubre error, omisión, vulneración, negligencia, declaración inexacta o incierta o quebrantamiento de la confidencialidad debida

En línea con lo anterior, destaca que "el incremento del volumen económico asociado a estas actividades encomendadas al Instituto requiere disponer de un seguro que ampare al personal directivo, al personal técnico con responsabilidad en los diferentes procedimientos administrativos, así como a los miembros del Consejo de Administración y de la Mesa de Contratación ante posibles riesgos derivados de la asunción de responsabilidades por las decisiones que se asocien a su actividad administrativa".

La firma del contrato fue rubricada este miércoles 24 de enero por el director general del IDAE, Joan Groizard. Dicha póliza cubre a la presidenta del organismo, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, el resto de miembros del consejo de administración, entre los que se encuentran altos cargos de la secretaría de Estado de Energía, como el director general de política energética, Manuel García, así como para el propio director general del IDAE y los directores de este organismo.

Con esta contratación, el IDAE se moderniza y se equipara a otros organismos públicos y privados. Las fuentes consultadas señalan que esta protección es un incentivo más para captar talento frente al sector privado en un momento en que se está contratando personal para hacer frente a la ingente labor que tiene el instituto por delante. Dicha póliza cubre incluso frente a investigaciones que partan de la propia Administración por indicios de irregularidades. Las coberturas incluyen la fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas u otros órganos equivalentes que tienen las comunidades autónomas.

Cubre casos de acoso

La cobertura del seguro firmado va más allá y entre estos actos culposos también incluye "cualquier práctica de empleo indebida". Y entre las mismas, ya sean reales o supuestas, especifica en el pliego de condiciones a tener en cuenta por los contratistas "el acoso sexual o moral en el trabajo (mobbing)". También protege frente reclamaciones por "la discriminación ilegal en el trabajo (incluyendo, a título enunciativo, pero no limitativo, aquella que sea por razón de edad, sexo, raza, origen, religión, idioma, ideología u opción política, orientación o preferencias sexuales, embarazo o discapacidad)". Otra de las coberturas incluidas es por "la difamación, la humillación o la causación de un daño emocional" en el ámbito laboral, "la invasión de la privacidad" o la "privación ilícita de oportunidades profesionales o la evaluación laboral negligente".

Dichas cláusulas de cobertura de reclamaciones frente a la administración por cuestiones como el acoso sexual no es algo exclusivo de este contrato firmado por el IDAE, sino que se trata de algo que se puede encontrar en otras pólizas de cobertura ante reclamaciones a directivos tanto en el sector privado como público. De hecho, fuentes al tanto de la contratación señalan que lo que se ha cogido es un modelo estándar de blindaje y se ha replicado, sin entrar a valorar las distintas cláusulas y dando por hecho que los modelos que recomiendan asociaciones empresariales u organismos como la FEMP, así como otras administraciones y empresas públicas, es correcto.

Las fuentes consultadas conocedoras del contrato justifican la inclusión de la cobertura por acoso en que "en realidad es una cláusula generalizada en este tipo de seguros. La razón de ser es que el funcionario al que se le reclama una cantidad por una actuación realizada en el ejercicio legítimo de sus funciones no se vea perjudicado. También cubre el coste de la asistencia letrada cuando se le acusa de un delito, y aquí entra el acoso. Se trata de un derecho a la protección jurídica de la Administración que se reconoce al empleado público. Pero desde luego no le protege si es la Administración quien, ante una denuncia recibida, le abre expediente y le sanciona por un posible acoso. Se trata de una protección frente a denuncias falsas e intentos de terceros que pueden pretender por esta vía obstaculizar que la Administración continúe tramitando procedimientos que les afectan. De hecho, si al final se considera probado que se ha cometido un delito o que el funcionario ha actuado de forma culpable, debe devolver todo lo percibido de la aseguradora".

Elige el que más cubre a altos cargos

El organismo dependiente del ramo que lidera la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tenía encima de la mesa dos ofertas. La propuesta de la aseguradora AIG cubría a todos los asegurados con hasta 5,1 millones de euros, pero el organismo público decidió firmar por Dual Ibérica, la filial española de Howden, el mayor grupo asegurador del mundo en este tipo de pólizas tan especializada, que se formalizó por 40.000 euros. Dicha propuesta cubre a la presidenta y el resto de altos cargos con hasta seis millones de euros, mientras que a los jefes de departamento les cubre con dos millones y a los técnicos con hasta un millón de euros.

El seguro, además de hacer frente a posibles reclamaciones frente a los responsables y la propia Administración pública, cubre gastos para la defensa y asistencia legal, la recuperación de la reputación o incluso gastos por asistencia psicológica. Eso sí, la póliza especifica que no se cubren actos dolosos o criminales, conductas abusivas o daños corporales o materiales. La razón de ser de estas pólizas es proteger a personal que tiene que tomar muchas decisiones sensibles, porque asignan miles o millones de euros, de demandas que podrían tener mala fe al quedarse alguno de los afectados fuera del proceso o no acceder a las ayudas a las que aspiran.

Preguntado por qué se ha firmado este contrato que cubre incluso casos de negligencia, quebrantamiento de la confidencialidad debida e incluso el acoso sexual en el ámbito laboral, fuentes oficiales del IDAE señalan que "la contratación de seguros de responsabilidad civil no se limita al ámbito privado, sino que es habitual la contratación de seguros de responsabilidad civil y patrimonial en el ámbito de las Administraciones Públicas".

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"Es habitual que las administraciones y organismos de naturaleza pública se doten de seguros y pólizas de este tipo ante posibles reclamaciones por los perjuicios que pudiera causar el personal al servicio de dichas administraciones, a la propia administración o a cualquier tercero. Para la elaboración de los pliegos que han servido de base a esta contratación, se han utilizado pliegos y "contratos tipo". De hecho, en la Plataforma de Contratación del Estado, se pueden localizar fácilmente contratos con alcances y coberturas muy similares en el caso de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, empresas públicas estatales, autonómicas y locales" añaden. "Es importante señalar que no se trata de cubrir, en ningún caso, las reclamaciones derivadas de actos dolosos o de actos tipificados como delitos o faltas".