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El Gobierno obliga a dejar de cobrar servicios añadidos al gas al cambiar de proveedor
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Naturgy trata de retener el negocio

El Gobierno obliga a dejar de cobrar servicios añadidos al gas al cambiar de proveedor

Modifica la ley ante la avalancha de peticiones de tarifa subvencionada. Obliga a las compañías energéticas a rescindir los contratos por servicios adicionales contratados, como el mantenimiento de caldera, al cambiar de tarifa

Foto:  La vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés. (EFE/Luca Piergiovanni)
La vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés. (EFE/Luca Piergiovanni)
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El Gobierno trata de limitar el negocio —muy lucrativo en algunos casos— de los servicios añadidos que dan las energéticas con el suministro de gas, por el que muchas familias pagan un recargo en la factura de alrededor de 10 euros cada mes.

Según explica el Real Decreto-ley 18/2022 hasta ahora "no se hace referencia expresa a lo que debe ocurrir con los servicios adicionales al propio suministro de gas que pueda tener contratado el consumidor y que pueden comprender, entre otros, el mantenimiento de las instalaciones". "A través de la modificación del citado real decreto se establece la obligatoriedad de rescindir los servicios adicionales contratados a la vez que la rescisión del suministro, salvo que el consumidor indique expresamente lo contrario, reforzando la protección del consumidor ante cambios de comercializador", establece el BOE.

La cuestión no es menor, ya que actualmente se está produciendo una avalancha de solicitudes de cambio de proveedor hacia la Tarifa de Último Recurso (TUR), que está subvencionada en gran parte y ofrece un precio mucho más barato que cualquiera de las de mercado libre.

Foto: Una cocina de gas. (Pixabay)

De esta forma, las grandes energéticas tendrán que rescindir los contratos de mantenimiento, que en la práctica se limita muchas veces a una revisión anual despachada en 10 minutos y por la que se pagan alrededor de 120 euros al año. Con la modificación legal, este negocio, altamente lucrativo para algunas empresas, señalan fuentes del sector, podría verse limitado.

Diferente actitud de las empresas

Sin embargo, la cuestión es más compleja de lo que parece a priori y la actitud de cada una de las grandes empresas también es diferente. Naturgy, primera comercializadora de gas de España con 3,6 millones de clientes (45% del mercado), está manteniendo este servicio cuando los usuarios se marchan o cambian a la TUR.

Pese a lo que obliga el BOE, desde la asociación de consumidores Facua advierten que estos contratos de mantenimiento legalmente son considerados como contratos de seguro. Dicha calificación hace que, aunque se rescindan al cambiar de proveedor de gas, como obliga ahora el BOE, se sigue dando el servicio hasta que concluya la última renovación firmada por 12 meses, advierte el portavoz de la asociación de consumidores Rubén Sánchez.

Por eso, se puede dar la paradoja de que un cliente decida irse a otra compañía para el suministro de gas desde Naturgy y siga recibiendo de esta un recibo, que puede rondar los 10 euros, por el mantenimiento u otros servicios añadidos contratados.

Naturgy mantiene estos servicios cuando los usuarios se marchan o cambian a la TUR si ya han disfrutado de la revisión anual de la caldera

A diferencia de la anterior, Endesa, segunda comercializadora de gas en España con 1,5 millones de usuarios (20% del mercado), asegura que el 99% de clientes de gas de Endesa —todos salvo algún caso excepcional con contratos muy específicos— pueden cambiar de proveedor o irse a otra tarifa como la regulada y se le cancelarán los servicios añadidos y su cobro desde ese momento, por lo que no tendrán ningún coste a partir de esa fecha de cambio de suministro para el usuario.

La política comercial que están aplicando ante la avalancha de solicitudes de tarifa TUR de Naturgy y Endesa respecto de los servicios añadidos como el mantenimiento de calderas o reparaciones también está siendo muy distinta. Mientras que Naturgy hace una publicidad amplia de este servicio, que invita a los usuarios a contratar tanto en el teléfono como en la web de su empresa que da la tarifa regulada, Endesa no ofrece estos servicios ni en su web de tarifa regulada ni en el teléfono de la compañía que da esta tarifa. Iberdrola, tercera comercializadora de gas nacional, también ofrece servicios de mantenimiento con la tarifa TUR, pero de una forma mucho más discreta en su web y al contratar telefónicamente.

Foto: Una torre de transporte de energía. (EFE/Luis Tejido)

Sea como fuere, el actual Reglamento de las Instalaciones Térmicas del Edificio (RITE) obliga al dueño de la caldera a contratar una revisión de la misma cada dos años, por lo que, si se deja de contratar el mantenimiento, cada hogar con caldera debe encargarse de contratar a un técnico para que cada dos años le haga una revisión. No obstante, fuentes del sector señalan que hay proveedores más allá de las energéticas que pueden dar dicho servicio de forma más barata que tener un recargo en la factura del gas de 10 euros cada mes.

Dicha revisión de caldera que hace el usuario es distinta de la inspección obligatoria de la instalación de gas cada cinco años. Este servicio lo ofrecen las distribuidoras de gas y lo cobran aparte, por lo que no está incluido en los paquetes de mantenimiento que las energéticas ofrecen habitualmente como suplemento al suministro de gas y que ahora están obligadas a anular al rescindir el suministro.

Por ahora, esta cuestión no está siendo objeto de análisis por parte de la CNMC, que sí ha abierto un expediente informativo para conocer si las empresas están siendo diligentes al dar el cambio de tarifa a los clientes que lo soliciten. Las peticiones de tarifa TUR se han multiplicado por seis en las últimas semanas. Decenas de miles de usuarios piden cada semana la tarifa subvencionada, mucho más barata que cualquiera de las ofrecidas en el mercado libre.

El Gobierno trata de limitar el negocio —muy lucrativo en algunos casos— de los servicios añadidos que dan las energéticas con el suministro de gas, por el que muchas familias pagan un recargo en la factura de alrededor de 10 euros cada mes.

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