Ofensiva de la Fiscalía contra BBVA para demostrar hechos "negados o silenciados"

La estrategia legal de BBVA vuelve a estar en el punto de mira. Tras tres años y medio de investigación del caso Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción cree que la entidad presidida por Carlos Torres ha "silenciado" presuntas irregularidades. Por ello, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro remitieron el pasado 12 de julio un duro escrito al juzgado en el que pedían ampliar la investigación, nuevas imputaciones en el banco y más pruebas. El juez Manuel García Castellón ha aceptado todas estas solicitudes.

Este golpe judicial llega en un momento complicado para la cúpula de BBVA, con nervios en torno a la entidad por la caída de la acción tras la opa por su filial turca; rumores sobre un posible cambio de consejero delegado, y con dudas del supervisor por la estrategia legal en el caso Villarejo, ya que se le 'vendió' un archivo de la causa que, a día de hoy, parece lejano.

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Así se desprende de algunas de las palabras recogidas en el escrito de Anticorrupción: "Durante el tiempo de la vigente prórroga, se han llevado a cabo diligencias consistentes en la declaración voluntaria de varios investigados (...), así como de diferentes testigos, peritos y obtención de nueva prueba documental, (...) que ha aportado información de vital importancia y, en gran medida, determinante de la constatación de hechos, hasta la fecha negados o silenciados".

Entre las principales novedades está la aparición de un nuevo trabajo hecho por las empresas del entramado de Villarejo a BBVA a comienzos de 2018. Los fiscales llaman la atención sobre que este encargo se produjo cuando el comisario ya llevaba unos meses en prisión, por lo que el banco vasco ya debería haber roto su relación con su entramado empresarial. En concreto, la sociedad contratada fue Anbycol, de su contacto Antonio Bonilla.

Nuevas imputaciones

Anticorrupción liga este trabajo a la "facilitación de información reservada de bases policiales a petición de empleados del BBVA tras la detención formal de José Manuel Villarejo Pérez". Por ello imputa de nuevo al banco, a tres empleados del área de seguridad tecnológica (Óscar Santos, Simón Galera y José Manuel Cantero), a tres policías, a Bonilla (exaliado de Villarejo) y a una octava persona de origen desconocido (Ana María Encinas). Desde BBVA, no hicieron comentarios.

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Junto a ello, el escrito de los fiscales muestra su enfado con el banco por, presuntamente, haber negado que sus equipos supieran que Villarejo estaba detrás de la sociedad Cenyt, a la que el banco contrató entre 2004 y 2017. "BBVA ha manifestado en incontables ocasiones que desconocía que detrás del Grupo Cenyt se encontraba José Manuel Villarejo Pérez, sin embargo, como consecuencia de la diligencia consistente en recabar los informes internos de valoración del riesgo de las operaciones crediticias concedidas a dicho grupo, se ha constatado que ello NO ES ASÍ [las mayúsculas son del escrito]", expone Anticorrupción.

Además, los fiscales recuerdan que en BBVA "eran plenamente conocedores de que la misma [Cenyt] estaba dirigida y coordinada por miembros de Seguridad del Estado".

Por ello, la Fiscalía reclama que BBVA identifique a sus empleados que intervinieron de forma directa o indirecta en la gestión de la cuenta corriente de Cenyt, para hacer "constar quién fue el responsable del expediente, a efectos de aclarar quién escribió sobre el mismo, identificó a 'Pepe Villarejo', su grupo empresarial y la concesión del riesgo". Es decir, que en la documentación interna de la entidad han salido a la luz documentos que acreditarían que empleados de la entidad daban importancia al hecho de que Villarejo fuera cliente. No es la primera vez, ya que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía detectó un correo en el que el jefe de BBVA Uruguay reconocía que le habían pedido trato vip para el comisario.

Esta línea de la investigación es clave para determinar la posible responsabilidad de BBVA como persona jurídica. En caso de que hubiera evidencias de que detrás de Cenyt estaba Villarejo y que se miró hacia otro lado durante años, podría implicar un posible delito de cohecho.

Un empleado de BBVA marcó 'Pepe Villarejo' en un informe de riesgos

Anticorrupción también da importancia a un detalle del que informó un exdirectivo del banco, Ignacio Pérez Caballero, cuando "afirmó que el BBVA había realizado una auditoría de compras a proveedores externos, extremo este que, salvo error del Ministerio Fiscal, fue negado por el responsable de auditoría y cumplimiento". Por ello piden dicho informe, lo que es de "especial relevancia" para saber si, como afirmó Pérez Caballero, BBVA se saltó la normativa de compras en la contratación de Villarejo.

El informe de los fiscales también advierte de una posible contratación del comisario por parte del banco para "peticiones y facilitación de información de cuentas afectadas por el secreto bancario sin autorización judicial".

Junto a estas nuevas pruebas, la Audiencia Nacional acordó volver a citar al expresidente Francisco González, a petición propia, y a un empleado del banco como testigo: el que hizo la contestación a requerimientos de información del Sepblac en 2017 sobre Cenyt y Villarejo. El banco negó entonces conocimiento del comisario.