La Audiencia amplía el caso Villarejo e imputa a nuevos empleados de BBVA

La Audiencia Nacional hace más larga la travesía por el desierto de BBVA con el caso Villarejo. El juez Manuel García-Castellón ha acordado ampliar la causa otros seis meses, a pesar de la petición del banco de que concluyera esta misma semana y de que se levantara su imputación. De hecho, el presidente de la entidad, Carlos Torres, llegó a afirmar a comienzos de año que el caso es "muy cansino".

El juzgado ha tomado esta decisión tras una batería de nuevas medidas que propone la Fiscalía, que incluyen la imputación de nuevos empleados de BBVA por un trabajo de Cenyt para el banco a comienzos de 2018, cuando el comisario ya estaba en prisión.

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Jorge Zuloaga

Se trata de al menos tres empleados del área de seguridad tecnológica, Óscar Santos, Simón Galera y José Manuel Cantero, y al propio banco, al que el juez también cita de nuevo como investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.

Esta decisión supone un nuevo mazazo para BBVA en el caso Villarejo, del que ha intentado liberarse recientemente con un escrito defendiendo su colaboración y aferrándose a las 'doctrinas' de los casos Bankia, Repsol y CaixaBank. Aunque en su escrito el juez García-Castellón no responde a la petición de BBVA, el hecho de volver a citarle como imputado parece cerrar la puerta implícitamente.

¿Nueva contratación?

"Con relación a la persona jurídica investigada (BBVA) y a Antonio Bonilla se considera, sin embargo, que resulta precisa la nueva declaración como investigados, pues estos hechos, si bien se encuentra directamente vinculados con las contrataciones de Centy (Antonio Bonilla fue su director de Operaciones), tienen la particularidad que son posteriores a la detención de José Manuel Villarejo Pérez y se producen en la misma dinámica pero referenciándose a través de la mercantil Anbycol en fechas del 14 de enero de 2018 entre otras", expone en su auto el juez.

De ser cierta esta línea de investigación, choca contra la línea de flotación de la defensa de BBVA de colaboración con el juzgado, ya que se estaría poniendo sobre la mesa un nuevo trabajo de Cenyt para el banco del que no se habían dado detalles hasta ahora.

De hecho, parte de las nuevas pruebas que se solicitan —como informes de auditoría interna y conocimiento de las cuentas de Cenyt— es para "determinar el grado de conocimiento y cumplimiento de la normativa interna del banco".

Junto a todas estas medidas, el juzgado ordena oficiar a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía para que ofrezca iniciar acciones a 67 personas que fueron potencialmente perjudicadas por el espionaje de Villarejo para el banco. Entre ellas figuran empresarios del ladrillo como Fernando Martín, Luis Portillo, Nicolás Osuna, Eduardo Santos, Román Sanahuha y Enrique Bañuelos, e incluso el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro.