Cabify pide a Colau que rectifique sus acusaciones y que lo desvincule de Uber

Cabify ha pedido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que rectifique sus declaraciones y que no lo vincule a las malas prácticas de Uber, tal y como hizo en unas recientes declaraciones a 'El País' y a otros medios de comunicación. Por eso, Cabify ha remitido a la alcaldesa una carta a la que ha accedido El Confidencial en que le solicita que modifique su valoración sobre las empresas de VTC. Cabify es la única gran empresa de VTC que da servicio en la capital catalana.

Ada Colau se manifestó esta semana sobre las VTC asegurando que “son grandes plataformas digitales que se escaquean de cumplir impuestos, no cumplen las reglas y generan competencias desleales. Explotan muchas veces a falsos autónomos que ganan muy poquito mientras ellos se llevan millonadas”.

“Son depredadores, saturan el mercado, revientan precios para cargarse a los taxistas y luego, si hubiesen saturado el mercado, no habrían dudado en subir los precios”, añadió Colau, que además se atribuyó el mérito del decreto de la Generalitat que ha recortado de manera importante el número de VTC que pueden operar y que perjudica a Cabify de manera directa.

Ante esto, el presidente de Cabify, Juan de Antonio, le ha pedido a la alcaldesa de Barcelona en Comú que matice sus palabras, al menos en lo que respecta a Cabify: “Estoy seguro de que, en honor a la verdad, sabrá rectificar y evitar que unas declaraciones incorrectas dañen nuestra reputación en una ciudad que, como usted, amamos profundamente”.

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“En primer lugar, desde Cabify no hemos evadido impuestos ni en Barcelona, ni en España, ni en ninguna otra ciudad o país donde operamos desde que nacimos, allá por 2011. Cabify factura todos y cada uno de los viajes en los mercados locales en los que opera. Nuestra sede corporativa está en Madrid, todas nuestras sociedades operativas en el resto de mercados dependen de sociedades domiciliadas en España y toda la propiedad intelectual de nuestros desarrollos tecnológicos se queda en España”, le recuerda De Antonio en su misiva.

La alcaldesa se había referido a los informes de Uber, una filtración que ha sacado a la luz las malas prácticas de la empresa. Pero Uber dejó Barcelona en 2019. En realidad, solo Cabify ha seguido operando en la capital catalana. Y Uber y Cabify no son la misma empresa.

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El presidente de Cabify le ha recordado a Colau que “somos la única plataforma de movilidad que ha seguido operando con VTC en Barcelona desde hace 10 años, y nos sentimos orgullosos de ello”.

Contactos con el ayuntamiento

Cabify recuerda además a Colau: “Señora alcaldesa, sus declaraciones no son justas con nosotros. El pasado mes de junio, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con su teniente de la alcaldesa, Laia Bonet, le tendimos la mano para buscar soluciones que vayan contra los verdaderos problemas de los barceloneses y los vecinos del área metropolitana”.

La Generalitat ha decretado duras limitaciones a las VTC en Cataluña

La Generalitat han implantado una serie de duras limitaciones a las VTC que en la práctica reducen el número de licencias de 4.000 a cerca de 1.000. No es la aspiración que tenía el sector del taxi, que aspiraba a que solo hubiese una VTC por cada 30 licencias de taxi del Área Metropolitana de Barcelona. Pero se trata de un recorte drástico que además las limita por la vía de que los coches tienen que tener 4,9 metros de largo.

Sociovergencia parlamentaria

El acuerdo tuvo una cocina tan discreta como poco conocida, ya que se cocinó entre JxCAT, que controla la Conselleria de Políticas Digitales e Infraestructuras y fue la que hizo el decreto, y el PSC, que cuenta con el apoyo de los taxistas para que Jaume Collboni consiga llegar a la alcaldía, según explican fuentes parlamentarias. En toda España, el sector del taxi pone de ejemplo a Barcelona como modelo para frenar a las VTC.

La previsión es que el nuevo decreto se valide en el Parlament la próxima semana, si bien no se sabe si para entonces ya se habrá abierto juicio oral a Laura Borràs por los presuntos delitos de falsedad y prevaricación, lo que podría afectar a toda la vida parlamentaria. Pero todo eso, en realidad, es una incógnita.