Hoteleros, Almeida y Colau unen fuerzas para reglar los pisos turísticos en la ley de vivienda

José Luis Zoreda, vicepresidente de la patronal hotelera Exceltur, levantó ayer la liebre sobre la ofensiva conjunta que las grandes empresas turísticas del país ultiman junto a seis importantes ayuntamientos: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y San Sebastián.

Todos ellos llevan tiempo trabajando en un informe que, según Zoreda, es el más ambicioso y profundo realizado hasta el momento sobre el impacto que tienen los pisos turísticos en las ciudades en todas sus vertientes: desde la gentrificación (expulsión de los vecinos de sus barrios) hasta su relación con el alza del precio de la vivienda y de los alquileres.

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De hecho, el objetivo de Exceltur y de los municipios gobernados por José Luis Martínez-Almeida, Ada Colau, Joan Ribó, Francisco de la Torre, Antonio Muñoz y Eneko Goia es que el Gobierno de Pedro Sánchez aproveche la tramitación de la ley de vivienda para incluir en ella normativas que pongan coto a los pisos turísticos.

Aunque Zoreda declinó dar detalles, al estar todavía terminando el informe, sí que se lamentó de la existencia de numerosos vacíos legales en que se mueven estas viviendas y de los que se aprovechan, a su entender, gigantes como Airbnb para hacer negocio sin que, a cambio, se les exija ser garantes del cumplimiento de las leyes por parte de las viviendas que se anuncian en su plataforma.

Para evitar esto, hoteleras y alcaldes abogan por que el Gobierno cree un "cascarón jurídico", aprovechando la tramitación de la ley de vivienda, sobre el cual se pueda construir una línea común de actuación que, sin invadir competencias autonómicas o locales, sí actúe como columna vertebral y vertebradora de toda la piel de toro.

Hace casi una década, en el año 2013, se decidió dejar las viviendas de uso turístico fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y desde entonces cada comunidad autónoma ha ido legislando, creando su propio marco jurídico, lo que ha dado lugar a una disparidad de requisitos y multitud de interpretaciones, terreno abonado para jugar a hacer negocio en zonas grises.

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A la espera de que Exceltur desvele los resultados del informe, hace tiempo que la patronal viene denunciando el negativo impacto que estos pisos tienen en su capacidad de contratación, ya que al ser una industria tan estacional, en muchos enclaves los contratos son de temporada y las plantillas se desplazan a vivir a esas zonas en los periodos de demanda de trabajo.

En la isla pitiusa, por ejemplo, ya antes del estallido de la pandemia se llegaban a pagar 500 euros por vivir en un balcón, 650 por un colchón en una furgoneta o más de 1.200 euros de alquiler por una vivienda de apenas 40 metros cuadrados.

Números que hacen muy difícil poder compensar este gasto con los sueldos que se pagan en la industria, problema que se ha agravado este verano, ya que tras dos años de pandemia, muchos trabajadores que fueron expulsados del mercado laboral de la noche a la mañana ahora no quieren volver.