Galán pide por quinta vez su desimputación de Villarejo por haber prescrito los delitos

Mientras Ignacio Sánchez Galán despachaba el pasado viernes en apenas 40 minutos la junta general de accionistas, su abogado, Carlos Domínguez Luis, solicitó de nuevo al juez de la Audiencia Nacional el sobreseimiento y el archivo de las causas contra el presidente de Iberdrola por los pagos supuestamente irregulares al comisario Villarejo. En esta quinta ocasión en que reclama que se le libere de cualquier responsabilidad, el primer ejecutivo de la eléctrica basa su escrito en que los presuntos delitos que se le achacan ya habrían prescrito, según un reciente auto del magistrado Félix Alfonso Guevara Marcos.

El abogado del bufete Business & Law explica en su escrito que la imputación de Galán, dictada por la Audiencia Nacional el 23 de junio de 2021, le vincula con los proyectos Arrow (de 2004 a 2006), Black Board (2004 a 2005) y Gipsy y Posy, fechados en 2009. Con el primero y según los informes de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a políticos de Arcos de la Frontera (Cádiz), donde la eléctrica construyó una central térmica por unos 1.000 millones, mientras que el segundo ordenó al comisario que siguiera a Manuel Pizarro, presidente de Endesa, y con el tercero, a Florentino Pérez, presidente de ACS.

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Pese a que el juez Manuel García Castellón rechazó el pasado 11 de marzo la desimputación de Galán, al considerar que “la concurrencia de prescripción habría de abordarse en el momento de la finalización de la instrucción”, Carlos Domínguez se acoge a un reciente auto del pasado 3 de junio del magistrado Guevara Marcos en que ha fijado en 10 años el periodo para acordar la prescripción de los hechos, en lugar de los 15 años que se tomaban como referencia, según una resolución de apenas unos días antes.

Esos 10 años fue el argumento que permitió el sobreseimiento el pasado 11 de marzo de Rafael Orbegozo, jefe del gabinete de presidencia de Iberdrola y responsable de al menos dos facturas de Villarejo por los delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Esas dos facturas están fechadas en 2009, el mismo año en que a Galán se le imputan las mismas acusaciones. En consecuencia, para el letrado del presidente de Iberdrola, si a Orbegozo se le liberó de cualquier acusación, a su cliente también le tendrían que exonerar de los cargos porque la situación jurídica de ambos “resulta idéntica”.

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Especialmente, según el escrito del abogado de Business & Law, porque “ninguno de los delitos atribuidos [a Galán] se encuentra castigado con pena de prisión que exceda de los 10 años, por lo que el plazo de prescripción es de 10 años a contar desde su 'comisión' hasta que el procedimiento se dirija contra el investigado. Plazo ampliamente superado en el caso”. En su opinión, ya no se pueden investigar hechos que “la ley veda por prescritos” y a personas cuya responsabilidad estaría “extinguida”.

El juez, harto

En el auto del pasado mes de marzo, García Castellón indicó que el presidente de Iberdrola le había pedido el sobreseimiento de las actuaciones hasta en cuatro ocasiones: "Por lo que se refiere a la prescripción de las actuaciones, alegada de nuevo por la defensa de José Ignacio Sánchez Galán, se vuelve a incidir sobre la misma cuestión pese a los diferentes pronunciamientos", explicó el magistrado. "Llama la atención que la defensa del investigado señale que este alegato 'no ha sido objeto, a día de hoy, de respuesta expresa y efectiva por el juzgado", criticó.

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El juez, de hecho, ni siquiera contestó de forma directa al último argumento, sino que apuntó a anteriores resoluciones que ya daban "respuesta expresa a la solicitud de prescripción" para "evitar reiteraciones innecesarias". En cuanto a "la falta de concreción de los hechos imputados" esgrimida por su abogado, siguió la misma línea y sostiene que ya se desgranaron "de forma minuciosa". "El investigado ha sido informado con pleno respeto al ejercicio de su derecho de defensa de los hechos imputados", concluyó García Castellón.