El juez embarga 130 millones a tres directivos de Iberdrola por la corrupción eólica

Ignacio Sánchez Galán salió por la puerta grande el pasado viernes de la junta general de accionistas de Iberdrola, al anunciar que todos los puntos del orden del día se habían aprobado con un respaldo medio del 98%. El presidente, imputado por el caso Villarejo, repasó la actualidad de la eléctrica y prometió otro año récord de resultados y dividendos. Lo que no mencionó a los dueños de la compañía es el reciente dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ordena desmantelar la mayor planta fotovoltaica de España y Europa, ni el reciente auto del juez de la conocida como 'trama eólica', que ha solicitado el embargo de las cuentas de tres directivos del grupo por 130 millones de euros.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid cursó el pasado 10 de mayo el decreto de embargo de cuentas y del IRPF contra Pedro Barriuso, el que fuera máximo responsable de la división de Renovables de Iberdrola, contra Rafael Icaza de la Sota, director de control, y contra Ricardo Bravo, ejecutivo de Ibercyl, la filial de Castilla y León del grupo con sede en Bilbao, a través de la cual y según la Fiscalía se organizó una trama de corrupción para la concesión irregular de autorizaciones de parques eólicos en la comunidad autónoma entre 2003 y 2011.

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En octubre del pasado año, la Fiscalía Anticorrupción formuló un escrito de acusación y pidió penas de cárcel de entre cuatro y 42 años para cinco ex altos cargos de la Junta y 11 empresarios, entre los que estaban los tres de Iberdrola. Para ellos, el fiscal solicitó seis años de prisión. En noviembre, Javier de Blas, el magistrado que ha investigado la causa, dictó la apertura del juicio oral e impuso fianzas millonarias, tanto a la Junta de Castilla y León como a Iberdrola y a todos los señalados por haberse beneficiado presuntamente de concesiones ilegales tras pagar mordidas de 80 millones, según mantiene la acusación y ha sido publicado en medios locales.

Las partes, incluido el Gobierno regional, controlado por el Partido Popular, y los directivos de Iberdrola, recurrieron las fianzas con recursos de reposición. Pero, según han confirmado desde el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, estos recursos fueron desestimados y el pasado 10 de mayo se decretó el embargo contra Barriuso, Icaza y Bravo. El auto sobre el primero, que actualmente es consejero delegado de Fisterra Energy, una empresa de renovables controlada por Blackstone, está pendiente de "recurso de revisión". Icaza, cuya familia es fundadora de la Deusto Business School, no ha presentado un nuevo recurso y la confiscación de sus bienes está pendiente de ejecución, situación similar a la de Bravo.

Según fuentes próximas a Iberdrola, Icaza, el único de los tres directivos que continúa en la compañía, ha pedido ayuda económica al grupo, al no disponer de patrimonio con el que poder hacer frente a los 130 millones que le reclama el juzgado de forma solidaria con Barriuso y Bravo. La eléctrica, que no ha respondido a la petición de información de este medio, tiene que hacerse cargo de una multa de 11,25 millones, tal y como recoge en su informe anual, junto con la Junta de Castilla y León, que tiene que depositar 24 millones. Barriuso, que inicialmente apeló sin éxito que los hechos que le afectaban a él habían prescrito, no quiso hacer comentarios sobre esta noticia.

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EFE

El presunto caso de corrupción conocido como trama eólica tenía como cerebro, según la Fiscalía, a Rafael Delgado, viceconsejero de Economía durante los mandatos de Juan Vicente Herrera, y a los hermanos Alberto y Francisco Esgueva, dueños de una compañía denominada San Cayetano Wind, con la que Iberdrola firmó varios acuerdos para promover, construir y explotar parques eólicos en Castilla y León. Los hermanos Esgueva recibieron por ello 31,6 millones de euros.

Reclamación de Hacienda

Junto a esta causa, la relación entre Iberdrola y San Cayetano Wind también colea en la Agencia Tributaria. En 2013, la Dependencia Regional de Inspección de Castilla y León dictó sendos acuerdos de declaración de responsabilidad solidaria de lberdrola Renovables Castilla y León por las deudas tributarias de IVA de 2007, 2008 y 2009 impuestas a la mercantil de los hermanos Esgueva. La agencia tributaria regional consideró que San Cayetano Wind prestó unos servicios de intermediación a lbercyl que debió facturar con IVA. La deuda tributaria total ascendía a 7,36 millones.

La eléctrica, que actualmente tiene a tres exministros del PP en distintos consejos de administración (Fátima Báñez, Ángel Acebes e Isabel García Tejerina), recurrió estos acuerdos, así como los dictados en 2016 por la Delegación regional de Recaudación, hasta reclamar en el Tribunal Económico Administrativo Central, que redujo el alcance de su responsabilidad. La batalla jurídica se trasladó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cuya resolución aún estaba pendiente. San Cayetano Wind fue extinguida en 2013.