Del Olmo pide protección al juez por la coacción de Iberdrola y carga contra Galán

José Antonio del Olmo, el conocido como testigo clave del caso que vincula a Iberdrola y a José Manuel Villarejo, ha declarado esta mañana en la Audiencia Nacional para exponer ante el juez el 'modus operandi' de cómo la eléctrica abonó al excomisario de Policía sus minutas por los trabajos prestados. Una intervención que el que fuera director de administración del grupo energético ha aprovechado para solicitar protección jurídica por lo que considera coacciones y amenazas por parte de la que durante más de 30 años fue su empresa.

Según fuentes jurídicas, Del Olmo, jubilado desde 2016, ha detallado ante Manuel García Castellón, el encargado de investigar el denominado caso Tándem, la fórmula que utilizó Iberdrola para saltarse la normativa interna que impedía pagar facturas que no estaban presupuestadas o habían sido autorizadas por el Comité Operativo. Un órgano de gestión de la eléctrica que se reunía todos los lunes y que estaba presidido por Ignacio Sánchez Galán, el actual presidente y consejero delegado del 'holding'.

Del Olmo ha relatado al juez que, como los trabajos encargados a Cenyt, la empresa de Villarejo, no estaban aprobados internamente, se utilizó la fórmula de los anticipos, debido a la presión ejercida por Antonio Asenjo, el jefe de Seguridad. Asenjo le insistió que los pagos eran “urgentes” y presuntamente conocidos por Galán, por lo que el ‘controller’ sugirió a su superior, Pablo Insunza, usar ese método para cumplir con el mandato del responsable de la contratación del expolicía.

Como ha adelantado El Confidencial esta mañana, en junio de 2004, Iberdrola hizo los primeros pagos en forma de anticipos a Castellana de Seguridad (Casesa), la empresa que fue utilizada como pantalla y que después hacía la transferencia a Villarejo. Posteriormente, en julio de ese mismo año, se procedió a un segundo anticipo y en septiembre a un tercero por importes de 210.000, 71.500 y 70.000 euros, respectivamente, por una suma total de 351.500 euros. Una cantidad que Asenjo intentó cargar al área de Seguridad que no estaban bajo su responsabilidad, la de presidencia y centrales nucleares, dirigida pro Marcos Peña, que se negó a hacerse cargos de unas facturas por unos trabajos que desconocía.

El Comité Operativo no aprobó el presupuesto de Casesa hasta noviembre, momento en el que se anularon los anticipos y se procedió a incorporar los pagos ya autorizados a esta compañía en la contabilidad interna de Iberdrola. Del Olmo ha asegurado al juez que dispone de toda la documentación que avala su declaración, pero que solo se lo entregará si se lo pide la Audiencia Nacional por temor a una nueva querella de la eléctrica por disponer de información confidencial.

Iberdrola ha puesto varias demandas y querellas contra su exempleado. La primera de ellas la ha ganado en un tribunal de Bilbao, por tener en su propiedad documentación que no debió haber salido de la compañía. Además, le ha solicitado judicialmente la devolución de más de 600.000 euros pagados en concepto de retribución variable, asunto para el que llevó a cabo una investigación sobre su patrimonio personal para exigir el embargo de parte de sus bienes por esta cantidad.

Por este motivo, Del Olmo ha reclamado al juez que le conceda la calificación de testigo protegido, una figura reconocida en la Unión Europa, pero que la Justicia española todavía no ha trasladado a la normativa nacional. Aunque García Castellón sí le ofreció cuando empezó a investigar el caso protección policial, el testigo clave le ha explicado que, para poder darle más documentación, es necesario que pueda sentirse cubierto por las “coacciones y amenazas” que está sufriendo desde Iberdrola para que no hable.

El extrabajador también ha detallado que Galán implantó en 2010 una estructura administrativa por la que cualquier pago a terceros se aprobaba por la Corporación Unica. Con independencia de qué filial abonase la factura finalmente, los responsables de la sociedad 'holding' eran los que visaban y autorizaban cualquier factura. Un matiz esencial para que el juez decida si imputa a Iberdrola SA, la matriz, en lugar de a Iberdrola Renovables, la subsidiaria a través de la cual se hicieron los últimos abonos a Villarejo.

La imputación de Iberdrola SA ha sido solicitada en hasta tres ocasiones por ACS, personada en el caso por haber sido presuntamente una de las víctimas de las investigaciones y seguimientos del excomisario. Pero, de momento, García Castellón no ha atendido esta petición y ha limitado la responsabilidad jurídica a Renovables. Un detalle relevante porque, de momento, las consecuencias no recaerían sobre ninguno de los consejeros de la sociedad cotizada, que hasta la fecha han cerrado filas con el presidente.