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Anticorrupción descubre la contabilidad secreta de Iberdrola en los pagos a Villarejo
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LAS NUEVAS FACTURAS

Anticorrupción descubre la contabilidad secreta de Iberdrola en los pagos a Villarejo

La eléctrica usó un método de anticipos para eludir las normas internas que le impedían abonar a Casesa los trabajos que presuntamente hacía el policía vinculado al CNI

Foto: Logo de Iberdrola. (Reuters/Sergio Pérez)
Logo de Iberdrola. (Reuters/Sergio Pérez)
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Iberdrola se enfrenta esta semana a una nueva ronda de declaraciones judiciales en relación con los contratos con José Manuel Villarejo, el comisario de policía que presuntamente espió a políticos, sindicalistas, ecologistas y competidores de la eléctrica. La más relevante será la de José Antonio del Olmo, el conocido como testigo clave, que ha pedido acudir a la Audiencia Nacional de forma voluntaria para aportar más documentación al juez sobre cómo se tramitaron las facturas y pedir la protección por temor a su integridad.

Según ha podido saber El Confidencial de fuentes de la investigación, Iberdrola esquivó la obligación de aprobar a través del Comité Operativo, como exigía la normativa interna, las facturas a Castellana de Seguridad (Casesa), la empresa pantalla que posteriormente pagaba a Villarejo, mediante el abono en modo de anticipos. Así consta en los registros de la eléctrica, que adelantó 210.000 euros a Casesa a petición de Antonio Asenjo, el jefe de Seguridad, quien aseguró que era urgente dispensar ese dinero por unos trabajos que solo eran conocidos por Ignacio Sánchez Galán, en ese momento vicepresidente y consejero delegado, según el testimonio de Del Olmo.

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Los trabajos se referían al conocido como Proyecto Arrow, con el que Iberdrola quería construir una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz), con una inversión de unos 1.000 millones de euros. La planta recibió la oposición de varios partidos del ayuntamiento local, así como de unos ecologistas, a los que Villarejo investigó a petición supuestamente de la eléctrica. Asenjo le entregó a Del Olmo cuatro facturas en mayo de 2004 que debían ser pagadas de forma inmediata, pero el ‘controller’ se negó a tramitar esas órdenes porque el sistema interno, SAP, requería disponer de dicho presupuesto oficial.

Un presupuesto que debía visar Fernando Becker, en ese momento responsable de Recursos Humanos, área de la que dependía Seguridad, y ser propuesto al Comité Operativo u órgano de dirección ordinario, presidido por Galán. Como el jefe de Seguridad insistió en que las cuatro primeras facturas debían ser abonadas urgentemente, Pablo Insunza, el responsable de la Dirección de Administración y superior de Del Olmo, podía cumplir con Casesa mediante adelantos que serían anulados cuando el Comité Operativo aprobase el presupuesto extraordinario, instante en el que las facturas se contabilizarían ya dentro del sistema SAP. Insunza, actual directivo de Iberdrola e imputado por el caso, aprobó mediante unas hojas manuscritas los anticipos a Casesa, los cuales se ejecutaron con fecha 1 de junio.

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Extracto contable donde se registraron los anticipos a CASESA

Más tarde, a mediados de julio, Asenjo lleva otras tres facturas al 'controller' por 71.500 euros que también tienen carácter de urgencia. Como estas tampoco se habían aprobado en el Comité Operativo, Iberdrola utilizó el mismo método del anticipo, que se cursó el 26 de julio por el importe citado. Fórmula que la eléctrica repitió en septiembre, cuando el jefe de Seguridad presentó la última factura por 70.000 euros, ya que el órgano de gestión no había aún validado el presupuesto total de 351.500 euros en favor de Casesa. Esta empresa fue la que después pagó a Villarejo, según ha comprobado la Agencia Tributaria y reconocieron los entonces responsables de esa compañía en sede judicial el pasado mes de marzo.

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Según fuentes próximas a la investigación, el motivo por el que todos los pagos no se sometían al escrutinio del Comité Operativo fue que Asenjo y Becker intentaron que el presupuesto se cargara al área de seguridad del presidente, Íñigo de Oriol, cuyo responsable era Marcos Peña, para no aumentar los costes de la división. Pero Peña, también policía, se negó en redondo a que le quitaran ese dinero y le endosaron esos pagos por unos trabajos que no conocía y no estaban bajo su supervisión. Especialmente porque, además, procedían del departamento de Asenjo, que le había quitado poderes en la compañía —las funciones de Peña se limitaron a presidencia y centrales nucleares— al ser el hombre de confianza de Galán.

Finalmente, ante esta negativa, el 9 de noviembre, tras la aprobación al fin por el Comité Operativo, se anularon los tres anticipos a Casesa de 210.00, 71.500 y 71.000 euros, respectivamente, y se contabilizan como facturas dentro del sistema SAP. Ese mismo día, Iberdrola autoriza el pago de 100.000 euros a Cenyt, la empresa propiedad directamente de Villarejo, por un proyecto que en total asciende a 450.000 euros y que concluirá en 2005. Un trabajo que fue visado por Asenjo, Becker y José Luis San Pedro, que llegó a ser el número dos de Iberdrola hasta su retirada en 2016, y por el Comité Operativo dirigido por Galán.

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Días más tarde, Del Olmo se reunió el 1 de diciembre con San Pedro para exponerle su inquietud sobre estos pagos y el informe que había preparado con los detalles de lo sucedido, documento que se ha convertido en la columna vertebral de la investigación por parte de la Audiencia Nacional y del que Iberdrola niega su veracidad. La eléctrica ha sostenido siempre que las 17 facturas abonadas al comisario, pese a ser la mayoría sin pedido oficial, fueron siempre lícitas.

Pero la mano derecha del presidente, ambos imputados aún, le dijo que se olvidara del tema. Debido a esta reacción, el 'controller' optó por acudir a un notario y depositar un escrito en el que exponía las presuntas irregularidades y el interés personal del consejero delegado (Galán) para que aceptase el pago de las facturas.

Iberdrola se enfrenta esta semana a una nueva ronda de declaraciones judiciales en relación con los contratos con José Manuel Villarejo, el comisario de policía que presuntamente espió a políticos, sindicalistas, ecologistas y competidores de la eléctrica. La más relevante será la de José Antonio del Olmo, el conocido como testigo clave, que ha pedido acudir a la Audiencia Nacional de forma voluntaria para aportar más documentación al juez sobre cómo se tramitaron las facturas y pedir la protección por temor a su integridad.

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