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El juez de Villarejo prevé aplazar su jubilación y mantenerse al frente del caso
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El juez de Villarejo prevé aplazar su jubilación y mantenerse al frente del caso

La Ley Orgánica del Poder Judicial fija el retiro de los magistrados a los 70, pero da la opción de que soliciten, con dos meses de antelación, una prolongación hasta que cumplan 72

Foto: José Manuel Villarejo. (EFE/Javier Lizón)
José Manuel Villarejo. (EFE/Javier Lizón)
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El juez central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, prevé solicitar la prolongación de su actividad más allá de los 70 años. El magistrado encargado del caso Villarejo cumple 70 años el próximo octubre, pero no tiene intención de jubilarse y se mantendrá al frente del juzgado al menos un año más. La Ley Orgánica del Poder Judicial fija el retiro de los magistrados en esa edad, pero da la opción de que soliciten, con dos meses de antelación, una prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan, como máximo, 72 años de edad.

Con esta decisión, el juez garantiza la continuidad en la instrucción de la macrocausa que arrancó con la detención, el 3 de noviembre de 2017, de José Manuel Villarejo. Desde aquel momento, el procedimiento ha ido sumando piezas separadas hasta alcanzar un total de 32. De momento, solo tres de ellas se están juzgando en una única vista oral que acumula las bautizadas como Iron, Land y Pintor. En ellas, la Fiscalía Anticorrupción pide penas para el policía superiores a los 100 años de prisión.

Foto: El comisario jubilado José Manuel Villarejo. (EFE)

En concreto, la pieza separada 2, Iron, trata del espionaje en un bufete de abogados. Anticorrupción acusa a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, de realizar labores de espionaje de exempleados que habían abierto un bufete nuevo. En la pieza Land se investiga la contratación por parte de los herederos del creador de la urbanización de lujo La Finca con el objetivo de hacerse, presuntamente de manera irregular, con una herencia familiar. Por último, la pieza Pintor investiga a los empresarios Juan y Fernando Muñoz por la presunta extorsión de un antiguo colaborador y su abogado, el exjuez Francisco Javier de Urquía.

Además de estas piezas, en la causa se encuentran otras de relevancia. Varias de ellas investigan las vinculaciones del comisario con empresas del Ibex. Iberdrola, BBVA, Repsol y CaixaBank mantienen imputados a buena parte de su cúpula por trabajos que se asemejan al más puro espionaje industrial. Otra de las piezas más conocidas es la bautizada como Kitchen, dedicada al espionaje irregular del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Púnica y Lezo

Al margen del caso Villarejo, el Juzgado Central de Instrucción 6 acumula dos de las principales causas sobre la corrupción del PP que aún permanecen abiertas: Púnica y Lezo. La primera de ellas arrancó en el año 2014 y ha enfilado ya su última fase antes del cierre definitivo de la decena de piezas que acumula. Por el momento, solo se ha juzgado el chivatazo que recibió el principal acusado, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados. La principal línea de investigación se dedica a indagar en la presunta financiación irregular del partido en la capital y cuenta entre sus imputados con la expresidenta Esperanza Aguirre.

García Castellón también instruye el caso Lezo, en el que se ha propuesto juzgar al expresidente madrileño Ignacio González, por la compra presuntamente fraudulenta y por unos 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014. En otra de sus líneas se ha instruido la compra de la empresa colombiana Inassa, por la que irán a juicio 22 acusados, entre ellos, los exconsejeros madrileños Juan Bravo y Pedro Calvo, para quienes la Fiscalía pide penas de entre seis y siete años de cárcel.

El juez central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, prevé solicitar la prolongación de su actividad más allá de los 70 años. El magistrado encargado del caso Villarejo cumple 70 años el próximo octubre, pero no tiene intención de jubilarse y se mantendrá al frente del juzgado al menos un año más. La Ley Orgánica del Poder Judicial fija el retiro de los magistrados en esa edad, pero da la opción de que soliciten, con dos meses de antelación, una prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan, como máximo, 72 años de edad.

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