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El comité ejecutivo de Iberdrola presidido por Galán aprobó los pagos a Villarejo
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UNA VEZ ABONADAS LAS FACTURAS

El comité ejecutivo de Iberdrola presidido por Galán aprobó los pagos a Villarejo

La comisión delegada de la eléctrica validó 'a posteriori' las facturas abonadas a Casesa, una de las presuntas empresas pantalla utilizadas para contratar al comisario de policía

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
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Ignacio Sánchez Galán tiene previsto acudir hoy a la Audiencia Nacional, acompañado por su abogado, Carlos Domínguez, y varios guardaespaldas, para declarar por su imputación en los presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil en los pagos al comisario José Manuel Villarejo. Según fuentes próximas al caso, el actual presidente de Iberdrola aprobó la primera tanda de ocho facturas presuntamente falsas en un comité ejecutivo celebrado en noviembre de 2004, del que también formaron parte José Luis San Pedro y Francisco Martínez Córcoles, sus dos hombres de máxima confianza.

Según estas fuentes, el comité ejecutivo, el máximo órgano de Iberdrola en la gestión diaria de los negocios, rubricó en noviembre de 2004 el primer trabajo llevado a cabo por el comisario de policía. En concreto, el llamado Proyecto Arrow, que consistió en eliminar la oposición de varios políticos en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) para la construcción de una central de ciclo combinado por unos 1.000 millones de euros. Villarejo se encargó de sobornar a varios miembros del consistorio local y de espiar a los que se oponían, según se relata en las grabaciones obtenidas por Asuntos Internos y en manos de la Audiencia Nacional.

Estos trabajos, que inicialmente ascendían a 310.000 euros, le fueron abonados a Villarejo entre el 1 de mayo y el 8 de septiembre de 2004. Pero no directamente a Cenyt, una de las compañías de su entramado, sino a través de Castellana de Seguridad (Casesa), que posteriormente le pagaba al comisario la citada cantidad, según la investigación policial y como comprobó la Agencia Tributaria por el trasvase de cuentas entre ambas sociedades.

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE/Ismael Herrero)

Como esos emolumentos no estaban presupuestados en el Departamento de Seguridad, Iberdrola tuvo que conceder varios adelantos, hasta sumar los 351.500 euros de las primeras ocho facturas, por unos “trabajos de vigilancia especiales”, que “no son por servicios prestados por esta sociedad, sino que son pagos a un tercero a quien Iberdrola no puede pagar directamente”, según especificó José Antonio del Olmo, el entonces 'controller' que denunció que estas salidas de caja no se correspondían con la descripción real de los encargos.

Las facturas abonadas a Casesa se justificaron por conceptos como “servicios especiales de control y contravigilancia para garantizar la seguridad del personal directivo en sus desplazamientos en Bilbao y Madrid”, o “la revisión de ambientes, líneas telefónicas y RAC para análisis, evolución y anulación de posibles sistemas de emisión-recepción de acuerdo a su petición en los centros de trabajos EIMA [sede central en Madrid], Melancólicos, Gardoqui [sede oficial en Bilbao], Larraskitu, Bruselas y Suiza”, entre otras oficinas. Pero Antonio Asenjo, el jefe de Seguridad de Iberdrola, aseguró a Del Olmo, según la versión de este último, que el dinero se utilizó para “pillar” a políticos que “han actuado a favor de Iberdrola y en contra de la concejala” que se oponía al proyecto y que fue destituida. Asenjo reconoció posteriormente en sede judicial que los conceptos incluidos en las facturas eran ficticios.

Como Iberdrola ya había transmitido entre mayo y noviembre los 351.500 euros a Casesa sin autorización del órgano legal, el comité ejecutivo celebrado en noviembre aprobó el abono de las facturas 'a posteriori', según fuentes próximas a la investigación. Ese comité estaba y sigue estando dirigido por Galán, en esos momentos consejero delegado del grupo y que fichó a Asenjo desde Airtel (ahora Vodafone) para llevar la seguridad corporativa de la institución. Asimismo, en la reunión estuvieron presentes José Luis San Pedro, número uno de la eléctrica hasta 2014, y Córcoles, responsable del área de Generación y sustituto de San Pedro hasta su jubilación el pasado mes de noviembre.

Foto: El comisario jubilado José Manuel Villarejo. (EFE)

Fuentes oficiales de Iberdrola han rechazado dar su versión de los hechos desde que El Confidencial cursó la pregunta el pasado viernes. No obstante, estas fuentes han confirmado la celebración de dicho comité y que al mismo no asistió Julián Martínez Simancas, el director de la asesoría jurídica y posterior secretario del consejo de administración.

A partir de ese momento, Iberdrola pagó los trabajos a Villarejo a través de Cenyt, su sociedad principal, emolumentos que fueron aprobados oficialmente por el comité y el consejo de administración. Para 2005, se presupuestaron unos 500.000 euros. La eléctrica siempre ha sostenido que los 1,13 millones abonados al comisario fueron completamente legales y ha negado ningún tipo de trama opaca, además de denunciar y querellarse contra Del Olmo.

No obstante, la unidad de cumplimiento de Iberdrola reconoció que de las 349 facturas pagadas a Casesa entre 2004 y 2005, "ocho de ellas no están asociadas a ningún pedido y podrían hipotéticamente corresponderse con las supuestas irregularidades manifestadas en el documento publicado por El Confidencial, al ser coincidentes en su fecha e importe". Por su parte, PwC, la consultora contratada por la compañía para investigar internamente el caso, admitió que "las ocho facturas seleccionadas no están asociadas a ningún pedido" y "habrían sido tramitadas por don Antonio Asenjo, que las firmó en calidad de solicitante autorizado".

Ignacio Sánchez Galán tiene previsto acudir hoy a la Audiencia Nacional, acompañado por su abogado, Carlos Domínguez, y varios guardaespaldas, para declarar por su imputación en los presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil en los pagos al comisario José Manuel Villarejo. Según fuentes próximas al caso, el actual presidente de Iberdrola aprobó la primera tanda de ocho facturas presuntamente falsas en un comité ejecutivo celebrado en noviembre de 2004, del que también formaron parte José Luis San Pedro y Francisco Martínez Córcoles, sus dos hombres de máxima confianza.

Ignacio Sánchez Galán Audiencia Nacional José Luis San Pedro PricewaterhouseCoopers (PwC)
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