Cersa inyecta gasolina en el banco público valenciano con 200 millones en reavales

La Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) ha firmado un acuerdo con Afín-SGR, la sociedad de garantía recíproca de la Comunidad Valenciana, para facilitar hasta 200 millones de euros en reavales de operaciones de crédito avaladas a su vez por la entidad valenciana. El pacto, firmado esta semana con vigencia hasta final de 2022 y con carácter retroactivo en el último trimestre de este año, eleva las garantías acordadas periódicamente y permitirá a la SGR afianzar operaciones con pequeñas y medianas empresas por valor de 250 millones, pues Cersa cubre hasta el 80% del riesgo.

Afín-SGR es una entidad tutelada por la Generalitat a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y se ha convertido en una de las patas del banco público de la Administración autonómica tras un tormentoso proceso de saneamiento que comenzó a cerrar hace algo más de un año. La crisis inmobiliaria y una gestión más que dudosa de los gestores de la última etapa del Partido Popular al frente del Gobierno regional dejaron la sociedad de garantía recíproca al borde de la liquidación, con un agujero contable de 400 millones de euros como consecuencia de avales sobre préstamos fallidos.

Tras la llegada de Manuel Illueca al frente del IVF, se inició un proceso de saneamiento en el que la Generalitat optó, no sin debate interno, por salvar la entidad para mantenerla en funcionamiento. Se alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, entonces en manos del popular Cristóbal Montoro, para endosar las pérdidas provisionadas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), se reformuló el gobierno corporativo sacando a la SGR del perímetro SEC de contabilidad pública y se abrió un proceso de liquidación de la cartera de fallidos con fondos oportunistas como Oaktree utilizando a Alantra como vehículo gestor.

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En el último año, la SGR ha avalado operaciones por 175 millones, con un riesgo vivo acumulado de 194 millones desde 2016. De este riesgo, algo más de 111 millones corresponden a préstamos concedidos por el propio IVF, que ha convertido la sociedad de garantía recíproca en su principal colateral. La SGR tiene una reserva de capital del 30% que aportan sus partícipes (las propias empresas avaladas, que pagan una cuota), la Generalitat en tanto que sociedad protectora y, en menor porcentaje, entidades financieras con las que se han suscrito acuerdos como CaixaBank, Santander o Banco Sabadell.

La banca comercial tiene riesgo avalado con Afín por valor de 83,3 millones de euros, del cual un 86,4% es riesgo normal, un 5,77% está en vigilancia especial y el 6,54% en dudoso. La morosidad reconocida se sitúa en el 0,85%. La salud de la cartera del IVF es mejor. El 93,98% del riesgo vivo, computando las operaciones de 2021, está fuera de peligro. La mora es del 0,56%. Hay poco más de cuatro millones de euros (3,65%) en vigilancia especial.

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El director del IVF, que en breve trasladará su sede al Palau dels Boïls d'Arenós, el antiguo edificio de la Bolsa de Valencia, aseguró que el acuerdo con Cersa "nos permitirá elevar la actividad y avalar crédito por más importe" en el marco de los objetivos de promoción empresarial del llamado banco público de la Generalitat. Además de inyectar crédito en pequeñas empresas, el pacto con la Compañía de Reafianzamiento contempla incorporar en la cartera compañías medianas y también cubrir determinados avales técnicos, garantías requeridas para poder poner en marcha proyectos para los que una Administración o una contratista exigen requisitos previos. "Hay muchas empresas que no tienen garantías para obtener financiación ante la banca y esto ofrece un colateral ajeno. Este año, además, el IVF va a centrar el tiro en la inversión; hay poca y queremos estimularla", dijo Illueca.

El IVF ha jugado, además, un papel importante durante la pandemia como suministrador de financiación para empresas con problemas de liquidez como consecuencia de la crisis del coronavirus. Esta semana anunció una prórroga de plazos para la justificación de gastos en el marco de las líneas de crédito Renaixer y Resistir ReactEU. El importe aprobado en la última convocatoria de octubre asciende a 24,5 millones de euros, con casi 600 operaciones entre empresas y autónomos.