Puig vuelve a tirar de fondos oportunistas para vender créditos morosos por 450M

La Sociedad de Garantía Recíproca valenciana (Afín SGR), el brazo de apoyo a las políticas de financiación al tejido empresarial del Gobierno valenciano, presidido por el socialista Ximo Puig, vuelve a tantear el mercado para deshacerse de créditos fallidos. El organismo ha puesto a la venta, con el asesoramiento de Alantra, una cartera de 450 millones de préstamos morosos a pequeños empresarios y pymes, según fuentes financieras.

El proyecto, denominado Kudu, como el antílope africano, está compuesto de algo más de 2.000 contratos de crédito sin garantía o colateral (‘unsecured’, en la jerga) y se ha dividido en dos subcarteras, con 202 millones en créditos a personas físicas (empresarios o emprendedores) y otros 248 millones en préstamos fallidos a pymes. La mayoría son préstamos concedidos en la época de la burbuja inmobiliaria, bajo el paraguas de la Administración autonómica del Partido Popular. La fecha media de ‘default’ es de 2007 entre individuos y de 2010 entre las empresas. Se trata de préstamos que, en algunos casos, tienen su origen histórico en la década de los años noventa y que permanecían en el balance.

Una docena de fondos oportunistas y especializados en recuperaciones ha presentado ofertas en un proceso canalizado por Alantra

Afín SGR ha recibido el interés de una docena de fondos oportunistas y especializados en la recuperación de deudas, que han presentado ofertas no vinculantes, según fuentes conocedoras, en un proceso de venta organizado en una única fase. Fuentes del sector apuntan a descuentos de entre el 90% y el 95%, con lo que podría sacar entre 20 y 40 millones de euros en la venta, ya que en muchos casos son créditos irrecuperables de empresas en concurso de acreedores o en liquidación. La sociedad asumió los activos como avalista, acumulando en balance 2.000 millones de fallidos, que ya están provisionados como pérdidas.

La liquidación se enmarca en el plan de viabilidad aprobado para la SGR por la Conselleria de Hacienda en coordinación con el Banco de España para evitar una caída libre y desordenada. La operación tiene como objetivo liberar la entidad de activos por riesgo ponderado con el fin de elevar su ratio de solvencia y garantizar su supervivencia como avalista para proyectos productivos, según admiten fuentes cercanas a la sociedad.

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Actualmente, la ratio de solvencia es del 14,5%, tras ventas puntuales como su propia sede y la enajenación de la cartera de fallidos con garantía inmobiliaria que la SGR cerró en septiembre al fondo oportunista Anacap por 28,4 millones, tal como relató El Confidencial. Además de la cartera Kudu, queda pendiente otro paquete de adjudicados y créditos con garantía, que Alantra pondrá probablemente en el mercado. La consultora percibe un porcentaje variable de sus honorarios en función del alcance y el nivel de éxito de las operaciones. El plan contempla elevar la solvencia de Afín al 18% una vez realizadas todas las ventas.

Plan de viabilidad

Una vez ejecutado el plan completo de reestructuración, la participación de la Generalitat, que actualmente se sitúa en el 40%, estará en torno al 20%. El resto quedará en manos de los propios avalados, como entidad de mutualización de deuda que es. Aunque la SGR está fuera del perímetro SEC de la Administración pública, su rescate forma parte del proyecto de banco público puesto en marcha por el Consell del Botánico como instrumento de apoyo crediticio al tejido productivo valenciano. Está tutelada por el Instituto Valenciano de Finanzas, que dirige Manuel Illueca, y el propio Banco de España.

Tras el colapso que sufrió con la crisis económica, la sociedad recuperó hace un par de años su actividad como avalista mediante la firma de acuerdos con entidades financieras como CaixaBank o Bankia. Rebautizada como Afín SGR, la sociedad concedió durante 2018 avales por valor de 15 millones de euros, lo que supone un incremento del 282% respecto al ejercicio anterior. La Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana atendió más de 1.000 solicitudes de avales de las que más de la mitad (558) fueron prefactibles y cuyo importe superó los 58 millones de euros, según datos internos. El 37% de las concesiones fueron para pymes (empresas de hasta 100 empleados), el 32% para micro pymes (empresas de hasta 10 empleados) y el 31% de formalizaciones fueron obtenidas por autónomos. Además, el 36% de estas solicitudes lo realizaron empresas con menos de 2 años de antigüedad. El importe medio formalizado ronda los 78.000 euros.

El 39% de las formalizaciones provienen de entidades bancarias con las que existen convenios de colaboración. Estas entidades solicitaron 308 operaciones por valor de más de 30 millones de euros de las que finalmente se formalizaron 61 operaciones por 5,6 millones. La provincia de Valencia fue la que más operaciones realizó con un 58% del total, seguido por Alicante con un 27% mientras que Castellón supuso un 15%.