El Corte Inglés negocia con Almeida impedir el derribo forzoso de 3 centros comerciales

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha dado 15 días al Ayuntamiento de Madrid para que ordene a El Corte Inglés la demolición parcial de tres de los centros comerciales que tiene en Madrid. Así consta en una sentencia del pasado 13 de diciembre mediante la cual se pretende cerrar un caso iniciado en 2012 y sobre el que ya se pronunció el Tribunal Supremo por irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbanística. Un dictamen que el grupo de grandes almacenes pretende evitar 'in extremis' con un acuerdo con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El auto del juzgado desestima la solicitud de El Corte Inglés de “inejecución de sentencia”, presentada en enero de 2019, “por inexistencia de causa que la justifique, acordando requerir al Ayuntamiento de Madrid para que en el plazo de quince días requiera a su vez a dicha mercantil la demolición de las obras”. Es decir, antes de que acabe el año, obligación que la compañía presidida por Marta Álvarez va a tratar de detener mediante un nuevo recurso y un pacto con el alcalde del Partido Popular. El dictamen afecta a los centros comerciales de la calle Serrano, de Campo de las Naciones, al lado de Ifema, y de Méndez Álvaro, en el sur de la capital, donde la compañía construyó 25.000 metros cuadrados de más.

El caso se remonta a 2012. Ese año, Fernando Guerra López presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por permitir la Comunidad de Madrid el incremento de edificabilidad a cambio de la cesión de redes públicas y de dos parcelas en el distrito de Salamanca y en Vicálvaro, para zonas verdes y equipamientos.

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El TSJM declaró nulo en junio de 2013 el acuerdo del consejo de gobierno de la CAM del 19 de enero de 2012, que aprobaba la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid de 1997 con relación a las parcelas de la calle Serrano 47 (ECI Serrano), avenida de los Andes 50 (ECI Campo de las Naciones) y calle de la Retama 8 (ECI Méndez Álvaro). En total, "25.300 metros cuadrados de edificabilidad lucrativa comercial" construidos de más, sobre los que El Corte Inglés argumenta que cumplió la legalidad vigente.

La citada modificación puntual venía a regularizar las presuntas ilegalidades urbanísticas cometidas por El Corte Inglés en los centros mencionados, relacionadas fundamentalmente con excesos de edificabilidad. Tras la sentencia del TSJM, el grupo de grandes almacenes presentó recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Pero esta institución falló el 1 de julio de 2015 contra la CAM, contra el Ayuntamiento de Madrid y contra la compañía, indicando que no había lugar a tal reclamación.

Al contrario, indicó que el Ayuntamiento de Madrid había incumplido la Ley del Suelo de la comunidad, no solo porque no justificó la idoneidad de la división del suelo sino también porque incumplió las determinaciones mínimas sobre reservas de aparcamiento. De esta forma, quedaba anulada definitivamente la nueva edificación lucrativa comercial de las tiendas de El Corte Inglés de Serrano (6.500 metros cuadrados de más), Campo de las Naciones (11.300 metros cuadrados) y Méndez Álvaro (7.500 metros cuadrados). Tras numerosos recursos, el Supremo dictó en septiembre de 2018 orden de demolición.

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En enero de 2019, El Corte Inglés pidió al juzgado paralizar el derribo al alegar “la imposibilidad material” de llevarlo a cabo, al formar parte de un edificio consolidado y por “causar daños a terceros, como el personal de la empresa y numerosos contratos de servicios de un conjunto de contratistas que operan en sus 'stands”. A su vez, reclamó 180 millones —el coste de la construcción— al ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por considerarse perjudicada por estas irregularidades del plan urbanístico.

Para evitar males mayores, en marzo de 2019, El Corte Inglés llegó a un pacto con el denunciante para frenar la demolición a cambio de una compensación económica que rondaba los 300.000 euros. Pero la compañía había solicitado al mismo tiempo al Ayuntamiento de Madrid la modificación del PGOU. El juzgado pidió el pasado verano al consistorio dirigido por Almeida que le informase de en qué fase se encontraba ese cambio normativo, a lo que el consistorio respondió que "se están estudiando las necesidades públicas y de interés general concurrentes en el ámbito, así como las demandas de equipamiento en el distrito de Hortaleza, a fin de determinar la ordenación urbanística que proceda para atender mejor a dichos intereses generales, en coherencia con las actuaciones municipales del entorno".

Según fuentes próximas a las conversaciones, el Ayuntamiento de Madrid va a proceder a esa modificación del PGOU para evitar el derribo parcial de los edificios de El Corte Inglés, que ha rehusado pagar ningún tipo de compensación al demandante al considerarlo un chantaje. Desde la compañía, están completamente seguros de que habrá un acuerdo con Almeida y no se ejecutará la demolición.