demolición parcial por orden judicial

El Corte Inglés reclama 180 M a Madrid por la sentencia que le insta a demoler 3 centros

Un año después de que el Supremo ordenase la demolición parcial de tres centros, el grupo busca un pacto con ayuntamiento y comunidad, pero también ha iniciado acciones legales

Foto: Un cliente tira de la puerta para entrar en un centro de El Corte Inglés. (Reuters)
Un cliente tira de la puerta para entrar en un centro de El Corte Inglés. (Reuters)
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Un año después de que el Tribunal Supremo ordenase a El Corte Inglés la demolición parcial de tres centros comerciales por exceso de edificabilidad, el grupo de distribución, el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se han puesto manos a la obra para buscar una solución que evite la aplicación de la sentencia. Ambas partes se han sentado a la mesa después de que la compañía haya presentado una demanda por daños y perjuicios contra las instituciones que presiden José Luís Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente, por 180 millones de euros.

Así lo han confirmado fuentes próximas a las conversaciones entre El Corte Inglés, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que en diciembre se personó en los juzgados para conocer el estado real de la situación después de que el grupo presidido por Marta Álvarez Guil reaccionase a la sentencia del Supremo interponiendo una demanda en los tribunales contra las dos instituciones públicas dirigidas por el Partido Popular.

El Corte Inglés han expuesto en la demanda que si construyó 25.000 metros cuadrados de uso comercial de más fue en aplicación del Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid aprobado en 1997. Los abogados del 'holding' se defienden con el argumento de que tan solo cumplieron con la normativa autorizadas por el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid y del ayuntamiento. Por tanto, si ahora tuviera que derruir tres de sus principales activos en la capital, se consideran parte perjudicada.

La reclamación de El Corte Inglés es de 180 millones de euros, cantidad que calcula que le costó construir los grandes almacenes de la calle Serrano, de Campo de las Naciones y de Méndez Álvaro. Pero, en aras de demostrar la buena voluntad de encontrar un pacto tanto con el ayuntamiento como con la comunidad, el 'holding' de la distribución ha decidido paralizar la demanda judicial mientras se negocia una solución.

Sin embargo, la persona que denunció las irregularidades inmobiliarias no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y ya ha indicado al Supremo que, en contra de lo que defendió El Corte Inglés, que indicó que es imposible ejecutar la sentencia, sí existe la posibilidad técnica de demoler parcialmente los tres edificios y mantener en pie la parte que se construyó de acuerdo a la ley.

Una batalla de ocho años

El caso se remonta a 2012. Ese año, Fernando Guerra López presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por permitir la Comunidad de Madrid el incremento de edificabilidad a cambio de la cesión de redes públicas y de dos parcelas en el distrito de Salamanca y en Vicálvaro, para zonas verdes y equipamientos.

El TSJM declaró nulo en junio de 2013 el acuerdo del consejo de gobierno de la CAM del 19 de enero de 2012, que aprobaba la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid de 1997 con relación a las parcelas de la calle Serrano 47 (ECI Serrano), avenida de los Andes 50 (ECI Campo de las Naciones) y calle de la Retama 8 (ECI Méndez Álvaro). En total, "25.300 metros cuadrados de edificabilidad lucrativa comercial" construidos de más, sobre los que El Corte Inglés argumenta que cumplió la legalidad vigente.

La citada modificación puntual venía a regularizar las presuntas ilegalidades urbanísticas cometidas por El Corte Inglés en los centros mencionados, relacionadas fundamentalmente con excesos de edificabilidad. Tras la sentencia del TSJM, el grupo de grandes almacenes presentó recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.

Pero esta institución falló el 1 de julio de 2015 contra la CAM, contra el Ayuntamiento de Madrid y contra la compañía, indicando que no había lugar a tal reclamación. Al contrario, indicó que el Ayuntamiento de Madrid había incumplido la Ley del Suelo de la comunidad, no solo porque no justificó la idoneidad de la división del suelo sino también porque incumplió las determinaciones mínimas sobre reservas de aparcamiento. De esta forma, quedaba anulada definitivamente la nueva edificación lucrativa comercial de las tiendas de El Corte Inglés de Serrano (6.500 metros cuadrados de más), Campo de las Naciones (11.300 metros cuadrados) y Méndez Álvaro (7.500 metros cuadrados).

Un año más tarde, una persona identificada como don Plácido presentó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid una acción legal instando judicialmente la demolición del exceso de metros construidos por El Corte Inglés en los citados tres centros comerciales. El 6 de junio, se dicta la sentencia que declara la nulidad del silencio administrativo alegado por la compañía para evitar el derribo. Además, declara también la nulidad de las licencias urbanísticas correspondientes, por no ser conformes a derecho, quedando “consecuentemente sin efecto alguno dichas licencias y ordenando al ayuntamiento y a Hipercor la demolición de lo construido al amparo de las mismas”.

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