Santander tendrá que dotar los 68 millones de Orcel aunque espera rebajar la factura
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Santander tendrá que dotar los 68 millones de Orcel aunque espera rebajar la factura

La sentencia del juzgado llega antes de la renovación del consejero coordinador de Santander, Carnegie-Brown, que ya fue castigado por los 'proxy advisor' en 2019

Foto: Andrea Orcel y Ana Botín. (Reuters/Juan Medina)
Andrea Orcel y Ana Botín. (Reuters/Juan Medina)
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Banco Santander pone toda la maquinaria legal a punto para esquivar un golpe económico y, sobre todo, reputacional. La entidad presidida por Ana Botín anunció este viernes que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid la sentencia que da la razón a Andrea Orcel por su fichaje frustrado como consejero delegado y condena a la entidad a indemnizarle con 68 millones de euros.

Esta decisión del juez Javier Sánchez Beltrán implica, a corto plazo, que la entidad tenga que hacer una provisión millonaria en sus cuentas de cierre de 2021 para cubrir la posibilidad de que sus próximos recursos no prosperen. Aunque la cifra será inmaterial frente al beneficio de 5.850 millones que ganó hasta septiembre, el banco español estaría obligado a reconocer el revés judicial y su impacto en el informe anual.

El importe podría alcanzar los 68 millones de euros, si bien la cifra final dependerá de la valoración que haga su departamento jurídico. Según las fuentes financieras consultadas, todo depende de que los letrados del banco asignen una probabilidad mayor del 50% a que una contingencia acabe ocurriendo. Como el juez ha calculado la indemnización en función de varios componentes y para cada uno de ellos el banco estimará una mayor o menor probabilidad de éxito en sus recursos, la cifra final queda pendiente de ese análisis.

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Santander confía en dar la vuelta a la sentencia con su recurso ante la Audiencia Provincial, al considerar que ninguno de sus argumentos legales ha sido valorados correctamente por el magistrado de Primera Instancia. Parte del optimismo del banco español se fundamenta en la victoria que han conseguido en la querella penal con la que Orcel intentó la imputación de su consejo de administración, que fue rechazada hace algunas semanas por la Audiencia Provincial de Madrid. Esta sentencia archivó definitivamente la querella al comprobar que no hay "dato ni indicio alguno" de una posible estafa, como señalaba Orcel, por la supuesta manipulación de la información que se remitió al juzgado civil.

¿Posible rebaja?

Entre los puntos que recurrirá ahora la entidad está el hecho de que Orcel ya ha cobrado parte del bonus de UBS que el juzgado quiere hacer pagar a Santander: la sentencia fija que se indemnice con 35 millones el 'buy out' (bonus que arrastran los banqueros de inversión cuando fichan por otra entidad), a pesar de que Orcel ya habría percibido 17 millones en los últimos dos años.

La primera entidad bancaria española también va a oponerse al pago de los 10 millones por daños morales, al considerar que su nombramiento como CEO de UniCredit prueba que dicho perjuicio no se generó.

placeholder Andrea Orcel, CEO de UniCredit. (Reuters)
Andrea Orcel, CEO de UniCredit. (Reuters)

Los otros dos conceptos, los 17 millones de la prima de fichaje y los 5,8 millones de sueldo no cobrado entre 2019 y 2020, son más difíciles de revertir a ojos de los expertos consultados, salvo que la Audiencia diera un giro de 180 grados frente todos los argumentos del juez Sánchez Beltrán. Por ello, uno de los posibles escenarios que no se descartan en el mundo legal es una sentencia a medio camino.

Más allá del impacto económico, para Santander es clave darle la vuelta a la sentencia con su recurso ante la Audiencia Provincial por el daño reputacional de gastar 68 millones en el fichaje de un CEO que no llegó a ejercer como tal. De hecho, este hecho ya provocó que alguno de los 'proxy advisors' (asesores de inversores institucionales), se posicionara en contra de la renovación de Bruce Carnegie-Brown, consejero coordinador y presidente de la Comisión de Nombramientos. Este financiero no fue apoyado por un 22% de los accionistas en 2019.

Por ello, al margen de la posible rebaja de la indemnización, Santander buscará que la Audiencia 'compre' sus argumentos de que la carta-oferta firmada con Orcel nunca fue un contrato porque no se cumplieron las condiciones para ello y que el italiano incumplió uno de los puntos del preacuerdo, al no lograr que se rebajara la parte del 'buy out' que tenía que asumir Santander.

Foto: Andrea Orcel. (Reuters/Olivia Harris)

Guerra de argumentos

El juez Sánchez Beltrán resuelve en su sentencia estos asuntos dando por hecho que sí se cumplieron las condiciones de la carta-oferta, dado que el nombramiento fue aprobado por el consejo de administración, se contaba con el visto bueno informal del Banco Central Europeo (BCE) y que no hacía falta que llegara el fichaje a la junta de accionistas. Junto a ello, el magistrado dio por buenos los argumentos de Orcel de que hizo todo lo posible para rebajar el 'buy out', pero que le fue imposible por la negativa del presidente de UBS, Axel Weber, como este señaló en su declaración como testigo.

Entre los argumentos usados por el juez para dar por probado que la oferta a Orcel tuvo la validez de contrato hay mensajes de Twitter de la presidenta Botín, correos y las declaraciones en una entrevista concedida a 'Bloomberg' en octubre de 2018, en la que señaló que: "José Antonio [Álvarez], Andrea y yo misma creo que somos el mejor equipo para los próximos años".

Santander intentará explotar la bala de que Orcel no trasladó una carta que preparó el departamento Legal del banco para negociar con UBS y que para que exista un contrato debe haber tres vistos buenos formales: el de BCE, el consejo y la junta. Queda, por tanto, al menos una batalla antes de que acabe esta guerra bancaria, una de las más importantes a nivel europeo de las últimas décadas.

Banco Santander pone toda la maquinaria legal a punto para esquivar un golpe económico y, sobre todo, reputacional. La entidad presidida por Ana Botín anunció este viernes que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid la sentencia que da la razón a Andrea Orcel por su fichaje frustrado como consejero delegado y condena a la entidad a indemnizarle con 68 millones de euros.

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