López Miras: guerra empresarial con Roures por el control de la televisión murciana

Madrid y Murcia cada vez se parecen más en lo político. Entre las primeras decisiones que ha adoptado Isabel Díaz Ayuso una vez fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido tomar, a las bravas, el control de Telemadrid. Fernando López Miras, su homólogo de la región del Mediterráneo, está observando cómo determinados empresarios, incluido Jaume Roures, intentan hacerse con la gestión de La 7 para intentar controlar la línea editorial de la cadena pública, ahora gestionada por Secuoya.

Murcia emergió en marzo como la comunidad autónoma donde estalló el volcán de la política nacional. López Miras actuó con rapidez para mantener la presidencia de la comunidad con el apoyo cuestionable de exdiputados de Vox, incluidos una tránsfuga a la que nombró consejera de Educación, por tumbar el intento del entonces intocable Iván Redondo por hacerse con la Región.

Una moción de censura fallida liderada por Moncloa, de la mano de Ciudadanos, provocó temblores de tierra que llegaron a Madrid, con el consiguiente adelanto electoral por parte de Díaz Ayuso. Unos comicios que supusieron un triunfo incontestable del Partido Popular y un hundimiento sin paliativos del PSOE, además de la aniquilación de la formación naranja.

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Pero el joven dirigente del PP se ha encontrado con un nuevo problema: la adjudicación de la nueva concesión para gestionar la televisión pública durante los próximos siete años, con posibilidad de ampliarla tres ejercicios más. Un concurso al que optan cinco interesados, entre los que destacan Secuoya, la actual operadora de La 7, que en su día tuvo en su consejo a Miguel Ángel Rodríguez, MAR, como se le conoce en la política, el asesor áulico de Díaz Ayuso. El gran competidor es Audiovisuales Tcero, 'holding' participado por empresarios locales, como Zambudio, y Grupo Fuertes, propietario de El Pozo, que cuenta con el apoyo técnico de Mediaproducción, controlada por Jaume Roures. Hasta Karlos Arguiñano se ha sumado a un consorcio para llevar su cocina a Murcia.

El contrato, de apenas nueve millones por temporada, debía haberse adjudicado hace meses, después de que los candidatos presentaran sus ofertas el pasado mes de enero. Pero la moción de censura, los cambios en el equipo de Gobierno, y modificaciones constantes en los pliegos, con reclamaciones ante la Mesa de Contratación y, sobre todo, denuncias constantes entre las partes han propiciado su retraso. Varias de estas denuncias provienen del grupo liderado por Zambudio y El Pozo contra Secuoya, mientras que esta sociedad, dirigida por Raúl Berdonés, también ha interpuesto una ante la Guardia Civil, por presunto robo y compraventa de datos confidenciales.

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El ganador del concurso para quedarse con La 7 tiene derecho, además de a producir las emisiones, a dirigir la línea editorial, que es lo que en realidad le preocupa a López Miras. Especialmente por la vinculación de Roures con el PSOE y con Podemos. Algo que a los dueños de El Pozo empieza a preocupar, dada la posible contratación de Pablo Iglesias, el exlíder del grupo de extrema izquierda, por parte de Mediapro, al que le daría un programa de televisión. Roures cuenta con el apoyo y la intermediación de Miguel Cardenal, que fue secretario de Estado de Deportes con Mariano Rajoy como carta amistosa de presentación, pero el dirigente del PP se fía poco.

Se teme que la adjudicación a Audiovisual Tcero sea meter un caballo de Troya en su castillo

Más bien se teme que la adjudicación a Audiovisual Tcero sea meter un caballo de Troya en su castillo. Dar entrada al enemigo en su casa. López Miras no quiere ni imaginar un espacio informativo o de tertulias en La 7 en el que apareciese Pablo Iglesias, con o sin coletas. Pero sabe que algunos de los empresarios que lideran esa alianza, como Fuertes, están en guerra con el Ayuntamiento de Murcia, gobernado también por el PP, al que le han reclamado más de 30 millones de euros por vía judicial por el incumplimiento de un convenio inmobiliario en la zona norte de la capital murciana. Una cifra que puede llegar hasta los 90 millones.

Las partes están buscando un acuerdo por las buenas, pero en los cenáculos murcianos a nadie se le escapa que quién se quede con la televisión pública puede jugar un papel esencial en las negociaciones. El beneficio económico es escueto, según fuentes de las partes, con una rentabilidad próxima al 8% si la publicidad responde, por lo que el objetivo esencial parece ser más el control informativo. La bala que tiene López Miras es que sería difícil de justificar la adjudicación al grupo de Mediapro, que presuntamente aporta la solvencia financiera, cuando la productora de Roures está, como es sabido, en una complicada situación económica, con una lucha abierta contra una serie de acreedores por incumplimientos de obligaciones y pidiendo cerca de 230 millones al Estado a través de la SEPI para sobrevivir.