La AN amplía la instrucción para analizar más documentos de Villarejo sobre Repsol y Caixa

Manuel García-Castellón, el juez que investiga los pagos de un buen número de empresas del Ibex 35 a José Manuel Villarejo, ha decidido ampliar por seis meses la instrucción de la pieza 21, la que afecta a Repsol y CaixaBank. El magistrado de la Audiencia Nacional ha considerado que es necesario más tiempo, dados “el carácter complejo de los hechos investigados” y la “necesidad de acordar otras actuaciones de investigación, nuevas o consecuencia de aquellas”. Esta extensión del plazo se produce en contra de la opinión de los directivos de la entidad bancaria.

El auto del juez, fechado este martes 13 de julio, se produce a petición del fiscal, que ha estimado necesario extender hasta el 29 de enero de 2022 la instrucción del caso Tándem, que vincula a Repsol y CaixaBank con el comisario de Policía. García-Castellón ha acordado que, debido al “actual estado de la investigación de los hechos delictivos objeto de la presente pieza separada n.º 21, la instrucción no se ha podido completar en el plazo legal de un año atendido el volumen de la documentación intervenida y la complejidad de su análisis y valoración como concreta fuente de prueba de estos hechos”.

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El magistrado considera que es preciso “continuar el examen de la ingente documentación que fue intervenida en los diferentes registros domiciliarios practicados, con lo que no se puede descartar que, a resultas de dicho examen, resulte pertinente alguna nueva diligencia de instrucción que —en todo caso— no puede ser identificada en este momento procesal”. Asimismo, explica en su escrito que “se encuentra pendiente igualmente el examen de la documentación intervenida en el marco de la pieza de investigación n.º 28 con motivo de los registros verificados en el domicilio de José Manuel Villarejo Pérez y concretamente de las agendas que entonces fueron intervenidas, habiéndose dispuesto por resolución del día de la fecha incorporar a esta causa el oficio 1100/2021 que se contrae a la presente pieza de investigación”.

En estas agendas, el comisario anotaba las reuniones que mantenía o pretendía mantener con empresas y empresarios, así como las llamadas y mensajes que hacía con intermediarios para conseguir sus objetivos.

La solicitud del fiscal se ha encontrado con la oposición a la prórroga de seis meses de Isidre Fainé, investigado en la causa

García-Castellón añade que, al margen de la documentación ya aportada y de las declaraciones de testigos e investigados ya practicadas, el pasado 27 de mayo solicitó practicar “una serie de diligencias de investigación de cuyo resultado se está aún a la espera”. En ese auto, el juez pidió, además de la incorporación de diferentes testimonios de particulares de la pieza principal, recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social la relación nominal de los trabajadores de Cenyt, la empresa del comisario, y de la Agencia Tributaria los modelos 347 de operaciones con terceros de la sociedad de Villarejo, de los años 2011 y 2012. Hacienda todavía no ha respondido a la petición de información del magistrado.

La solicitud del fiscal se ha encontrado con la oposición a la prórroga de seis meses de Isidre Fainé, investigado en la causa, en representación de CaixaBank, de la que era presidente cuando se pagaron las facturas al policía nacional estando en activo. Asimismo, los letrados de Antonio Masanell, exvicepresidente de la entidad bancaria y consejero de Repsol, rechazaron la ampliación de la instrucción, como también hicieron Miguel Ángel Fernández Rancaño, jefe de Seguridad de Fainé, y Rafael Eduardo Araujo, el responsable de Seguridad de Repsol.

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Por último, también se ha opuesto, de forma sorpresiva, Benjamín García Cañón, máximo ejecutivo de Seguridad de Mutua Madrileña. La aseguradora tiene otra pieza abierta por pagos a Villarejo, la número 15, después de que el juez encontrase entre la documentación un dosier contra el presidente de la compañía, José María Ramírez Pomatta.

Además de asignar la condición de investigados a Fainé y Brufau como presidentes entonces de CaixaBank y de Repsol, el juez decidió el pasado 8 de julio que tanto el banco como la petrolera fueran declarados investigados como personas jurídicas por presunto delito de cohecho y revelación de secretos. Cinco días más tarde, pide seis meses más para analizar la nueva documentación incautada.