El juez halla un dosier contra el expresidente de Mutua encargado por un exdirectivo

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha descubierto que un directivo de Mutua Madrileña contrató al comisario Villarejo para investigar a José María Ramírez Pomatta, presidente de la compañía hasta 2008. Así figura en la pieza separada número 15 de la llamada operación Tándem, que empezó a instruirse en septiembre de 2019 y se ha mantenido en secreto hasta ahora. Por ese encargo, el agente encubierto pidió al menos 505.000 euros. El instructor de la causa, el juez Manuel García-Castellón, investiga esos pagos. La empresa admite que mantuvo una relación comercial con Villarejo, pero la ciñe a un simple análisis patrimonial sobre Ramírez Pomatta en el marco de un proceso judicial y asegura que no encargó más investigaciones al excomisario.

Los hechos que analiza la Audiencia Nacional se remontan a 2009. Según el sumario, al que ha tenido acceso El Confidencial, en octubre de ese año, el entonces director de Seguridad de la empresa, Benjamín García Cañón, contactó con Villarejo para encargarle presuntamente que espiara a Ramírez Pomatta y a dos colaboradores de este que también habían salido de la empresa, Arturo Baldasano y Juan Expedito. El policía bautizó el trabajo con el nombre en clave de operación Lump y redactó al menos un informe de avance, otro preliminar y tres anexos que han permitido a los investigadores profundizar en el alcance del supuesto espionaje.

“BGC [Benjamín García Cañón] en adelante DS (Dirección Seguridad) ha requerido en nombre de Grupo M.M. [Mutua Madrileña] (cliente K) a este GABINETE DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS (GIA), al objeto de evaluar un Proyecto de Inteligencia, que entre otras, compilaría tareas de Investigación, Análisis, Estrategia y Práctica Operativa. Colaboración profesional solicitada formalmente en reunión mantenida el 20.10.09”, escribió Villarejo, siguiendo el mismo estilo de informes similares para BBVA, Iberdrola, Planeta y Constructora San José, entre otras grandes firmas.

TE PUEDE INTERESAR

Ramírez Pomatta impugna su destitución como presidente de Mutua Madrileña

EP

Unas líneas más abajo, el policía escribe cuál era el objetivo de ese trabajo concreto. “Se trataría de conocer de manera somera, al menos en esta primera fase, datos de interés sobre JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ [Ramírez] POMATTA (POM), ARTURO BALDASANO SUPERVIELLE (Super), JUAN EXPEDITO SUÁREZ SÁNCHEZ (Expe) y cuantos puedan formar parte de una estrategia, con interés en perjudicar y/o controlar factores que pudieran afectar de manera significativa los intereses de K [Mutua Madrileña]”, resumió Villarejo, según consta en el tomo 1 de la pieza.

En los párrafos siguientes y en los anexos, el presunto cabecilla de la operación Tándem desgranó datos personales de los tres investigados, como información sobre familiares, amigos y contactos; vinculaciones empresariales, y posibles puntos débiles. Entre ellos, teóricas vinculaciones con casos de corrupción, cuentas y sociedades instrumentales en el extranjero.

Asuntos Internos encontró en poder de Villarejo una grabación en la que aparece él hablando con el entonces director de Seguridad de Mutua Madrileña

Además de los informes y anexos de la presunta operación Lump, Asuntos Internos también encontró en poder de Villarejo una grabación con fecha 20 de octubre de 2009 en la que aparece él mismo hablando con el entonces director de Seguridad de Mutua Madrileña. La policía señala en oficio del pasado septiembre que en el audio se escucha al comisario y García Cañón comentar las averiguaciones sobre Pomatta, diferentes tipos de espionaje en función del presupuesto que manejara la empresa y de posibles vías para camuflar los pagos por ese servicio.

“El informe preliminar del proyecto que ha sido localizado comprendería tres anexos. El primero de estos se trataría de un estudio económico datado en fecha 28 de octubre de 2019 y que comprendería una triple opción que se ofrece al cliente”, expone el auto con el que se acordó la apertura de la pieza. “En un primer nivel, se establece una tarifa cerrada por un importe total de 375.000,00 euros con una duración fijada de cinco mensualidades (...) Una segunda opción implicaría un coste inicial por importe de 130.000 euros con una duración máxima de dos meses. (…) Finalmente, se establece un tercer nivel en el que se fija un coste inicial a determinar por módulos con una duración máxima de dos meses prorrogables”. En total, el dinero exigido por Villarejo superó los 505.000 euros.

El hallazgo de estos informes y del audio llevó al juez a acordar la imputación del propio Villarejo

El hallazgo de estos informes y del audio llevó al juez a acordar la imputación del propio Villarejo y del entonces director de Seguridad de Mutua Madrileña —abandonó la empresa en 2014— por un presunto delito de cohecho. El 23 de diciembre de 2019, el juez envió un requerimiento a la aseguradora para que aportara toda la documentación que tenga en su poder sobre este presunto espionaje y aclarara los pagos.

La contestación de Mutua Madrileña llegó cuatro días después y ocupa los otros seis tomos que comprende por ahora esta pieza del caso Tándem. La aseguradora admite que contrató una de las mercantiles que integraba el 'holding' de Villarejo, Grupo Cenyt, pero explica que no lo hizo hasta 2012 y que fue con la única intención de encargarle un estudio de solvencia patrimonial de Pomatta. Según el escrito remitido por Mutua Madrileña al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ese servicio respondió “a la existencia de un procedimiento judicial excepcional, que es el que inició en su día contra Mutua el expresidente de la entidad, en el que reclamaba un importe aproximado de 22 millones de euros”.

La firma explica que una primera sentencia desestimó la petición de Pomatta, pero este logró en la Audiencia Provincial de Madrid una victoria parcial que le concedía el derecho a percibir 13,9 millones de su antigua empresa. “Pues bien, a raíz de esta sentencia de 23 de enero de 2012, y en la hipótesis más que probable, según nuestros abogados, de que el demandante solicitara la ejecución provisional de la sentencia con el consiguiente impacto en las cuentas de Mutua Madrileña, a recomendación de los meritados abogados (despacho Uría Menéndez), se optó por solicitar de manera inmediata y urgente un informe sobre la solvencia patrimonial del Sr. Ramírez Pomatta”. El objetivo de esa investigación, según la aseguradora, no era otro que buscar argumentos para oponerse a una posible petición del expresidente para que se ejecutara provisionalmente el pago de los 13,9 millones de euros antes de que hubiera un fallo definitivo.

"La selección y contratación hubieron de realizarse de forma rápida y confidencial"

Mutua asegura que dejó la elaboración del estudio patrimonial en manos de su director de Seguridad. “La selección y contratación hubieron de realizarse de forma rápida y confidencial”, añade la empresa en su escrito. En su contestación al Juzgado Central de Instrucción número 6, la compañía incluye el informe elaborado supuestamente por Villarejo, aunque admite que “no estaba firmado, ni tenía membrete o referencia alguna a Cenyt o a su autor”.

El documento tiene fecha de 17 de febrero de 2012, casi tres años después de los informes y anexos de la presunta operación Lump. “Como puede comprobarse con su lectura, el informe se basaba en fuentes públicas, fundamentalmente en el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil”, alega Mutua Madrileña. “Adicionalmente, el informe se emitió cumpliendo la finalidad que se perseguía, ya que en él se constataba que el Sr. Ramírez Pomatta carecía de bienes suficientes para asegurar la devolución del importe de la ejecución provisional en caso de acordarse la misma. En efecto, en el informe se describen las distintas propiedades del Sr. Ramírez Pomatta, las que administró personalmente y las de sus familiares directos”. Según la compañía, únicamente abonó a Cenyt 16.000 euros más IVA y durante todo el proceso respetó sus protocolos internos de cumplimiento.

Mutua Madrileña también contrató los servicios de otra mercantil de Villarejo llamada Medialinktv, pero aclara que es una “proveedora de información comercial a través de soportes audiovisuales” y que recurrió a ella para sus “áreas de atención presencial de las tres oficinas comerciales” que tiene en Madrid, Barcelona y Sevilla. “El servicio de Medialinktv era básicamente tecnológico”. La aseguradora pagó a esta segunda sociedad del comisario una cuota mensual desde enero de 2010 a mediados de 2018 que osciló entre los 250 euros del inicio del contrato y los 490 euros del final.