Repsol apunta a acciones judiciales contra el Gobierno y Del Rivero por Villarejo
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Caso Cenyt

Repsol apunta a acciones judiciales contra el Gobierno y Del Rivero por Villarejo

Repsol argumenta que no hubo incumplimiento ni infracción de norma alguna, ya que no le era posible conocer que nadie relacionado con Cenyt fuera funcionario en activo

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Logo de Repsol (Reuters)

Repsol está estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Ministerio del Interior y contra Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, después de que la Audiencia Nacional haya imputado a la compañía petrolera y a CaixaBank como personas jurídicas por la contratación de los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

"Repsol adoptará cuantas acciones sean procedentes en Derecho para exigir las responsabilidades que puedan corresponder a quienes, en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia, propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt y a quienes, en el ámbito privado, utilizan el procedimiento penal en la persecución de su beneficio particular", afirma Repsol en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Aunque ni el Ministerio del Interior ni Del Rivero aparecen mencionados explícitamente en el texto remitido por Repsol, fuentes conocedoras de la situación aseguran que son ellos los potenciales destinatarios de una eventual respuesta jurídica por parte de la compañía.

Foto: El expresidente de La Caixa, Isidre Fainé (i), conversa con el de Repsol, Antoni Brufau (d) en 2011. (EFE)

Repsol argumenta que no hubo incumplimiento ni infracción de norma alguna, ya que no le era posible conocer que ninguna persona relacionada con Cenyt tuviese la condición de funcionario en activo, "puesto que se había permitido y ocultado ex profeso dicha condición por quienes tenían la capacidad para hacerlo".

Por otra parte, la petrolera ha reiterado su disposición a colaborar "sin restricción" con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos en el marco de la pieza separada número 21 del caso Tándem y ha dejado claro que la condición de investigada en la instrucción judicial "no tiene consecuencia alguna sobre la sociedad, su gobernanza o actividad".

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