El PNV enciende el debate de los peajes con su nuevo canon para camiones en Vizcaya

Nuevo frente en el debate sobre los peajes. La decisión del PNV de imponer un canon a los camiones que circulen por las carreteras de Vizcaya, su gran feudo, es un movimiento que tiene implicaciones más allá de la provincia vasca, ya que muestra las cartas de un partido clave en el Congreso de los Diputados, hemiciclo donde, tarde o temprano, deberá decidirse qué modelo de financiación de las carreteras quiere, o puede, tener España.

Con una red de 12.000 kilómetros de carreteras de alta capacidad, la más extensa de Europa, hace años que los diferentes gobiernos centrales, tanto los liderados por el PP del Mariano Rajoy como el actual del PSOE de Pedro Sánchez, tienen sobre la mesa la asignatura pendiente de un gran pacto político que defina el modelo de financiación de las carreteras.

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Aunque este debate viene de lejos, la confluencia en el tiempo del vencimiento de los peajes ya existentes, la crisis económica desatada por el coronavirus y la recepción de los fondos europeos ha devuelto a la actualidad esta vieja discusión.

Un debate que tiene muchas aristas, desde definir quién cobra el peaje (un privado o una empresa pública) hasta determinar quiénes deben pagar. Y en este último punto es donde la formación nacionalista, que fue determinante para que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, acaba de marcar posiciones.

La hoja está tan definida que la Diputación Foral de Vizcaya trabaja ya en implantar un sistema de pago solo para camiones, según anunció hace pocos días el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, que con este sistema busca empujar los vehículos pesados hacia las autovías y autopistas de pago, y alejarlos así de las carreteras comarcales gratuitas.

El razonamiento detrás de esta decisión es que los camiones son los principales responsables del deterioro de las vías y, por tanto, los primeros que deben pagar por el uso de las mismas. De hecho, esta fórmula está implantada en gran parte de Europa y desde hace años forma también parte del debate sobre el sostenimiento de las carreteras en España, planteamiento que siempre se ha encontrado con la férrea oposición del sector del transporte.

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Según los cálculos de ACEX, la asociación de empresas de conservación y explotación de carreteras, los 166.000 kilómetros de carretera que, en números redondos, suman las vías mantenidas por el Estado, las comunidades autónomas y las diputaciones exigen una inversión anual de unos 4.500 millones de euros solo en su mantenimiento.

Esta patronal cifra en unos 50.000 euros al año el coste de conservación de cada kilómetro de carreteras estatales, las que más trafico soportan, en unos 30.000 euros el de las autonómicas y en 16.800 euros el de las mantenidas por las diputaciones.

La Diputación Foral de Vizcaya estima que, cuando se implante el sistema de arcos que quiere poner en las vías de esta provincia a partir de 2022, cerca de un millón de camiones pasará a circular por las vías de alta capacidad, lo que supondrá una reducción del 10,2% en el número de accidentes y de casi el 13% en la emisión de toneladas de CO₂.

Vizcaya sigue así los pasos de Guipúzcoa, que hace dos años ya implantó un sistema de peaje para los camiones en los tramos de la N-1 y la A-15 que pasan por su región, medida que fue recurrida por las empresas de transporte. La pasada primavera, el Supremo dio la razón a los transportistas y avaló los fallos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que por dos veces revocó esta tarifa por considerar que beneficiaba a los camiones guipuzcoanos frente a los de fuera.

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Sin embargo, lejos de retirar la medida, la Diputación Foral de Guipúzcoa está trabajando ya en una nueva norma que permita el cobro de este peaje y que, para evitar nuevos pronunciamientos judiciales en contra, deberá ser más amplia, lo que previsiblemente significará que los camioneros residentes en la zona también deberán pagar.

Vizcaya, por su parte, está preparando el cuerpo normativo de su canon teniendo en cuenta lo ocurrido en la provincia vecina, lo que invita a pensar que tendrá alcance para todo el transporte pesado, sin favorecer al local, toda una muestra de la posición del PNV ante el debate que se abre sobre el modelo de financiación de las carreteras.

El Gobierno central ha remitido a la Comisión Europea su intención de introducir un modelo escalonado, que previsiblemente arrancará con la implantación de peajes en las vías de alta capacidad (autovías y autopistas) y poco a poco se irá ampliando al resto de carreteras, propuesta que estaría diseñada en sus grandes líneas para el próximo verano, pero que no se implantaría hasta 2024.

En cualquier caso, el Ejecutivo siempre ha insistido en que la fórmula final deberá definirse con el mayor consenso parlamentario posible. Y, por el momento, el PNV ya está dejando ver el modelo que defiende en los territorios donde gobierna.