La Justicia anula el rescate del túnel de Sóller y sienta precedente en el debate de los peajes

El Consell Insular de Mallorca acaba de llevarse un serio revés en los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma de Mallorca ha declarado nulo el rescate de la concesión del túnel de Sóller y ha dado la razón a Globalvia, concesionaria de esta infraestructura, que desde el primer momento se opuso a la decisión.

El origen de este conflicto se remonta a agosto de 2017, fecha en que el Consell decidió rescatar el túnel invocando razones de interés público. En un primer momento, la concesionaria dirigida por Javier Pérez Fortea logró frenar esta decisión por medio de unas medidas cautelares que apenas lograron retrasar, hasta diciembre de ese mismo año, lo inevitable. A pesar de ello, la compañía mantuvo el procedimiento contencioso-administrativo que, en un fallo conocido el pasado viernes, aunque está firmado el 13 de marzo, ha declarado la nulidad del rescate.

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El juzgado ha adoptado esta resolución con todos los efectos legales inherentes, lo que supone devolver el derecho a operar el túnel hasta el final del plazo concesional a Globalvia. Sin embargo, la posibilidad de recurso y las excepcionales circunstancias en las que se encuentra el país, con los tribunales prácticamente cerrados por la declaración del estado de alarma, hacen prevé que la concesionaria no pueda retomar el control antes de 2022, cuando vencía el plazo de concesión.

Con este escenario, lo previsible es que la empresa opte por exigir una indemnización que, cuando se dictó el rescate, cifró en 31 millones de euros, casi el doble de los 16,4 millones que pagó el Gobierno mallorquín. Desde la compañía, han declinado hacer ninguna valoración sobre la sentencia y se han limitado a señalar que están estudiando su contenido antes de determinar cómo van a proceder.

Más allá de esta victoria judicial, el fallo es especialmente relevante para el sector por ser la primera sentencia en concesiones administrativas de peaje que limita con rotundidad el poder discrecional de los gobiernos para resolver, de manera unilateral y anticipadamente, este tipo de contratos.

Fuentes jurídicas consultadas aseguran que, tras este pronunciamiento, se sienta un precedente que impedirá a las administraciones poder rescatar concesiones simplemente declarando que es de interés público, y se les obligará a tener que justificar de manera precisa las razones que realmente concurren para poder acogerse a dicho interés.

De hecho, el motivo por el que ha sido declarado nulo el rescate del túnel de Sóller es no haber justificado el interés público de forma clara, eliminando así la discrecionalidad de las decisiones políticas y dando algo más de seguridad jurídica a los contratos de colaboración público-privada, según explican las mismas fuentes. Aspecto que llega en un momento especialmente crítico, ya que desde hace meses está sobre la mesa el debate del fin de los peajes.

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Globalvia, como heredera del negocio de concesiones de FCC, contaba desde 1997 con el contrato de explotación de este túnel, una infraestructura de 3,1 kilómetros de longitud que salva la sierra de Alfabia en el trayecto entre Palma de Mallorca y Sóller. Cuando se decretó su reversión, quedaban por delante cinco años, los últimos y, según los modelos concesionales, los más rentables.

Considerado el peaje más caro de España, la historia de esta infraestructura está marcada por el retraso en sus obras y por uno de los mayores escándalos de corrupción de la isla: la adjudicación inicial de la obra al empresario Antoni Cuart, que se terminó probando que mantenía lazos con el por entonces presidente popular de Baleares, Gabriel Cañellas, y el pago de una comisión de 50 millones. Posteriormente, y ante la imposibilidad de Cuart de concluir el proyecto, fue adjudicado a FCC.