Galán encarga a Willis Towers evaluar el exceso de ‘jefes’ de Iberdrola para reducir costes

Ignacio Sánchez Galán presidirá este viernes la junta general de accionistas de Iberdrola, para rendir cuentas sobre el ejercicio 2020, con la tranquilidad de haber cumplido con la mayoría de las expectativas de sus inversores. Pero el presidente de la eléctrica quiere, además, acelerar la consecución de los objetivos del nuevo plan estratégico 2021-2025, retos que pasan, entre otros vectores, por reducir los costes. Para ello, el ingeniero ha contratado los servicios de Willis Towers Watson.

Según han confirmado fuentes oficiales, Iberdrola se ha puesto en manos de esta multinacional estadounidense de los recursos humanos para revisar las funciones que realizan los empleados de la compañía según su categoría. Según fuentes internas, el objetivo de Willis Towers Watson, presente en 45 países y con una plantilla de 140.000 personas, es evaluar el trabajo de los jefes de área y departamento para conocer si los proyectos se pueden hacer con menos recursos. En definitiva, para ajustar los costes, una de las obsesiones de Galán.

Según el último convenio colectivo de Iberdrola, acordado solo con una parte de la representación sindical a finales del pasado año, la compañía eléctrica tiene hasta cinco niveles de empleados: técnicos cualificados, técnicos especialistas, administrativos, auxiliares y profesionales de ocio. Unas categorías a las que se asignan unas ocupaciones en función de su responsabilidad o impacto en los resultados; su dificultad o complejidad; su dificultad para ser delegadas, y la dedicación que requieren. Y a estas ocupaciones se les atribuye un sistema de puntuación con seis niveles.

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La aplicación de esta ecuación da como resultado las retribuciones que cobran los 8.000 empleados de Iberdrola en España, que ahora van a ser evaluados por Willis Towers Watson. La multinacional estadounidense, que a su vez es cliente de la eléctrica, ya que tiene sus sedes en algunos de los edificios propiedad de la compañía energética, está analizando puesto por puesto la plantilla. Este análisis se extenderá a las 38.000 personas del grupo con sede en Bilbao y presencia en 12 países.

La compañía explica que “está realizando una evaluación de puestos de los técnicos cualificados de su organización, no de personas, con el objetivo de homogeneizar las funciones por puesto en la compañía, con carácter global, y atender a las necesidades de desarrollo y carrera profesional individual”. Para Iberdrola, "el proyecto, en ningún caso, está diseñado para mermar las condiciones laborales de los profesionales de la compañía" y persigue "la igualdad retributiva entre hombres y mujeres".

Según el último convenio colectivo, Iberdrola, efectivamente, no puede tocar el salario de sus empleados. Pero en el pacto con algunos de los sindicatos mayoritarios, no se garantizó la seguridad laboral, ya que se evitó firmar la cláusula de garantía de empleo. Al contrario, en el apartado 23, se asegura que "ambas partes asumen los principios generales de la política de empleo, incluidas las posibles reducciones de plantilla como consecuencia de los procesos de reorganización, automatización, eficiencias y mayor especialización del personal, así como las bajas voluntarias individuales o colectivas dentro de los planes que pueda ofrecer la compañía producidas en dicho periodo".

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El convenio agrega que "las partes consideran que la negociación y firma del presente convenio ofrecen la oportunidad de mantener una serie de medidas de políticas de empleo que, sin obstaculizar el logro de las estrategias empresariales de búsqueda de la mayor competitividad y eficiencia, refuercen y consoliden jurídicamente las garantías de las personas trabajadoras de mantener empleos de calidad, estables y con contenidos ocupacionales específicos".

El plan estratégico 2021-2025 prevé unas ganancias netas de 5.000 millones, con un incremento anual de entre el 6% y el 7% y el reparto de un dividendo de hasta 19.000 millones a sus accionistas. Una hoja de ruta que, de cumplirse, supondrá un bonus de al menos 200 millones de euros para la cúpula directiva entre 2020 y 2022, de los que 20 millones le corresponderán a su presidente, Ignacio Sánchez Galán.