400.000 pymes y autónomos han pedido ya más 'oxígeno' con los créditos ICO

Las oficinas bancarias no dan abasto. Como pasó hace un año, el sector financiero afronta durante estas semanas decenas de miles de trámites de las empresas y autónomos afectados por la crisis del covid-19. En torno a 400.000 clientes han solicitado recientemente la ampliación de la línea ICO (Instituto de Crédito Oficial) que recibieron en 2020, según varias entidades consultadas por este medio.

Estas cifras suponen el 40% de las empresas que pidieron estos préstamos en plena pandemia. Las entidades concedieron casi 120.000 millones desde abril del año pasado a 997.000 clientes, de los que el 98% son pymes y autónomos. Estos créditos cuentan con un 76% del aval del Estado. La banca y el ICO pusieron en marcha estas líneas para evitar quiebras por falta de liquidez ante el confinamiento.

Las entidades consultadas esperan que este porcentaje siga creciendo en las próximas semanas, sobre todo tras la aprobación del código de buenas prácticas por parte del Gobierno, en el Consejo de Ministros de este martes.

Los bancos que más créditos ICO concedieron fueron Santander, con casi 31.000 millones, CaixaBank-Bankia, con 22.000 millones, y BBVA y Sabadell, con 12.500 millones cada uno. De media, estas entidades tienen un porcentaje de créditos que han pedido más plazo o carencia del 40%. En el caso de bancos regionales, de antiguas cajas, la banda de porcentajes es más amplia. Algunas se mueven en porcentajes más bajos, de en torno al 10-20%, que se justifican por una menor exposición al turismo, mayor a la gran industria y con mejores criterios de riesgo, y otras se sitúan en el 50%.

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La mayoría de los ICO Liquidez se firmaron inicialmente con un año de carencia —periodo en el que se pagan intereses pero no principal— y cinco de vencimiento. La intensidad de la crisis económica y las nuevas olas del covid hicieron que el Gobierno aprobara a finales del año pasado una posible extensión de los plazos hasta ocho años y uno más de carencia, para las empresas y autónomos que lo solicitaran.

Este es el marco legal que ha habido hasta este martes, cuando el Gobierno ha aprobado la ampliación del vencimiento máximo de los ICO hasta 10 años y la posibilidad de que las empresas y los bancos pacten más de dos años de carencia. Lo hizo dentro del código de buenas prácticas, que se ha aprobado para mantener "la actividad de empresas y autónomos que, sin ellas, estaría amenazada, todo ello sin perturbar la estabilidad financiera". "El reforzamiento del tejido productivo permitirá, por el contrario, alcanzar una situación económica más fuerte, que reducirá, a medio y largo plazo, el riesgo de impago para las entidades financieras", añade. Aun así, el Gobierno estima potenciales pérdidas de 10.000 millones por estos avales, como adelantó este medio.

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La esperanza del Gobierno y los bancos es que estas medidas salven empresas al aliviar su carga financiera en los trimestres más duros, y que el pago de la deuda se retome cuando se recupere la actividad.

Nuevas medidas

El código de buenas prácticas pone sobre la mesa distintas condiciones para que las pymes y autónomos puedan acogerse a las tres ayudas. Para ampliar los vencimientos de los créditos hasta 10 años de forma automática, la facturación de la pyme o el autónomo tendría que haber caído al menos un 30% en 2020 frente a 2019. Junto a ello, no podrá ser ya moroso ni estar en concurso, entre otros factores. En caso de que el desplome de ingresos sea inferior, su aprobación queda a expensas del criterio del banco. Se pueden pedir hasta el 1 de noviembre de este año. Los avales, y por tanto los créditos, se encarecerán entre 20 y 285 puntos básicos en función del plazo de vencimiento.

En el caso de que el cliente bancario quiera convertir el préstamo en participativo, tendrá que cumplir estas condiciones y haber registrado pérdidas después de impuestos en 2020. Son participativos no convertibles en capital, por lo que el Estado y los bancos no entrarán nunca en el accionariado de la entidad.

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Valor Añadido

En el caso de las quitas, también se exige a las empresas haber acabado 2020 en pérdidas y una caída del 30% en los ingresos. Las pymes y autónomos podrán optar a hasta un 50% de condonación vía transferencia. En el caso de que el desplome de facturación sea del 70%, la reestructuración potencial ascenderá al 75%. El límite total de ayudas a recibir por una pyme o autónomo será de 1,8 millones, incluyendo otras subvenciones.

En el caso de las empresas del sector pesquero, esta cifra baja hasta 270.000 euros, y en el de las agrícolas, hasta 225.000 euros. Las quitas totales acabarán cuando se agote el fondo de 3.000 millones dispuesto por el Gobierno, que cubrirán el ICO (2.750 millones), Cersa (150 millones) y Cesce (100 millones).

Las empresas podrán solicitar cualquiera de las tres medidas, o varias a la vez, pero será la entidad la que decida: "El banco seguirá el criterio de seleccionar aquella que mejor se adecue en lo posible a las necesidades de las empresas y autónomos, a la vez que asegure el mejor uso de los recursos públicos".