El Gobierno permitirá alargar los ICO hasta noviembre y pedir quitas hasta 2023

Las quitas del ICO (Instituto de Crédito Oficial) son inminentes. El Gobierno podría aprobar este martes en el consejo de ministros la orden ministerial que regulará el código de buenas prácticas, la letra pequeña pendiente para que se puedan poner en marcha las refinanciaciones y reestructuraciones de la deuda que se concedió a pymes y autónomos hace un año.

En los últimos días, se han discutido los últimos detalles entre el Tesoro y las entidades. 'A priori', el código establecerá que cualquier pyme o autónomo con créditos con aval del ICO —de la línea covid— afectados por la crisis pueda pedir hasta noviembre una ampliación del plazo de su deuda hasta 12 años y la conversión de parte del crédito en un préstamo participativo. En el caso de las quitas, habrá más margen: hasta finales de 2022, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno ultima la orden para las quitas del ICO ante los primeros impagos

Jorge Zuloaga

Este plazo de noviembre no es casual. Una vez se hagan estas solicitudes, los bancos tienen un plazo de 30-45 días para gestionarlas, y todas tienen que estar aprobadas antes de final de año, para ajustarse al marco de ayudas aprobado por Europa.

En el caso de las ampliaciones de plazo, su aprobación será casi un trámite si la empresa cumple una serie de requisitos, como no estar incluida en el listado de morosos y haber perdido un determinado porcentaje de facturación durante la crisis. Por defecto, los préstamos se alargarán siete años; de los cinco iniciales a 12, como adelantó este medio. Los que ya hubieran ampliado el vencimiento a finales del año pasado hasta ocho años, lo harán cuatro más. El préstamo se encarecerá en la misma proporción que lo hacen los avales del ICO para los bancos.

Efecto arrastre

En el caso de los préstamos participativos, la operativa es más complicada. En primer lugar, su aprobación está sujeta a los criterios de riesgos de los bancos. Segundo, los bancos podrán encarecer el tipo de interés, al incrementarse el riesgo al que están expuestos, ya que este tipo de deuda es considerado capital y, por tanto, cobra más tarde en caso de liquidación. Y tercero, su aprobación está sujeta a un quórum del 50% de los bancos en caso de que la empresa o autónomo tenga créditos ICO con más entidades.

El Gobierno quiere evitar que se atasquen, como de costumbre, refinanciaciones de empresas que trabajen con varias entidades. Por ello, con que haya una con un 50% de la deuda o se pongan de acuerdo los bancos con esa exposición, pueden obligar al resto. Es lo que se denomina 'efecto arrastre'.

En el caso de las quitas, este mecanismo se activará con un quórum mayor, del 66%, al ser una medida más sensible con implicaciones económicas más importantes. Tal y como estaba redactado el código de buenas prácticas la semana pasada, cualquier empresa que quiera una condonación de parte de la deuda debe solicitar primero la ampliación del plazo y la conversión en préstamo participativo. "Hay que agotar todas las vías antes de ir a las que suponen desembolso de dinero", exponen fuentes próximas al Ejecutivo.

Las quitas no serán tales formalmente, sino que se harán mediante una transferencia finalista con la que el deudor amortice crédito. Por cada cuatro euros que ponga el Gobierno, los bancos se comprometerán a poner otro, conforme a la proporción media de riesgo que hay en estas líneas: 80% el Estado y 20% las entidades.

Exigente para los bancos

Desde el sector, se advierte de lo exigente que va a ser para las entidades adaptarse al código de buenas prácticas, sobre todo en materia de recuperaciones: "La integración del código de buenas prácticas en los procesos de gestión recuperatoria de las entidades también podría implicar importantes adaptaciones operativas en las entidades. Las reglas del juego cambian y las palancas que tradicionalmente venían aplicando los bancos se ven alteradas por las restricciones derivadas de la adhesión al código", afirma Borja Sánchez, director de la Unidad de Regulación Financiera de PwC.

Otra de las grandes preguntas sobre el código de buenas prácticas es qué porcentaje de quita va a disponer cada empresa. 'A priori', se hará según la caída de ingresos, siempre intentando encajar la ayuda dentro del límite establecido por el marco de ayudas, de 1,8 millones por empresa. Y se podrá acceder a estas ayudas por orden de llegada. Cuando el Gobierno haya llegado a un gasto de 3.000 millones, se cerrará el grifo.